Exmagistrado Hoyos vuelve a pedir la constitucionalidad de la Ley 406

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, solicitó a la Corte que declare constitucional la Ley 406.

Hoyos respondió de forma personal a la demanda de inconstitucionalidad presentada por Martita Cornejo contra la Ley 406, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

El exmagistrado identifica las razones por las cuales la ley debería declararse constitucional.

"La expedición de la Ley cumplió la formalidad del trámite legislativo, según dispone la Constitución, habida cuenta de que se expidió tras realizarse tres debates legislativos en días distintos; fue sancionada por el presidente de la República junto al Ministro del ramo respectivo, en este caso, el ministro de Comercio e Industrias", aseguró Hoyos.

Además, los documentos previos que autorizaron la negociación, suscripción y presentación a la Asamblea Nacional del contrato cumplen los requisitos mínimos de viabilidad y, a la postre, están respaldados por la presunción de su legalidad y constitucionalidad. También considera que hubo una considerable participación de particulares a favor y en contra, lo que constituye un ejercicio democrático directo, una especie de "quasi democracia líquida".

Esta es la segunda opinión de Hoyos; la primera fue en la demanda presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano, y en sus alegatos asegura que el artículo uno de la Ley 406 es constitucional.

Por su parte, El economista Arturo Tapia Velarde explicó que “si perdemos el grado de inversión, nuestro país pagará mucho más para obtener recursos”.

“Los inversionistas ahora exigen 1.50% más de prima en bonos a largo plazo de la República de Panamá. Es decir, si en los próximos 5 años hubiese que refinanciar $10 mil millones, esto implica un costo adicional para el país de $150 millones anuales”, detalló Tapia Velarde.

“Con los intereses elevados, los panameños de a pie reciben un golpe indirecto, debido a que los comerciantes trasladaron al consumidor final el monto del incremento de sus préstamos bancarios comerciales, encareciendo así el costo de la vida”, añadió.

Tapia afirmó que el efecto cascada tocará directamente a “los panameños que sufrirán, ya que se prevé un incremento en los intereses de préstamos bancarios regulares como casas, autos, estudios, etc. que es la mayor forma de financiamientos de los panameños”.

El economista advirtió que se hará una “poca o nula inversión del Estado sobre los servicios y obras gubernamentales, ya que el presupuesto nacional se tendrá que destinar mayormente al pago de los intereses elevados de la deuda externa”.

“Pocas veces un país se encuentra en una encrucijada tan importante y peligrosa como enfrenta Panamá con el tema de la minería. Lo que está en juego no es si permitimos minería a cielo abierto o no; más bien el tema radica en las repercusiones que tiene para el país el quebrantar un contrato ley con un inversionista extranjero y todo lo que eso conlleva”, finalizó el economista Tapia.