Clan del Golfo en Panamá: operación Fisher deja 84 condenas y millonarias incautaciones

La operación Fisher dejó un balance de 84 sentencias condenatorias y millones de dólares en efectivo incautados, como resultado de las investigaciones contra la estructura que funcionaba como brazo logístico del Clan del Golfo en Panamá, dedicada presuntamente a coordinar operaciones de narcotráfico y blanquear capitales, así lo reveló la Procuraduría General de la Nación.

Entre los principales resultados figuran el hallazgo de casi $10 millones ocultos en caletas, la inmovilización de fondos en cuentas bancarias y el decomiso de bienes inmuebles, automóviles y embarcaciones vinculados a la organización criminal.

El proceso judicial también permitió imponer penas de hasta 24 años de prisión a uno de los principales responsables de la estructura, mientras que otros integrantes recibieron condenas de 20, 13 y entre 4 y 10 años de cárcel, según el nivel de participación atribuido a cada uno.

Uno de los principales resultados económicos de la operación Fisher fue la incautación de $9,979,648 en efectivo, encontrados en depósitos ocultos utilizados por la organización para guardar dinero presuntamente procedente de actividades ilícitas.

A esta cantidad se suman $602,048 inmovilizados en cuentas bancarias y otros $98,088.48 decomisados durante diligencias de allanamiento.

En conjunto, los montos reportados en efectivo y fondos bancarios ascienden a $10,679,785, sin incluir el valor de los bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones incautados.

Las autoridades también reportaron la incautación de 14 casas, valoradas en aproximadamente $3.58 millones, y 27 automóviles cuyo avalúo institucional se estima entre $400,000 y $500,000.

A estos bienes se suman siete botes y embarcaciones retenidos durante las diligencias.

Condenas de hasta 24 años de prisión

En el ámbito judicial, la Operación Fisher culminó con 84 sentencias condenatorias contra personas vinculadas a la estructura investigada.

Las penas impuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

24 años de prisión: una persona identificada como el principal cabecilla.

20 años de prisión: dos personas consideradas integrantes de la segunda línea de mando.

13 años de prisión: tres personas vinculadas al nivel operativo intermedio.

Entre 4 y 10 años de prisión: otras 62 personas, con penas diferenciadas según los casos.

Las cifras detalladas en el balance suman 68 personas, por lo que no permiten establecer la distribución de las condenas correspondientes a las otras 16 sentencias.

Las investigaciones identificaron propiedades de lujo en un residencial exclusivo de Panamá Oeste que, de acuerdo con el balance del caso, eran utilizadas como centros de coordinación y almacenamiento de dinero.

En esas residencias se mantenían caletas para ocultar efectivo y se realizaban reuniones entre integrantes de la organización. También servían como puntos para entregar y retirar grandes sumas de dinero.

Para introducir los fondos al sistema financiero, la red habría recurrido a transferencias fraccionadas por debajo de los $10,000, cuentas de intermediarios, prestanombres y sociedades anónimas sin operaciones comerciales reales.

Otro de los mecanismos identificados fue el uso de una empresa pesquera que contaba con cuatro buques, presuntamente empleada para encubrir ingresos provenientes del narcotráfico. La estructura también habría adquirido vehículos de alta gama para sus principales integrantes.

Los movimientos de dinero, caracterizados por entradas y salidas rápidas de fondos, generaron alertas mediante reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero.

Los resultados de la operación abarcan tanto las condenas de los involucrados como la afectación patrimonial de la red investigada.

El efectivo incautado, los fondos bancarios inmovilizados y los bienes decomisados constituyen los principales activos identificados durante las diligencias contra la estructura que operaba en Panamá.

El balance económico supera los $14.6 millones si se suman el efectivo, los fondos bancarios inmovilizados, las 14 propiedades y el valor estimado de los 27 automóviles, sin asignar una valoración a las siete embarcaciones.

Esta cifra corresponde a la suma de los montos reportados y no necesariamente representa dinero recuperado definitivamente por el Estado, ya que la situación jurídica de los activos —incluida su eventual comiso definitivo— debe distinguirse de su incautación o inmovilización.

La operación se centró en desarticular la red logística y financiera que facilitaba las actividades del Clan del Golfo en territorio panameño, mediante el procesamiento judicial de sus integrantes y la identificación de los recursos utilizados para sostener sus operaciones.