Quijano culpa a asesores del error

PANAMÁ. ‘Se cometió un error en este contrato’. Con esa frase empezó el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ricardo Quijano, una entrevista con La Estrella.

Luego amplió: fue un ‘error involuntario’. El ministro se refiere al contrato de concesión para la explotación de piedra de cantera a la empresa Cantera del Istmo que él firmó por 501 hectáreas en Cerro Cabra, del corregimiento de Veracruz, aunque el estudio de impacto ambiental, que aprobó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), solo dice 72 hectáreas.

Si bien es cierto la empresa solicitó 501 hectáreas, la ANAM en el estudio de impacto ambiental solo otorgó 72 hectáreas. Hubo una falla en la Dirección de Recursos Minerales y en la Dirección de Asesoría Legal del MICI que no se percataron de la restricción de la ANAM, explicó Quijano.

Y siguió: ‘de mis asesores personales’, que no revisaron bien el expediente porque el Artículo 1 de la resolución de la ANAM, que aprueba el estudio de impacto ambiental, dice textualmente que de las 501 hectáreas solicitadas solo se explotará 72 hectáreas.

Ayer mismo la Resolución 73 del 3 de Julio del Consejo de Gabinete corrigió el error y fijó el área de extracción en las 72 hectáreas que autorizó la ANAM.

DE SANCIONES Y DEMANDAS

El ministro evalúa si aplicará o no sanciones a los funcionarios del MICI que no se percataron de lo que decía el estudio de impacto ambiental.

Eso sí, lo que pasó ‘nos pone en alerta para tener más cuidado en los procesos para minimizar los errores’.

Para el abogado Víctor Martínez, el error ya se cometió y reiteró que interpondrá acciones legales en contra del ministro Quijano y el equipo del MICI.

Por el momento, mañana presentará ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dos demandas de nulidad: una en contra de la resolución de la ANAM, mediante el cual se aprobó el estudio de impacto ambiental, y la otra en contra del contrato que otorgó el MICI.

La demanda en contra de la resolución de la ANAM, explicó Martínez, es por incumplimiento a la Ley 6 de 2002, mejor conocida como ley de transparencia, en vista de que no se realizó consulta ciudadana para la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Las acciones legales de Martínez serán en representación de los residentes de Veracruz, que rechazan la instalación de la cantera en Cerro Cabra por los posibles daños ambientales y a los moradores de la zona.

Edgar Chacón, vocero de Cantera del Istmo, explicó que la explotación se realizará a 80 kilómetros de la casa más próxima al área.

Sin embargo, la empresa y el Ministerio de Comercio enfrentan otro escollo. La Alcaldía de Arraijan declaró Cerro Cabra como área protegida en medio del proceso de concesión.

Quijano aclaró ayer que aunque se haga la corrección sobre el número de hectáreas en el contrato, la empresa deberá contar con los permisos alcaldicios para iniciar operaciones.

A la Alcaldía de Arraiján le tocará negociar el tema con los moradores y si se oponen, habrá que evaluar el contrato de concesión.