Un estruendo sordo

Actualizado
  • 26/08/2023 00:00
Creado
  • 26/08/2023 00:00
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, calcula que en 2023 por la selva de Darién entrarán unos 400.000 migrantes
Migrantes son transportados en canoas en el sector de Lajas Blancas en Darién (Panamá).

Un puñado de jóvenes, de 15 a 22 años, de cuatro países latinoamericanos, se “coló” en la pasada Feria Internacional del Libro para hablar de su dramática situación en Panamá, acompañados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para clamar por su derecho a una educación igualitaria.

La verdad es que el martes 15 de agosto a las 4;00 de la tarde, en el salón Lagunilla del centro de convenciones Atlapa, estaba anunciada la presentación del tema “Desplazamiento y migración a consecuencia de la crisis climática. Una mirada a Gardí Subdug en Guna Yala”, a cargo de la ONU, según el programa impreso, pero en su lugar se presentaron los jóvenes con la conducción de un pintoresco reportero de la televisión local.

El caso es que los nueve jóvenes, de Colombia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, todos con situación migratoria irregular, lograron exponer sus reflexiones y anhelos ante un salón abarrotado en donde se respiraba comprensión, respeto y tolerancia.

Son chicos que viven en La Chorrera, Chepo o San Miguelito, que han pasado parte de su infancia en un país que no los vio nacer, pero que les ha abierto sus puertas hasta cierto punto.

Y ese punto, coincidió la mayoría, es al llegar a la mayoría de edad, o al realizar estudios, por la serie de obstáculos que van encontrando por parte de un sistema que los excluye por su carencia de un estatus migratorio.

El venezolano Luis, de 19 años, contó que “la integración a la sociedad panameña marchó sin dificultades”, porque se sintió acogido por los vecinos donde vivía, mientras que la colombiana Dayana (18) lo consideró “50/50” pues las dificultades empezaron al no darle un cupo en una escuela por ser indocumentada.

Pero su paisana Angie (20 años) refirió que en su peregrinaje la ha pasado peor; en Venezuela de plano le negaron la educación y un permiso de trabajo, y en Ecuador sufrió “mucha discriminación”, comparado con lo que vive en Panamá, al menos respira.

Marcelo, un guatemalteco de apenas 18 años, lamentó el “difícil proceso” que es insertarse formalmente en la sociedad panameña, porque se vive “con miedo” a una deportación, se enfrenta al rechazo laboral por ser migrante, al mal trato de algunos funcionarios, como directivos de escuela que abiertamente los “desprecian”.

“La gente es agradable, te hace sentir aceptado, el problema son las autoridades”, aseguró.

Luis terció para tocar un asunto que todos ven como “un derecho”, que al ser estudiantes sobresalientes se sienten merecedores a una beca de estudios.

“Que se reconozca el mérito, es una inversión, no una limosna”, acotó, porque, anticipó, no pretende irse de Panamá, lo mismo que Marcelo, quien sueña con ser ingeniero civil.

La joven nicaragüense Guadalupe, de 19 años, coincidió con sus interlocutores en que los trámites son engorrosos y costosos, se enfrentan con la hostilidad de funcionarios que no comprenden su situación precaria, mientras Marcos, de 15 años y guatemalteco, lamentaba tener que sufrir la xenofobia en la escuela y que lo desprecien por su origen.

Angie, la mayor de todos y colombiana con 22 años, señaló que es marginada por su “pelo duro” y que le molesta que le digan que es haitiana, además de cargar el estigma de “roba maridos”, de escuchar que “todos los colombianos son narcos”, y lamentó que “los mismos negros (panameños) nos discriminan”.

Yeilis, colombiana, y Miguel, venezolano, adolescentes, también reclamaron su derecho a recibir una beca estudiantil por méritos, o que se les dé la oportunidad para concursar por becas para el extranjero, pues les dicen que solo son para panameños.

“En el Ifarhu me dijeron que tenía que estudiar 12 años en Panamá para poder aplicar a una beca, me sentí impotente”, señaló Yeilis.

El nicaragüense Julio tiene 17 años y desde su punto de vista “todos tenemos los mismos derechos, se nos limita por ser extranjeros, queremos ser mirados como personas y que se nos trate como personas”.

Consideran a Panamá un país “seguro” y con una mejor economía que de donde provienen y por eso quieren quedarse y regularizarse, estudiar y contribuir con su talento, porque una quiere ser piloto de avión, otro experto en fabricación de microchips, varios ingenieros y arquitectos, científicos o veterinarios, son sueños, como los de cualquier joven.

