Desalojo por la línea 3 del Metro llega a la CIDH

La construcción de la línea 3 del Metro de Panamá enfrenta una medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un desalojo. Se trata del reclamo de Gladis Delgado de Santamaría que, aunque no se opone a salir de su propiedad, alega que sus derechos no están garantizados en su totalidad para abandonar su vivienda en Cerro Silvestre de Arraiján.

El pasado martes 6 de diciembre fue la última fecha que dio el Metro de Panamá para el desalojo de Delgado de Santamaría; sin embargo, hasta ayer se negaba a salir de la propiedad que mide 4.685 metros cuadrados y ocupa desde hace más de 40 años. El terreno está en una finca que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial expropió mediante el Decreto Ejecutivo 400 del 12 de noviembre de 2020, a favor del Banco Hipotecario para legalizar los asentamientos comunitarios por antigüedad ubicados en la zona.

Delgado de Santamaría explicó que antes de que el Ejecutivo expropiara los terrenos, había iniciado el proceso de titulación que se interrumpió por la pandemia, y después desistió del proceso luego de que se emitiera el Decreto Ejecutivo 400.

En medio de esto, la construcción de la línea 3 del Metro avanzaba y, ahora, Delgado de Santamaría deberá abandonar la propiedad.

El conflicto surge porque Delgado de Santamaría reclama el pago por la totalidad del terreno, pero el Metro de Panamá aduce que solo el área donde está construida la vivienda es la que se verá afectada por la megaobra.

“El Metro de Panamá solo compensará la estructura o mejora donde usted reside, de acuerdo con el valor promedio de los avalúos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, no considerándose la compra de franja de terreno dado que, como se ha dicho, no son afectadas”, señaló la entidad en una carta enviada a Delgado de Santamaría el pasado 23 de noviembre.

En la misiva, el Metro de Panamá pidió a Delgado de Santamaría desalojar la vivienda el 6 de diciembre. El viernes 2 de diciembre se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la medida cautelar en la que Delgado de Santamaría alega que “la inseguridad en la tenencia de la tierra que ocupa por mas de 40 años ha ocasionado que el Estado de Panamá utilice ese argumento para iniciar un proceso de desalojo sin las debidas garantías legales...”.

Delgado de Santamaría se queja, además, de que el Banco Hipotecario Nacional no ha iniciado el proceso de adjudicación para regular la tierra y así cumplir con el derecho de propiedad. En esta situación no solo está Delgado de Santamaría, una señora de 70 años, sino otros residentes de la zona que están en la finca que el Ministerio de Vivienda expropió a favor de la entidad bancaria estatal.

Delgado de Santamaría consideró que la no adjudicación de los títulos de propiedad viola la seguridad jurídica de las personas que han habitado en la zona por décadas.