Empresarios urgen respuestas al colapso económico y social en Bocas del Toro

La crisis social y económica en la provincia de Bocas del Toro sigue agravándose. Tras más de un mes de protestas, bloqueos y afectaciones a los servicios, diferentes gremios del sector privado han hecho un llamado unánime a atender con urgencia la situación, que ya supera los límites de una simple protesta laboral.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) advirtió que la provincia enfrenta un colapso en su actividad económica, desabastecimiento de alimentos, medicinas y gas, así como un deterioro en la estabilidad social. El gremio alertó sobre las consecuencias del retiro de una empresa clave para el empleo local, lo que ha afectado a miles de familias y al ecosistema productivo de la región.

La Cciap también condenó un reciente incidente de violencia contra una turista, ocurrido en medio de la crisis, lo que amenaza uno de los motores económicos de la provincia: el turismo. “Advertimos con claridad: la situación no aguanta un día más de inacción. Se trata de pensar en Panamá y, en este caso específico, en los bocatoreños”, afirmó su presidente, Juan Alberto Arias.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) emitió un pronunciamiento en el que destacó que la situación en Bocas del Toro no puede seguir siendo tratada como un conflicto aislado, sino como el resultado de un abandono histórico del Estado.

“Es una provincia que da mucho al país, pero que ha recibido muy poco”, indicó la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis. Señaló que Bocas del Toro presenta altos niveles de pobreza (44.8%) y pobreza extrema (22.6%), además de graves carencias en servicios básicos, conectividad, educación y salud.

Apede destacó que ya se acumulan más de 5 mil trabajadores despedidos y pérdidas económicas estimadas en más de 75 millones de dólares. El Ministerio de Trabajo ha advertido que el desempleo podría superar el 15% en la región, impactando a otras 20 mil personas.

No obstante, ambas organizaciones coinciden en que el mayor impacto es social: estudiantes sin clases, cirugías aplazadas, proyectos paralizados y un tejido comunitario cada vez más golpeado por la incertidumbre y la falta de movilidad.

Tanto la Cciap como Apede valoraron como positiva la intervención de la Iglesia Católica en el conflicto. El presidente José Raúl Mulino encomendó al arzobispo José Domingo Ulloa llevar una carta a los dirigentes sindicales, reiterando el compromiso de presentar ante la Asamblea Nacional las reformas a la Ley 45, relativas a los trabajadores bananeros.

Apede concluyó su pronunciamiento rechazando todo acto de violencia en el marco de las protestas. “Quemar un taxi de un trabajador o impedir el paso de una ambulancia no representa una lucha justa”, advirtió De Sanctis.

“Panamá tiene una deuda con Bocas del Toro. Saldarla no es solo una obligación del Estado, es un compromiso moral de todos”, añadió.