Descentralización en crisis: solo 4 de cada 10 dólares llegan a su destino

Las fiestas patrias dejaron tras de sí un clima de molestia entre los gobiernos locales. Varios alcaldes aprovecharon la ocasión para exigir al Gobierno Central el cumplimiento de la Ley de Descentralización y el desembolso completo del dinero proveniente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un recurso esencial para financiar obras comunitarias.

El primero en alzar la voz fue el alcalde de Colón, seguido por sus homólogos de Panamá y Los Santos, hasta que el reclamo se transformó en un frente común de alcaldes de todo el país.

Debemos recordar que el tema no es nuevo. En julio de 2024, los jefes municipales de San Miguelito, David y Los Santos, en una carta, reiteraron su exigencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtiendo que los municipios cada año reciben menos fondos.

La preocupación aumentó cuando el presupuesto de la vigencia fiscal 2026 confirmó que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) solo recibirá el 31% de lo recaudado.

Durante la vista presupuestaria de la AND en la Asamblea Nacional, celebrada en octubre, la directora Roxana Méndez expuso la creciente brecha entre lo recaudado y lo efectivamente transferido.

Según explicó, el MEF mantiene un rezago estructural en las asignaciones del IBI, a pesar de que la ley ordena transferir la totalidad de los fondos.

“El estimado de recaudación según dice la ley es de $196 millones, pero el MEF nos recomienda $83 millones”, denunció Méndez, recordando que la Ley 37 de Descentralización —modificada por la Ley 66— establece que todo lo recaudado debe destinarse a los gobiernos locales.

Los datos oficiales, según la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal publicada en Gaceta Oficial, muestran una tendencia descendente. En 2021 los municipios recibieron el 93% de lo recaudado; en 2024, el porcentaje se redujo al 35%; y para 2026 apenas alcanzará el 31%.

En 2024, el MEF transfirió $70 millones de los $201 millones recaudados, y para 2025 la asignación subió a $83 millones, aunque los ingresos superaron los $211 millones.

Durante la sustentación del presupuesto, el MEF se defendió. La Dirección de Presupuesto, defendió que las asignaciones se calculan con base en estimaciones previas y dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, lo que impide transferir la totalidad de los fondos.

“Estamos limitados por la situación económica del país, que impide entregar todos los fondos a la autoridad de descentralización”, sostuvieron.

Se explicó que la caída de los ingresos tributarios —más de 830 millones de dólares en 2024— obligó al Estado a mantener proyecciones conservadoras. Aunque reconocieron que existe una deuda con la AND, reiteró que el MEF debe actuar conforme a los techos de gasto disponibles.

Los diputados ya venían advirtiendo la situación en la Comisión de Presupuesto.

Neftalí Zamora, diputado por la colación Vamos, calificó la práctica del MEF como una violación al espíritu de la ley: “Se recolectaron 200 millones y se entregaron 70. Esa diferencia no responde al propósito de la descentralización. Si se estima poco, se entrega poco. ¿Tenemos que cambiar la norma para que comprendan que deben asignar lo recaudado y no lo estimado?”, cuestionó.

En la misma línea, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson advirtió que la falta de fondos podría poner en riesgo incluso la existencia de la Autoridad Nacional de Descentralización, creada precisamente para garantizar la transferencia equitativa de los recursos.

La descentralización nació con la promesa de acercar las decisiones del Estado a la ciudadanía. Su espíritu es trasladar funciones públicas al nivel de gobierno más cercano, en un marco que fomente la democracia, la eficiencia económica y el diálogo entre los sectores público y privado.

En teoría, debía fortalecer la capacidad de los territorios, mejorar la prestación de los servicios básicos y agilizar la gestión local, garantizando un uso más transparente y eficaz de los recursos públicos.

Sin embargo, la realidad dista de ese ideal. De los 81 municipios que conforman el país, 64 dependen de subsidios estatales para sostener su funcionamiento.