Estado de emergencia para la provincia de Bocas del Toro

En la conferencia de prensa tras el Consejo de Gabinete, el Gobierno nacional decidió decretar estado de emergencia para la provincia de Bocas del Toro.

“El estado de emergencia se refiere a la huelga ilegal que se da por parte de los trabajadores [bananeros] con la empresa Chiquita Panamá”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

De acuerdo con el ministro, lo que se había plasmado en el acuerdo entre las autoridades del Gobierno y el Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana), fue que se levantara la huelga para que se presentaran las modificaciones a la Ley 45, sin embargo, esto no sucedió.

El Gabinete no abordó el proyecto de ley sobre las pensiones de los trabajadores bananeros que fue un punto fundamental en las negociaciones que sostuvo una comisión del gobierno con Sitraibana. El ministro de Comercio, Julio Moltó, quien fue uno de los que conformó la comisión, dijo que el proyecto de ley queda supeditado a que el sindicato levante la huelga y los cierres de calles.

El Gobierno sustentó en el decreto de gabinete que las manifestaciones de Sitraibana han sido declaradas como ilegales, y ha ocasionado una crisis social y económica en la provincia de Bocas del Toro.

En paralelo al estado de emergencia, se avaló el Decreto Ejecutivo No. 49, que establece la creación de una comisión de alto nivel encargada de atender esta situación.

Dicha comisión estará conformada por los ministros de la Presidencia, Orillac; el de Comercio, Moltó; la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz; Salud, Fernando Boyd Galindo; Seguridad, Frank Ábrego, y Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. También participará la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León.

El objetivo principal de este equipo interinstitucional, según el Ejecutivo, será gestionar la crisis social y laboral que enfrenta la provincia, incluyendo la autorización de contrataciones por procedimientos excepcionales, solicitadas por los ministerios, para ejecutar compras y proyectos prioritarios que impulsen la recuperación económica de la región.

La comisión se reunirá el día de mañana por citación del presidente de la República, José Raúl Mulino, para empezar a trabajar en la recuperación de la provincia.

Orillac aseguró que “no se hará uso de la fuerza” en la provincia, sino que se tratará de “conversar” con quienes tienen las vías cerradas debido a protestas.

Ayer, más temprano, el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, habló con La Estrella de Panamá y adelantó que desde el gremio esperaban que el Gobierno aprobara las sesiones extraordinarias para tratar la Ley 45, que estos consideran fue vulnerada por la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con Smith, antes de levantar la huelga esperaban que el Gobierno aprobara la norma en el Consejo, además debía establecer un negociación con la empresa Chiquita Panamá para finalizar el paro sin represalias a los trabajadores.

“Esta reforma vulnera una conquista histórica que nos costó años de lucha. En 2007 logramos que se aprobara una ley que garantizaba condiciones mínimas de salud para los trabajadores del banano, pero con esta nueva reforma a la Ley No. 45, se volvió a trastocar lo que habíamos conseguido”, sostuvo Smith.

Gremios magisteriales, estudiantes y sindicatos rechazan la Ley 462, al considerar que esta abre las puertas para la “privatización” de la institución. Además, rechazan el esquema de cuentas individuales del Gobierno, que consideran generará “jubilaciones de hambre”. En su mayoría, plantean volver a un modelo de reparto de beneficio definido -sistema solidario-. Estos cuestionamientos son calificados como “mentiras” por el Ejecutivo.

Chiquita Panamá calcula las pérdidas en el sector por el orden de los 75 millones de dólares.