Exigen respuestas ante grave contaminación de ríos en Los Santos

Desde hace más de seis años, habitantes de los distritos de Guararé y Las Tablas han alzado su voz en defensa de los ríos que cruzan la provincia de Los Santos. Sin embargo, sus esfuerzos no han rendido frutos. “Hay muchas empresas que lucran a través de diversas actividades en los ríos que aportan a la contaminación”, advirtió Amado Franco, alcalde de Guararé, en declaraciones a La Estrella de Panamá.

El pasado 14 de julio, líderes comunitarios entregaron una carta al Centro Regional Universitario de Los Santos solicitando la participación de su director, Edwin R. Días G. en un cabildo abierto programado para el 7 de agosto. El objetivo es abrir un canal de diálogo que permita recoger propuestas ciudadanas y construir un anteproyecto de ley que resguarde los recursos hídricos de la región.

Según explicó Franco, la iniciativa busca establecer cuatro líneas de acción: proteger la cobertura boscosa que rodea los ríos; prohibir la importación y comercialización de agroquímicos vetados internacionalmente; formar comités ciudadanos para la fiscalización del agua potable y modernizar las plantas potabilizadoras cada tres años.

De igual manera, la Fiscalía Regional de Los Santos informó de la continuación de diligencias dentro de las investigaciones por el delito contra el ambiente, por la supuesta contaminación del río La Villa, para poder establecer la responsabilidad de los posibles autores.

Y es que la situación es crítica. El río La Villa, uno de los principales afluentes de la región, presenta 24 ingredientes activos de pesticidas, de los cuales seis son cancerígenos y ocho afectan el sistema endocrino, según datos del MIDA divulgados en 2023. A esto se suman metales pesados —como cobre, cromo y manganeso— y coliformes fecales detectados en estudios anteriores. Todo esto ha obligado a las autoridades a declarar un estado de emergencia y advertir a la población de que no consuma el agua directamente de la pluma.

Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental, cuestionó la permisividad del Estado. “Ocho de esos agroquímicos están prohibidos en otras partes del mundo y cinco están restringidos. Acá se utilizan sin reparo”, dijo. Ramos también alertó sobre la persistencia de sustancias como la atrazina en el suelo y el agua subterránea, lo que expone a comunidades enteras que dependen de estas fuentes para su consumo y producción.

Por otro lado, la pérdida de cobertura vegetal en el río La Villa es alarmante: más de 3.000 hectáreas de bosque se han perdido en los últimos 25 años.

No obstante, Emmeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, aseguró que se han tomado medidas. En lo que va del año se han prohibido 11 productos. “Es cierto que existe un riesgo para la salud, pero estamos avanzando con normativas para mitigarlo. Hay que producir alimentos y las plagas siempre estarán. Lo importante es que se utilicen los químicos con control”, afirmó.

Mientras tanto, la población espera que la convocatoria al cabildo abierto sea un paso decisivo para lograr una legislación que proteja el agua, el ambiente y la salud de futuras generaciones.