La OIM, nos conversó una funcionaria, los “acompaña”, asiste y orienta, pues como ente internacional tiene que respetar el ordenamiento jurídico interno, pero muestra la cara humanitaria que necesitan los miles de jóvenes migrantes que están en Panamá, en mayor cantidad en los últimos tres años.

En Panamá hay  aproximadamente 420.000 migrantes: 49,2% hombres y 50,8% mujeres, expresó anteriormente Santiago Paz, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el país.

Muchos siguen camino hacia Estados Unidos, pero si como se calcula la proporción, el 21% es menores de edad, habría 88.200 de ellos en algún momento.

Por su lado, la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Saravia, informó recientemente que en lo que va de este año, han ingresado 617 personas más que en todo 2022, cuando entraron 250.000. Del total, 21% son niños y adolescentes, de los cuales la mitad tiene cinco años o menos.

El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, calcula que en 2023 por la selva de Darién entrarán unos 400.000 migrantes.

Según datos oficiales, más de 100.000 venezolanos cruzaron Darién en el primer semestre de 2023, casi la mitad del total de migrantes que usaron esta ruta, otros 33.000 son haitianos, 25.000 ecuatorianos y 8.500 chinos.

Todos van por “el sueño americano”, a pesar de estar cerradas las fronteras de Estados Unidos. Ya Pino advirtió que la frontera de Panamá con Colombia no se va a cerrar porque... es imposible.

Desde hace más de 15 años opera en Panamá uno de los dos Centros (Globales) Administrativos de la OIM, así como la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela y la Oficina País o Misión. En total, la OIM tiene tres oficinas en la ciudad de Panamá y una suboficina en la provincia de Darién, cerca de la frontera con Colombia.

De sus 131 funcionarios, 94 son panameños.

En Panamá, las actividades de los programas y proyectos de la Misión se implementan en cinco regiones del país (Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, Panamá Oeste, Panamá y Darién), en más de 10 sitios por 35 funcionarios que reciben apoyo administrativo y técnico de colegas del Centro Administrativo y de la Oficina del Enviado Especial.

Desarrolla 12 proyectos de apoyo en Panamá, como el proyecto piloto para reforzar los vínculos entre procesos de regularización y la integración “Somos parte” (SIDA), Respuesta humanitaria de emergencia a los flujos mixtos que cruzan la selva de Darién (Cerf), Asistencia para el Retorno Voluntario Informado, Seguro y Digno de Migrantes Vulnerables en las Américas (AVR) y Fomentando Comunidades Locales Solidarias para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Devco).

América Latina es la región que actualmente registra los mayores flujos migratorios en el mundo, según el Banco Mundial, con 41 millones de personas, 7,2 millones venezolanos.

Las razones por las que están saliendo de su territorio y sus condiciones de vulnerabilidad, los migrantes venezolanos son la única población en Latinoamérica que está siendo considerada con un estatus de necesidad de protección internacional por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

“La crisis económica en Venezuela no tiene precedente en América Latina y es la más grande que se ha dado en la región y en el mundo en los últimos 50 años, alcanzando incluso unos indicadores más altos de inflación y de contracción del producto interno bruto que países en guerra. Esto implica una amenaza directa a la vida, a la seguridad y a las libertades. Es por esto que ellos reciben este estatus”, explica Paula Rossiasco, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial en un reporte publicado por la edición de América del diario El País el pasado 7 de julio.

Por ello países como Colombia crearon el Estatuto Temporal de Protección, que da derecho a permanencia, a servicios y acceso al mercado laboral con las mismas condiciones que los colombianos por un periodo de 10 años.

En diciembre de 2020 había 1,72 millón de venezolanos en el vecino país; muchos de ellos han comenzado a caminar a Estados Unidos.

Y como la ola no se va a detener, el Banco Mundial aprobó un préstamo de $526 millones a Colombia para apoyar estrategias de integración social y económica para la población venezolana.

Rossiasco manifiesta que “una certeza es que, a pesar de las complejidades, el fenómeno migratorio trae oportunidades de desarrollo para los países; es ahí en donde deben enfocarse los esfuerzos y, aunque sí supone un desafío para la región, un análisis sólido y colectivo ayudará a generar nuevas preguntas y respuestas que se traduzcan en moldear una sociedad abierta al cambio”.

El autor es periodista independiente y profesor universitario.

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