Diógenes Sánchez defiende la huelga en la educación: ‘No es un servicio esencial, según la OIT’

El dirigente magisterial Diógenes Sánchez recordó este lunes 21 de julio que, según los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la educación no está catalogada como un servicio esencial, a diferencia de áreas como la salud o la seguridad. Esto significa, explicó, que los trabajadores del sector educativo tienen derecho a ejercer huelga, incluso si su marco normativo local aún no ha sido reglamentado.

“La OIT establece claramente que el servicio educativo no es esencial, y eso nos respalda para ejercer un derecho constitucional como lo es la huelga”, afirmó Sánchez en entrevista con TVN Noticias. “El hecho de que no esté reglamentado no impide su ejercicio”, agregó.

Sánchez citó además al exprocurador de la Administración, Rigoberto González, quien —según el dirigente— ha reconocido en dictámenes previos que el derecho a huelga en Panamá es inalienable y amparado por tratados internacionales. A pesar de esto, más de 120 docentes están siendo sancionados por el Ministerio de Educación (Meduca) tras participar en la paralización de clases que duró 82 días.

Sánchez denunció que el Meduca ha iniciado procesos disciplinarios sin respetar el debido proceso, en muchos casos notificando sanciones antes de que los educadores pudieran presentar recursos de reconsideración. “Hay decisiones que ya estaban tomadas. En algunos colegios ni siquiera habían presentado los recursos y ya estaban colgados los edictos con la negación”, dijo.

En el caso del Instituto José Dolores Moscote, 43 docentes han sido sancionados, siendo el plantel más afectado del país. El dirigente afirmó que el artículo 161 de la Ley 285, que contempla sanciones por maltrato físico, emocional o abuso sexual, está siendo utilizado de manera arbitraria.

“Nos aplican una norma para delitos graves cuando no hemos estado ni presentes en los colegios desde abril. No hay una sola prueba ni denuncia de padres de familia”, denunció Sánchez.

Según el dirigente, los directores de escuelas no tienen autonomía para decidir las sanciones, ya que están recibiendo instrucciones directas de asesoría legal del Meduca y de las direcciones regionales.

“Los directores están sitiados por asesoría legal. No hay libertad para decidir”, aseguró. “Todo está estandarizado: el formato de sanción es el mismo en Chiriquí, en Panamá y en otros planteles”.

Sánchez también denunció que docentes han sido impedidos de entrar a los colegios, incluso para buscar documentos personales, y que existe una intención política detrás de las sanciones. “Hay una decisión clara de castigar a los que participaron de la huelga”, sostuvo.

A pesar de que el gobierno sostiene que no existe regulación específica del derecho a huelga para el sector oficial, Sánchez argumenta que el artículo 69 de la Constitución y los convenios de la OIT son suficientes para garantizar ese derecho. También cuestionó que el Meduca intente declarar unilateralmente la ilegalidad de la huelga.

“Solo la Corte Suprema puede declarar si una huelga es legal o no. No es competencia del Meduca”, recordó. “Hay un fallo de 1994 que respalda este principio”, añadió.

El dirigente explicó que el sistema actual convierte al Meduca en juez y parte: “Ellos investigan, ellos sancionan, ellos niegan los recursos y ahora dicen que no tenemos derecho a apelar porque ya agotamos la vía gubernativa”.

“Si realmente la ministra quisiera evitar más pérdidas de clases, permitiría nuestro regreso y dejaría que los procesos administrativos siguieran su curso”, declaró.

Sánchez concluyó que las sanciones son parte de una decisión política del gobierno, agravada por el vacío legal que existe sobre el derecho a huelga en el sector docente.

“Lo que pedimos es que se respete el debido proceso y que no se utilice el aparato institucional para castigar”, sentenció.