Solidaridad en Brasil con sindicalistas locales

Actualizado
  • 12/12/2012 01:00
Creado
  • 12/12/2012 01:00
PANAMÁ. La Unión General de Trabajadores de Brasil (UGT) le envió una carta al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la que...

PANAMÁ. La Unión General de Trabajadores de Brasil (UGT) le envió una carta al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la que reiteran su preocupación por lo que consideran una abierta persecución contra la libertad sindical.

Se refieren al llamamiento a juicio de una decena de dirigentes sindicales hace unas semanas.

Según la UGT, esta situación representa una violación de los derechos humanos, en especial el derecho de asociación y sindicalización.

Para el grupo esta situación se convierte en parte de una cadena de confrontación que ha delimitado las relaciones del gobierno de Martinelli con los grupos de trabajadores organizados. Un hecho ‘que ha trascendido las fronteras’, dice la nota y se sustenta en que el país ha sido incluido en la lista de los 25 países con ‘mayor número de violaciones a la libertad sindical’.

La misiva de la central obrera interpreta las acciones del gobierno como una falta de compromiso y disposición del gobierno panameño a cumplir con los acuerdos internacionales sobre los derechos de los trabajadores, implementados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La nota termina expresando su ‘más enérgico repudio’ a las decisiones que, aseguran, ‘violan la libertad sindical’. También manifiesta su ‘solidaridad’ con los dirigentes enjuiciados, al tiempo que pide al gobierno ser coherente con sus compromisos de respeto a los acuerdos internacionales sobre derechos de los trabajadores y derechos humanos.

A comienzos del mes pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción pidió el llamamiento a juicio para nueve dirigentes sindicales que son investigados por supuesto peculado.

Según el expediente, a cargo de la fiscal Elvira Pinzón, se busca determinar una presunta irregularidad del mal manejo de $165 mil 320 provenientes del 5% del seguro educativo de los contribuyentes.

Entre las supuestas anomalías que se investigan está la compra de gasolina, teléfonos móviles y tarjetas de recarga para celular.

Otra de las irregularidades que informaron fuentes del MP es la realización de un seminario en un resort, en donde se detectó que en la lista de asistencia había personas fallecidas que supuestamente recibieron el pago de viáticos.

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados presentó una queja contra la fiscal primera Anticorrupción, ya que la información sobre la investigación contra el sindicato por el supuesto mal uso del seguro educativo fue publicada en los medios de comunicación antes de que los querellados fueran notificados. Además, sostienen que ‘‘la funcionaria adelantó detalles de la investigación’’.

‘ES PERSECUCIÓN’

Rafael Chavarría, uno de los dirigentes investigados, recordó que cuando se registraron las masivas manifestaciones en Bocas del Toro contra la denominada ‘ley chorizo’, se presentó la demanda contra los dirigentes sindicales. ‘Ahora con la crisis de Colón la fiscal primera, Rosa Elvira Pinzón, pide el llamamiento a juicio, a pesar que se había dictado sobreseimiento provisional y de que los dirigentes habían sustentado el informe en la Contraloría General de la República’, dijo.

‘Es una persecución contra los dirigentes sindicales y violación del derecho de sindicalización’, enfatizó Chavarría.

Además de presentar una queja en la Corte por falta a la ética de la fiscal Pinzón, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, la Confederación de Unidad Sindical y la Fundación del Trabajo anunciaron su salida de la comisión tripartita que analiza la libertad sindical y cuya sede está en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

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