Defensoría del Pueblo no ha podido comprobar denuncias sobre supuestas esterilizaciones forzadas

En un informe de 30 páginas la entidad indicó que en la investigación no hubo prácticas de esterilizaciones sin consentimiento, por parte del personal de la CSS o del Minsa
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, presentó un informe de 30 páginas sobre el caso.

La Defensoría del Pueblo informó este martes que no encontró elementos concluyentes sobre las denuncias de supuestas esterilizaciones forzadas a mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava y comunidades indígenas adyacentes de la provincia de Bocas del Toro.

La entidad buscaba si hubo una posible vulneración al derecho a la salud, dignidad humana y el derecho de petición contra las mujeres de comunidades.

La Defensoría indicó en un informe de 30 páginas que en la investigación no hubo prácticas de esterilizaciones sin consentimiento, por parte de funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (Minsa).

“Comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo activó en el mes de febrero una comisión especial para llegar a la realidad material, trasladándose con un equipo interdisciplinario a Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro, a investigar los hechos denunciados”, dijo la entidad en un comunicado.

Durante la investigación, apuntó la Defensoría, esta hizo llamados “reiterativos” ofreciendo servicio de exámenes de ultrasonido para corroborar la práctica de procedimientos de salpingectomía, pero “hasta la fecha no ha acudido ninguna mujer para recibir dicha atención”.

“Según respuesta de las instituciones de salud, los procedimientos de salpingectomía realizados de 2019 a 2021, en los dos casos de mujeres procedentes de la comunidad de Charco La Pava, hubo consentimiento informado, de acuerdo con la firma estampada de las mismas”, puntualizó la Defensoría.

La entidad instó al Minsa y la CSS a realizar jornadas de consejerías comunitarias a mujeres originarias, incluyendo a las de la etnia Ngäbe Buglé, para “explicarles en qué consiste el procedimiento de salpingectomía y sus efectos irreversibles”.

La investigación surgió luego de que en febrero pasado la diputada suplente por libre postulación Walkiria Chandler denunciara las supuestas esterilizaciones ante la subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

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