Defensoría investiga bloqueo de comunicación en Bocas del Toro tras reportes de La Estrella

La Defensoría del Pueblo confirmó que inició una investigación de oficio sobre la orden del Gobierno que bloqueó las comunicaciones en la provincia de Bocas del Toro, en medio de las protestas nacionales contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Así lo confirmó este jueves el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, durante la presentación del informe preliminar de la entidad tras la declaración del estado de urgencia en Bocas del Toro, donde advirtió de indicios de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los estamentos de seguridad contra la población.

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó el pasado 20 de junio, a las empresas de comunicación privada, suspender los servicios de Internet y telefonía celular, dejando a más de todo Bocas del Toro incomunicada, unas 159 mil personas. Ese mismo día, el gobierno decretó un estado de urgencia en la provincia tras incidentes de saqueos en la ciudad de Changuinola por encapuchados desconocidos y en momentos que la ciudad tenía importante presencia de la fuerza pública, que se mantuvo acuartelada como La Estrella de Panamá pudo atestiguar durante la cobertura que realizó los días que el decreto entró en vigencia.

El estado de urgencia suspendió garantías constitucionales como la libertad de reunión, el habeas corpus, la inviolabilidad personal y del domicilio, así como la posibilidad de ser detenido sin orden judicial.

Ambas medidas coincidieron con un despliegue policía masivo que desarrolló la fuerza pública a lo largo de toda la provincia desde el 14 de junio, bajo el nombre de operación “Omega” y que ahora se encuentra en investigación tras denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.

Leblanc explicó que se trata de una investigación que surgió luego de los reportes de La Estrella de Panamá, uno de los únicos medios que se encontraba cubriendo en el terreno lo que ocurría en la provincia bajo el estado de urgencia, y en el que se detalló sobre afectaciones a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo tras la desconexión.

Este medio conoció que, como parte de la investigación, se solicitó a la ASEP determinar cuáles fueron los parámetros que utilizó para suspender las comunicaciones y el alcance de esto, tomando en cuenta que se estaría ante restricciones sobre garantías fundamentales.

Según las autoridades, desde que inició la operación “Omega” hubo más de 400 detenidos hombres, mujeres y menores de edad-, de los cuales 186 han sido entrevistados por la Defensoría, quienes indicaron que sufrieron tratos inhumanos, negación de atención médica y detenciones arbitrarias.

También se encuentran bajo investigación la muerte de un joven que recibió un disparo por la espalda y una niña de 1 año asfixiada por gases lacrimógenos, según denunció las Aldeas Infantiles SOS. Los abogados de los detenidos incluso hablan de posibles abusos sexuales y obstáculos para el acceso a la justicia para algunos de los detenidos.Mulino que frente a la huelga y protestas que cumplen más de 71 días, ha dicho que no revisará la ley y atribuye el descontento a “infiltraciones de la izquierda”, mientras que el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró que existe participación de “pandillas”; sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas de ello.

Esta sería la segunda vez que se suspenden comunicaciones en contexto de protestas desde el fin del régimen militar en 1989. La primera vez ocurrió en el marco de las protestas de 2012 en la región de Tolé, Viguí y Horconcitos (Chiriquí); siendo ministro de Seguridad, Mulino, en el gobierno de Ricardo Martinelli. Una decisión que fue declarada inconstitucional en 2015 por la Corte Suprema de Justicia.