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- 12/10/2025 10:39
El sector privado advierte que 20 proyectos de ley anticorrupción permanecen sin discusión, mientras el problema escala entre las principales preocupaciones ciudadanas
En Panamá, la corrupción ha pasado de ser un tema secundario a ocupar los primeros lugares en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Hace apenas una década, el problema figuraba al final de las encuestas; hoy, se ubica junto al desempleo como uno de los mayores retos nacionales, de acuerdo a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
Ambos temas, según el sector privado, están estrechamente ligados: la corrupción debilita la confianza, frena la inversión local y extranjera, limita la generación de empleos y erosiona las oportunidades de desarrollo.
La Cciap advirtió que, pese a la magnitud del problema, 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley en materia de anticorrupción permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de nuestra sociedad. Son herramientas indispensables para fortalecer las instituciones, proteger a quienes denuncian, promover la transparencia y cerrar los espacios donde la impunidad prospera”, señaló el presidente de la Cciap, Juan Alberto Arias.
Arias destacó que, aunque existen propuestas impulsadas por diputados de distintas corrientes políticas, preocupa que una minoría mantenga paralizado el debate.
“El que no la debe, no la teme; por eso no entendemos por qué no se discuten estos proyectos ni por qué se paraliza un debate que la ciudadanía exige con urgencia. Cada día de retraso envía un mensaje equivocado a quienes aún creen en la justicia”, advirtió.
Entre 2018 y 2024, el Ministerio Público recibió 8.197 denuncias, de las cuales el 92% (7,570) corresponden a delitos de corrupción. Para la Cciap, estas cifras reflejan con claridad la magnitud del problema y la responsabilidad que recae sobre las autoridades.
“La corrupción nos ha hecho mucho daño: roba recursos, desmotiva el esfuerzo honesto y erosiona la esperanza colectiva. Pero somos más los que creemos en la integridad, en el trabajo honesto y en un país que crezca sobre bases justas y transparentes”, sostuvo Arias.
El gremio empresarial hizo un llamado a la Asamblea Nacional para reactivar la discusión de las iniciativas anticorrupción y demostrar, con hechos, que la honestidad sigue siendo el mejor camino.
“Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios y ciudadanos íntegros, corruptos y corruptores tras las rejas y una sociedad vigilante que no tolere la impunidad”, puntualizó Arias.
En el mismo tono, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) respaldó el llamado, destacando la urgencia de debatir el Proyecto de Ley 291.
“La lucha contra la corrupción no puede seguir esperando. Esta iniciativa representa una oportunidad histórica para fortalecer la capacidad del Ministerio Público y reconstruir la confianza en el Estado”, afirmó la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis.
El proyecto amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, refuerza la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos complejos, todo bajo control judicial y respetando el debido proceso.
“No se trata de una simple reforma penal, sino de una apuesta por la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas”, explicó De Sanctis.
La dirigente empresarial advirtió que el país no puede darse el lujo de descalificar esta propuesta bajo argumentos infundados de violación al debido proceso, y enfatizó que Panamá debe debatir con rigor, corregir lo que sea necesario, pero no permitir que la ley quede sepultada por intereses políticos.
El Fondo Monetario Internacional (2024) ha demostrado que los países con mejores indicadores de gobernanza crecen entre 1.5% y 2% más rápido que aquellos con instituciones débiles.
A su vez, un estudio del Banco Mundial (2019) estima que una mejora de 10 puntos en el control de la corrupción aumenta la productividad total en 1% anual, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (2022) concluye que los países más transparentes —como Uruguay y Chile— han crecido 1.8 veces más que sus pares menos institucionalizados.
“La gobernanza pesa más que las finanzas públicas. Podemos tener cuentas fiscales ordenadas, pero si la justicia no actúa con independencia y la corrupción se percibe como sistémica, la inversión se aleja y el crédito se encarece”, afirmó De Sanctis.
La presidenta de Apede sostuvo que Panamá debe acompañar esta ley con mecanismos concretos de rendición de cuentas, incluyendo auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto público, portales de datos abiertos y sistemas seguros de denuncia.
Tanto la Cciap como la Apede coinciden en que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo del país, no solo por su impacto moral, sino por el costo económico y social que genera.
Ambas organizaciones subrayan que la transparencia es un requisito esencial para la confianza y la inversión, y que sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible.
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