La clínica en cuestión estará provista de pruebas rápidas, kits de sutura, jeringuillas, suministros de oxígeno, vacunas y una pequeña nevera para almacenar...
- 25/11/2025 10:10
El acceso está permitido únicamente a los funcionarios encargados, las partes interesadas, sus abogados o apoderados —incluyendo pasantes debidamente acreditados—.
La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró este martes 25 de noviembre los procedimientos y requisitos que regulan el acceso a expedientes administrativos, informes técnicos y documentación institucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 38 del Código Administrativo.
La entidad recordó que el artículo No. 70 de dicha norma delimita con precisión quiénes pueden examinar expedientes y bajo qué circunstancias, prohibiendo divulgar información confidencial o reservada que pueda afectar el interés público o la honra de las partes involucradas.
El acceso está permitido únicamente a los funcionarios encargados, las partes interesadas, sus abogados o apoderados —incluyendo pasantes debidamente acreditados— siempre que la documentación no esté clasificada como confidencial.
En caso contrario, solo puede ser entregada mediante solicitud formal de la Procuraduría General de la Nación, tribunales u otras autoridades estatales competentes.
En ese contexto, Cirilo Castillo, director de Dinasepi, explicó que cuando se presenta una denuncia por presuntas infracciones de seguridad en edificaciones o instalaciones, la institución “debe recibir y verificar toda la documentación formal necesaria para garantizar el adecuado seguimiento del caso”.
El director enfatizó que los ciudadanos que soliciten copias, informes o certificaciones deben acreditar su condición de parte interesada —como propietarios, arrendatarios o responsables del bien— para que el trámite pueda ser atendido.
“Es un requisito indispensable para preservar el debido proceso y el manejo responsable de la información”, afirmó.
Castillo señaló también que, cuando la información es requerida por fiscalías, despachos judiciales, abogados o autoridades competentes dentro de investigaciones o procesos legales, puede ser necesaria la emisión de certificaciones de autenticidad, siguiendo los procedimientos administrativos vigentes.
La institución reiteró que estos lineamientos buscan garantizar transparencia, seguridad jurídica y el correcto manejo de información sensible dentro de la gestión pública.
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