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- 13/02/2011 01:00
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PANAMÁ. Aunque Panamá cuenta con una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, pocas son las personas que conocen o podrían poner en práctica exitosamente los protocolos y procedimientos pertinentes ante una emergencia; y por la palabra ‘seguridad’, el común de la población entiende la erradicación del hampa, entonces: ¿están los panameños preparados para enfrentar emergencias?
Según Rafael Carles, especialista en Seguridad con énfasis en Ambientes Laborales de Alta Peligrosidad, todavía estamos muy lejos de lograr un estado ideal con respecto al tema. ‘Hay cualquier cantidad de normas, pero las normas son tan buenas como su fiscalización y aquí nadie fiscaliza absolutamente nada y no hay personal idóneo ni voluntad de fiscalización’.
Explicó que indistintamente del tamaño de las empresas y las infraestructuras, todas deberían contar con planes de seguridad, a fin de preservar el recurso más valioso que poseen: el capital humano. ‘Aquí hay edificios que autorizan el plano, conceden los permisos de ocupación y prácticamente el edificio ya está operando, pero no tiene un plan de seguridad, no tienen mecanismos de contingencia. Los bomberos, en muchas de las instancias, no conocen las instalaciones, ni Sinaproc’, lamentó.
Sin vacilación, Carles enfatizó en que debe haber más divulgación y formación en prevención, ya que de este modo se disminuyen los riesgos, así como los costos de atención que provocan las calamidades y emergencias. ‘Un ciudadano informado en materia de seguridad es un ciudadano que tiene mayores posibilidades de enfrentar un percance o una emergencia y generalmente es más económico ejecutar un plan de seguridad que no hacer nada’, destaca.
¿PANAMÁ, UN PAÍS PREPARADO?
El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Arturo Alvarado, no opina igual que Rafael Carles y aseguró sentirse muy orgulloso de los avances que en materia de seguridad se han dando en los últimos 18 meses bajo su gestión, a pesar de que luego calificó con un reducido 4 (en escala de 1 al 10), la existencia o no en el país de una cultura de seguridad y prevención.
El principal responsable en materia de gestión del riesgo y atención de desastres en Panamá recordó que cuando en 1999 se inició —también bajo su administración— la confección del primer plan de emergencia nacional del país, se elaboraron en ese entonces los protocolos correspondientes, se ensayaron y validaron. Ahora, una década más tarde, desde finales del año pasado, provincia por provincia se están revisando dichos protocolos y los ejercicios ya se han llevado a cabo —en su opinión— satisfactoriamente en las provincias de Chiriquí y Veraguas. No obstante, hace tan sólo poco más de una semana, cuando tembló una madrugada en el llamado Valle de la Luna cundió el pánico entre los chiricanos... ¡meto!
En lo que Alvarado sí coincidió con Carles es en destacar la necesidad de intensificar la divulgación para crear consciencia en la población sobre la preparación ante emergencias, al igual que en fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las normas existentes en materia de seguridad y prevención de desastres. ‘Ojalá yo pudiera tener suficiente dinero para poner una campaña en televisión, radio y todos los periódicos’, reconoció el director de Sinaproc.
Alvarado aclaró que mediante una campañas de divulgación el objetivo no sería provocar la zozobra en la población, pero sí promover una mayor atención a los avisos y alertas que emiten las autoridades, así como para fomentar la creación de una conciencia en la población en materia de seguridad. ‘Hay que recordar que cada ciudadano es responsable del primer eslabón de su seguridad; nosotros, las autoridades, seríamos los segundos. Las personas deben poner de su parte’, subrayó.
POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
El 30 de diciembre pasado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, firmaron el Decreto Ejecutivo No. 1101, por el cual se aprueba la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PNGIRD), con el objetivo de brindar al Estado panameño y a sus instituciones un marco guía para desarrollar una gestión integrada del riesgo asociado al impacto de amenazas naturales y amenazas tecnológicas a través de un enfoque sistémico e integral de reducción de la vulnerabilidad y fomento de la prevención, mitigación y respuesta efectiva ante desastres.
Entre sus ejes estratégicos se consideran aspectos como la reducción del riesgo y la inversión para el desarrollo económico sostenible, la compensación social para reducir la vulnerabilidad, la gestión de los desastres y la recuperación, e incluso hasta el medio ambiente y el cambio climático.
Para desarrollar esta política, los distintos ministerios del sector público, sociedad civil y sector privado incorporarán en sus respectivas estrategias y políticas institucionales el enfoque de gestión integral de riesgo de desastres. Pero por el momento no son muchos los que ya están avanzando en este sentido y tampoco se cuentan con verdaderos instrumentos de fiscalización.