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Un emblemático caso de corrupción y el papel de las autoridades panameñas
- 16/10/2020 00:00
- 16/10/2020 00:00


El resultado del trabajo realizado por el Ministerio Público es altamente cuestionable, en comparación con países latinoamericanos que exhiben resultados efectivos de acuerdos de pena o delación, condenas y recuperación de activos a favor de sus países. En Panamá, el tiempo de inicio de la investigación fue tardío, el acuerdo con Odebrecht irrisorio, con incumplimiento de términos legales, carencia de objetividad, reservas, y hasta ocultamiento del sumario que genera suspicacia, ausencia de información a los ciudadanos, entre otras, y ponen de manifiesto el trabajo ineficiente que apunta al Ministerio Público.
Ninguna. Primero, la cantidad de recursos pendientes de pronunciamiento oportuno paralizan el proceso. Segundo, los resultados de investigaciones de alto perfil cuyos procesos siguen cuestionados por fallos que no atienden el fondo de la investigación, es decir, luego de un juicio público la declaratoria de inocencia o culpabilidad, que son resueltos basados en incidencias, formalidades o desatención a garantías, me dicen que este será uno más de los que generan la desconfianza de la sociedad hacia el trabajo realizado por el Ministerio Público y la administración de justicia.
Sí, puede haberse producido el rompimiento procesal, para optimizar la investigación y perfilar investigados, evitando masificar a los investigados que han sido incluidos en diferentes tiempos de la investigación. Sigo pensando que el Ministerio Público requiere de una reingeniería profunda, con gerencia de gestión que optimice sus recursos y esfuerzos. Una investigación con imputados o procesados en un número que supere lo razonablemente atendible, no produce resultados efectivos. Hay investigaciones como la de indemnizaciones de buses diablos rojos, que tienen 500 o más imputados, incluyendo ancianas cuyos nombres sus hijos usaron, eso no tiene sentido alguno. El Ministerio Público mantiene un diseño funcional de tres décadas atrás.
Antes dije que hubo falta de objetividad, agrego, hubo sesgo por intereses. Son situaciones que llevan al país a la inclusión de listas grises y negras, por causa de la corrupción e impunidad. El sistema debe presumir y reconocer el estado democrático de inocencia de todos, el Ministerio Público desarrollar la investigación objetiva e imparcial, el juzgamiento independiente imparcial, público, conforme a derecho, todo sujeto a garantías fundamentales. Pero no es lo que sucede. Estamos inmersos en asuntos de otra inspiración y naturaleza.
Reveló profundas carencias en nuestras instituciones, en la cara de los panameños y exhibidas al mundo entero. Los panameños en su inmensa mayoría no tienen confianza en la administración pública, la reconocen como corrupta, y dudan del sistema de justicia al restarle objetividad e imparcialidad en sus actuaciones. Cuando los ciudadanos dejan de creer en sus instituciones la reacción es predecible, solo es cuestión de tiempo. Los políticos tradicionales consumen sus propias maniobras como “genialidades”, ignorando el profundo daño que se le hace al país y el resentimiento que acumulan. Es una pena lo que registran estos hechos y una muy peligrosa suerte la construyen.

Un trabajo limitado, como lo son sus recursos y su propia estructura de funcionamiento; el caso nunca tuvo el tratamiento de emblemático, nunca se fortalecieron las capacidades de toda la justicia en general, así como el entendimiento de hechos y circunstancias que no estaban únicamente ligadas a complejas situaciones empresariales, sino al funcionamiento de la política panameña. El poder político nunca tuvo la voluntad de robustecer al Ministerio Público, porque nunca le ha interesado la justicia.
Ninguna, el caso gravita en una serie de deficiencias estructurales de la justicia y la confusión deliberada de independencia judicial con abandono. Pero no perdamos de vista que la culpa de esto no es de los operadores de justicia, es del poder político que no hizo nada para cambiarlo. Pero advierto que si la sociedad cree que el caso Odebrecht es la investigación, no se percata de que todo este tiempo ha estado en debate es el funcionamiento de los partidos políticos, que no movieron un dedo para transformar los cuestionamientos de fondo; es el modelo político panameño el que aparece como culpable y eso no necesita el pronunciamiento de un juez.
No se puede, son temas decididos que ya no tienen segundas o terceras interpretaciones; crear falsas expectativas es jugar con la inteligencia de la sociedad.
Reafirmo lo expuesto, el modelo político siguió operando, mientras tanto, cuando usted tiene un Ministerio Público limitado en recursos económicos y personal dedicado a una investigación de tales dimensiones y complejidades, la selectividad de enfocar esos recursos en una línea de tiempo es inevitable, y más cuando el poder político de turno se empeña en tener conocimiento y resultado de esa línea de tiempo. Aquí se reflejan las múltiples formas en la que la política puede interferir en la justicia, confundiendo independencia con abandono deliberado; el abandono de la justicia hace que la sociedad se deba conformar con resultados parciales, como si fuese un triunfo, y así dependiendo de en qué extremo de la acera estemos, incluso se induce a plantearlo como victoria para la justicia, cuando no lo es.
El caso Odebrecht es la evidencia más clara del fracaso del modelo político y que ha operado durante largas décadas en los mismos términos. Los partidos políticos han sido los responsables del deterioro de todas las instituciones y el mejor ejemplo es que la empresa aún sigue con relaciones contractuales con el Estado y a nadie le produce ninguna incomodidad. En cuanto al papel de la justicia, las lecciones aprendidas deben ser puestas en ejecución en una verdadera transformación del sistema judicial, pero ¿quiénes tienen la capacidad de fortalecer a la justicia? Los mismos partidos que crearon este modelo político colapsado y evidenciado con Odebrecht. Finalmente, mientras la sociedad no logre encontrar un hilo conductor, que nos una y que permita exigir, de forma colectiva, cambios verdaderos, solo quedará mirar con conocimiento de causa cómo se juega con el futuro del país.