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Debate sobre la corrupción revive en Panamá: proponen inhabilitación definitiva a empresas sancionadas
- 14/10/2025 11:22
Palacios promueve una reforma para impedir que empresas con condenas por corrupción vuelvan a participar en licitaciones públicas en Panamá.
Los casos de corrupción vinculados a grandes empresas contratistas en Panamá siguen generando debate sobre la necesidad de reforzar las normas de inhabilitación en la contratación pública.
Los nombres se repiten una y otra vez en las investigaciones judiciales: Odebrecht, FCC, Finmeccanica y Meco, compañías que han sido señaladas —y en algunos casos condenadas— por presuntas prácticas corruptas.
Odebrecht: el símbolo de una trama continental
La constructora brasileña reconoció haber pagado sobornos en Panamá y otros países para asegurar contratos de infraestructura. En el país, el caso abarcó a 26 personas imputadas por blanqueo de capitales, entre ellas expresidentes, exministros y empresarios. Pese a los fallos judiciales y acuerdos de colaboración, la empresa continuó participando en proyectos de obra pública bajo distintas razones sociales.
Meco: de Costa Rica a Panamá
La constructora costarricense Meco fue señalada por presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos y por su participación en redes de corrupción vinculadas a obras estatales.
En Panamá, la empresa fue mencionada en investigaciones sobre sobreprecios y contratos obtenidos mediante favores políticos. En Costa Rica, su expresidente Carlos Cerdas enfrenta procesos judiciales por casos similares.
FCC y Finmeccanica: la conexión europea
La empresa española FCC ha aparecido en declaraciones de testigos y exfuncionarios panameños que colaboraron con la justicia, señalándola por supuestas prácticas de soborno y manipulación de licitaciones públicas.
Por su parte, el conglomerado italiano Finmeccanica protagonizó uno de los escándalos más recordados durante la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli, con la compra de radares y helicópteros que costaron millones al Estado, pero que nunca operaron conforme a lo pactado. El caso derivó en investigaciones judiciales tanto en Panamá como en Italia.
El anteproyecto de Palacios: un nuevo debate sobre la inhabilitación
El diputado de la bancada Vamos, Augusto Tuto Palacios, presentará este 15 de octubre un anteproyecto de ley que busca fortalecer la inhabilitación permanente de empresas condenadas por corrupción y cerrar las lagunas legales que hoy les permiten seguir contratando sin sanción efectiva.
“Hoy día, una empresa que confiesa haber cometido actos de corrupción puede seguir contratando con el Estado si llega a un acuerdo eficaz. Ni siquiera es inhabilitada un solo día”, señaló Palacios en entrevista con TVN Noticias.
El diputado explicó que su propuesta modifica la Ley No. 22 de 2006 de Contrataciones Públicas para impedir que las empresas condenadas por corrupción o soborno vuelvan a participar en licitaciones, aun cuando hayan alcanzado acuerdos judiciales.
“Lo que buscamos es fortalecer el impedimento para contratar con el Estado de las empresas condenadas por corrupción. No es un proyecto de bancada, es un proyecto país”, afirmó.
Palacios también subrayó que las contrataciones públicas representan cerca del 25% del gasto del Estado y que la corrupción incrementa en ese mismo porcentaje el costo de las obras y servicios, afectando directamente los recursos nacionales.
Primer debate y llamado a la sociedad civil
El anteproyecto será discutido este miércoles 15 de octubre en primer debate ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, en el auditorio Carlos Titi Alvarado.
Palacios hizo un llamado a las organizaciones de transparencia, fundaciones anticorrupción y sociedad civil a acompañar la discusión legislativa.
“Este es un tema de probidad y confianza. Como Estado, tenemos el derecho de decidir quién entra a nuestra casa a contratar. El que haya robado, no puede volver a hacerlo”, afirmó el funcionario.
La iniciativa, que ya enfrentó resistencia en intentos previos dentro del Legislativo, busca finalmente elevar el estándar de transparencia en Panamá y evitar que las empresas señaladas por corrupción sigan beneficiándose de fondos públicos.
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