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- 27/12/2011 01:00
PANAMÁ.. Hace décadas la Caja de Seguro Social (CSS) es un paciente sentenciado a muerte. Los gobiernos ensayan remedios para darle vida, inyectándole millones de dólares a las partes más afectadas, como el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que registró déficit en 2010 de 150 millones de dólares, sin embargo hay fugas millonarias de recursos.
Parte de los recursos que no ingresan a la institución son los descuentos de las cuotas obrero-patronal que los empresarios no reportan a la CSS. A la fecha suman 134 millones de dólares la morosidad, los intereses y las multas que sin entregar a la Caja. Pero este dinero podría recuperase, empero, hay otros 74 millones de dólares etiquetados como irrecuperables.
Los gremios de trabajadores sostienen que los empresarios morosos han encontrado una estrategia para quedarse con las cuotas sin que se le aplique las sanciones correspondientes.
Pero ¿quiénes son estos morosos?
Para junio de este año, cuando el director general de la CSS, Guillermo Sáez Llorens buscaba las firmas de aprobación de la Ley de Moratoria, 50 empresas le debían $25 millones en concepto de retención de cuotas de trabajadores.
Las sumas adeudadas iban desde 200 mil dólares hasta los nueve millones. Algunos de estos negocios -grandes empresas- han estado en el ojo de la tormenta por otros temas. En la lista está Petaquilla Gold, señalada por los moradores de Coclesito y otros pueblos del área de contaminarles los ríos con sustancias altamente tóxicas como cianuro.
También es parte del listado Seguridad Unida, mencionada en la carta de renuncia del excoodinador Administrativo Judicial de la CSS, Javier Ordinola Bernal. El representante de esta empresa y Sáez Llorens mantienen una estrecha amistad, un vínculo fuerte que cancela procesos penales de cobros a último minuto. Así consta en la denuncia penal por tráfico de influencias que Ordinola Bernal interpuso a Sáez Llorens ante el Ministerio Público. (Listado completo, ver tabla).
Encabeza el listado la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), con una deuda que alcanza los nueve millones de dólares.
LOS MILLONES DETRÁS DE UNA LEY
Cada director de la CSS impulsa su Ley de Moratoria. La iniciativa de Sáez Llorens espera en la Asamblea de Diputados que inicie el periodo ordinario de sesiones el 2 de enero para continuar debatiéndose. Sus cálculos son: de los 134 millones morosos espera cobrar al menos 30 millones.
En medio de las críticas de si se debe o no condonar más de cien millones a los patronos morosos, las opiniones se inclinan más hacia el reforzamiento de una acción de cobro eficiente y que se penalice como dicta la norma a quienes incumplan.
‘Cualquier director, lo primero que hace cuando asume el cargo es pasar una Ley de Moratoria’, dice Mariano Mena, secretario de la Central General de Trabajadores de Panamá.
‘Lo han tomando como una costumbre, retienen la plata, la meten en plazos fijos varios años hasta que venga la moratoria. Con los intereses que les da el banco compran yates y construyen casas lujosas. Eso es un premio a los morosos, pierde el obrero y la CSS y al director no le importa eso, con tal de quedar bien con la parte patronal’, cuestiona el dirigente.
Pero Mariano no es único que piensa así. Gabriel Pascual, dirigente de los pacientes envenenados, califica esta Ley como un saqueo a los fondos de la Caja. Los familiares y enfermos llevamos cinco años pidiendo que le den medicamentos y se contrate especialistas sin que se nos escuche y a estos empresarios los premiarán eliminándole esos millones.
Priscila Vásquez, dirigente de los funcionarios de la CSS, coincide con Mena. ‘Pasar Ley de Moratoria es una práctica de la mayoría de los directores. Siempre nos hemos opuesto porque si el grupo de empresarios honestos paga al día, por qué el resto no. Eso atenta contra las arcas de la institución que demanda de recursos para el mejoramiento de los programas de salud y el pago de las obligaciones’, critica Vásquez.
LOS SEGURIDAD, LOS MÁS GOLPEADOS
Anibal González, dirigente sindical de las empresas de seguridad, plantea que ‘lo más desleal’ no es que se queden con las cuotas de los trabajadores sino que no reporten la cantidad de horas y de obreros que tienen.
‘Sáez Llorens y Marlon de Souza saben de ese juegavivo de los empresarios con el dinero de la Caja y así los premian con una ley que les borra las deudas y no soluciona nada porque al cabo de unos años vuelven a deberle millones sin ir presos porque eso se penaliza’, cuestiona González.
González sostiene que la CSS tiene que comenzar a aplicar las normas. ‘Hay empresas con mil trabajadores y solo reportan quinientos, otras solo reportan cuatro horas y los empleados laboran doce horas diarias. Nos pasó con un trabajador que mataron y cuando fuimos a ver solo le registraban cuatro horas, los perjudicados son los hijos y la esposa de esos trabajadores’.
Por su parte, Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, cuestiona que con las necesidades financieras que arrastra la Caja, condonarle cientos de millones a los empresarios morosos es un atentado en contra de todos los asegurados y los beneficiarios. Pide que se cobre la deuda sin hacer excepciones.
Eladio Fernández, líder de los jubilados independientes, asegura que los morosos no solo son los empresarios. ‘La mayoría de las instituciones del Gobierno no pagan. La Asamblea es la única que yo sé que pagó un millón de dólares que debía y que ya está paz y salvo, pero se sabe que aquí la Caja pie y se rie’.
¿DE QUIÉN FUE LA IDEA?
Marlon de Souza, subdirector de la CSS, asegura que esta Ley de Moratoria no es instrucción del Palacio de las Garzas sino una idea del director general Guillermo Sáez LLorens. El funcionario sostiene que la deuda data de 1970 y estima que los resultados de la cobranza será mejor que las anteriores. ‘Tan pronto se promulgue la ley en la Gaceta Oficial los morosos tendrán seis meses para correr a pagar, lo pueden hacer en varios pagos, pero todo el que no cumpla en ese lapso tendrá que pagar la totalidad: capital, multas, intereses y recargos’.
‘Esto no solo ayuda a la CSS a recuperar el capital sino que también ayuda a esos trabajadores a los que se le han descontado las cuotas, muchos necesitan de esas cuotas para jubilarse’, dice De Souza durante una visita al grupo editorial La Estrella y el Siglo.
Con el historial rojo del pago de las cuotas obrero-patronal, De Souza le da un voto de confianza a los morosos, al tiempo que los trabajadores se preguntan: ¿Será que esta vez si pagarán?