Vigésima entrega

En 1992 Manuel Antonio Noriega fue sentenciado a 40 años de prisión, pena que posteriormente fue reducida por buen comportamiento. Cumplió su condena en 2007 y, desde entonces, permanece detenido a la espera de que la justicia norteamericana defina su extradición a Francia, que lo reclama por delitos vinculados al lavado de dinero. Es el único prisionero de guerra reconocido por Estados Unidos según la Convención de Ginebra.

La invasión a Panamá marcó el nacimiento de la doctrina de "guerra preventiva" y “ataques quirúrgicos” que Estados Unidos iría perfeccionando con los años y la aparición de nuevas coyunturas geopolíticas ligadas a la lucha contra el terrorismo.

Después de Causa Justa, investigadores militares norteamericanos evaluaron los resultados de la estrategia armada. Celebraron el éxito y analizaron los avances logrados. La combinación entre las diferentes agencias en un mando integrado había posibilitado realizar operaciones convencionales y especiales a la vez, que cumplieron objetivos militares y políticos. Para eso se había desarrollado una nueva arquitectura de mando y de comunicaciones, que fue probada con gran éxito. La nueva generación de aeronaves había confirmado las esperanzas que tenían en ellas. El bombardero invisible Stealth Fighter y los helicópteros Apache serían fundamentales en las operaciones por venir. Entre las pocas correcciones que propusieron, hablaron de la planificación para los asuntos civiles. Había que tomar mayores previsiones para contener a los desplazados, evitar los saqueos y, en el caso de tener que reemplazar un gobierno militar por una democracia, aumentar la velocidad en la instauración de la estructura del nuevo gobierno. Otra necesidad que planteó Panamá fue la reelaboración de las tácticas para pelear en zonas urbanas. Tendrían que agudizar sus habilidades y desarrollar nuevo armamento para la guerra en la ciudad, con enemigos vestidos de civil, el tipo de conflictos que preveían para el futuro. Era una nueva manera de concebir la guerra. No se trataría de aumentar la cantidad de armas, ni el poder de fuego de los soldados, sino, más bien, todo lo contrario: hacerlos más livianos y dotarlos con luces, sensores, elementos que no tuvieron en Panamá y hubiesen sido de gran ayuda. También concluyeron que sus hombres debían conocer mejor el efecto preciso que causaban sus armas. Para evitar incendios o demoliciones innecesarias como sucedió en el Chorrillo. Un año después de Panamá llegó la Operación Tormenta del Desierto en Irak. La primera acción de combate fue el ataque a los radares iraquíes. Utilizaron helicópteros Apache porque Panamá les había enseñado que podían ser mucho más precisos que un cazabombardero.

El gobierno Civilista instaurado el 20 de diciembre del 1989 se encontró con un país maltrecho: 40% de desocupación, una economía en ruinas y miles de personas que lo habían perdido todo. Las compañías de seguro se negaron a responder por los daños. Argumentaban que la intervención armada no figuraba dentro de las coberturas de las pólizas aunque la mayoría, en realidad, reclamaba por los saqueos. Sin embargo no hubo manera. Los familiares de los soldados panameños muertos no corrieron mejor suerte. Como durante la crisis económica el gobierno había dejado de pagar las cuotas, tampoco podían reclamar los seguro de vida.

La discusión histórica se enfocó en el relato de los asesinatos, las torturas y el alto grado de corrupción del gobierno militar luego de 21 años de censura en la prensa. Fueron a juicio los hombres paradigmáticos del régimen y se aclararon los crímenes más relevantes. Noriega y 25 de sus hombres fueron condenados. Sin embargo, la invasión pareció destinada a un limbo oculto en la memoria. Había que mirar hacia delante y así se hizo. Dejando a muchos atrás.

Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la invasión por violar el derecho internacional y la soberanía de Panamá, el Comité de Familiares de las Víctimas de la Invasión lleva 19 años esperando respuestas. En todo este tiempo no han podido conseguir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se decida a fallar en la demanda que presentaron reclamando a Estados Unidos por las víctimas. Los familiares jamás recibieron justicia -tampoco una indemnización- ni por sus pérdidas materiales ni por sus muertos.

La discusión sobre la cantidad de víctimas panameñas que produjo la intervención armada sucedió a intervalos regulares durante los últimos 20 años sin que se lograra llegar a un consenso.

Fue el ejército de Estados Unidos el que se encargó de limpiar las zonas de guerra. Muchos de los caídos, aseguran lo integrantes del Comité de Familiares de las Víctimas, fueron enterrados en fosas comunes. Otras informaciones, que Estados Unidos se encargó de desmentir, denunciaban que su ejército había utilizado aviones para tirar muertos al mar. Incluso se habló del traslado de cadáveres a Honduras.

Hasta ahora sólo se han abierto las fosas del cementerio Jardín de Paz donde se encontraron 123 cuerpos. Algunos de ellos con las manos atadas y disparos en la cabeza.

De las denuncias que los panameños hicieron llegar al Comando Sur en relación al asesinato de civiles, sólo se aceptaron tres. Dos fueron desechadas, mientras la tercera llegó a una corte militar norteamericana que absolvió a sus soldados.

Si se pregunta por las calles de Panamá sobre el número de muertos, se pueden recibir, sobre todo, tres respuestas: que fueron 348, que fueron 556 y que fueron más de cuatro mil. La primera cifra es la que comunicó oficialmente el Instituto de Medicina Legal de Panamá. La segunda proviene del Comité Panameño de Derechos Humanos. La tercera es la estimación de la Comisión Independiente de Investigación de la Invasión, comandada por el ex procurador de Estados Unidos Ramsey Clark. En 1992 los diarios panameños publicaron una lista con más de 400 nombres realizada por el Centro de Estudios Estratégicos de Panamá. Le indicaban a sus lectores que, si conocían alguna víctima que no figurara allí, avisaran a las redacciones. Hubo un solo llamado, pero de una persona citada que seguía viva. Aunque fue presentada como parcial, es el único documento que recopila los nombres de los caídos, hasta donde pudo saberse. La Estrella, en la edición de mañana y con el mismo objetivo, volverá a publicar esa lista.

La confusión tiene un único responsable: el Estado panameño que no hizo ningún esfuerzo en veinte años por aclarar la situación. En el Censo Nacional de 1992 se desechó la propuesta que hacían algunas organizaciones de agregar una pregunta tendente a contabilizar los muertos del 20 de diciembre.

En el año 2000, cuando se conformó la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura, se volvió a discutir sobre la posibilidad de escrutar la invasión pero tampoco se hizo.

Mientras hace pocos días el vicepresidente Juan Carlos Varela viajó a Chile para indemnizar con seis millones de dólares a los familiares de las víctimas del accidente aéreo en Calidonia, el Estado panameño ni siquiera se plantea los reclamos por los caídos en la Operación Causa Justa: el próximo Censo Nacional, a realizarse en el 2010, tampoco hará preguntas sobre los muertos de 1989.

La falta de certezas sobre las víctimases la mayor herida, sangrante e imprecisa, de la historia nacional. Un agujero negro que sigue vivo y aturde con su larga sombra a todos los que vivimos aquí, en esta pequeña franja de tierra aplaudida por los mares.