Firma forense encargada de auditorías al PAN se defiende

La firma ganadora de la licitación para una auditoría destinada a esclarecer un posible peculado en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rogers Forensic Auditors, ha sido tildada de ‘fantasma’. Sus críticos intentan que el contrato sea revocado.

Iván Rogers, director de la firma auditora, responde que quienes lo señalan desean impedir que desenmascare la corrupción, un trabajo para el cual, dice, está ‘sobradamente capacitado’.

La convocatoria a la licitación fue publicada en el portal de compras estatales apenas a 21 días del cambio de gobierno por Rafael Stanziola, el nuevo director ejecutivo de la institución que gestiona los fondos para ayudas comunitarias .

‘Se van a asustar’, señaló Stanziola durante una conferencia de prensa el 3 de septiembre, en un intento de llamar la atención por la magnitud de un posible caso de peculado.

‘Entre los años 2009 y 2014, la institución manejó unos $1,200 millones’, dijo.

‘Los responsables del mal manejo de los fondos del PAN deben ser sancionados’, añadió.

El primer paso sería la investigación independiente.

El 5 de septiembre, el Gobierno anunciaba, a través de un comunicado, que el ganador de la licitación era la firma Roger Forensics, a la que describió como ‘una sociedad civil respaldada por los 15 años de experiencia de su principal socio, el auditor Juan Iván Rogers Harper, exadministrador de fraude certificado por el FBI’.

En seis meses —marzo del 2015— se conocerían los resultados.

En la licitación, cuyo precio de referencia era de $875 mil, participaron tres empresas: Rogers Forensic Auditors (que propuso $792,870); Forero Gordon & Asociados ($825,000) y M&C Antifraud Consulting Corp ($787,499).

Pero dos de estas tres firmas fueron descartadas. Una de ellas por ‘documentación falsa’ y la otra, por ofrecer un precio demasiado bajo, en relación a l precio de referencia, de lo que advertía el pliego de cargos.

CRÍTICAS

Pasaron pocos días antes de que Rogers quedara en la mirilla. El 12 de septiembre, aparecía en televisión el abogado Guillermo Cochez protestando la adjudicación.

En entrevista con Hugo Famanía, Cochez insinuó que Juan Iván Rogers, fundador de la empresa, no era confiable: había cobrado dinero de más durante un peritaje realizado en el caso de quiebra de la empresa de energía Copesa y ‘probablemente’ no había reportado los ingresos a la DGI. Sus pagos de más de $400 mil habían sido cambiados por efectivo.

Según Cochez, la mejor oferta había sido la de M&C, que ya tenía experiencia en este tipo de trabajos, pues había auditado a l mismo organismo al inicio de la administración pasada.

Rogers Forensic también fue acusado de carecer de cuentas bancarias, de no estar legalmente constituido y de no esclarecer datos tan básicos como la ubicación de su residencia fija.

Consultado al respecto, Rogers asegura que quienes le critican lo hacen motivados por la venganza personal.

En cuanto a la falta de cuentas bancarias y el silencio sobre su dirección domiciliaria, asegura que se trata de ‘medidas de protección’.

‘Mi negocio es desenmascarar esquemas de fraude, corrupción y lavado de dinero. Los afectados son dados a promover demandas temerarias y fuera de fundamento. Yo debo prevenir y procurar el bienestar de mi familia’.

En cuanto a sus credenciales, asegura: ‘en este país nadie tiene un equipo como el mío. Nadie sabe hacer lo que yo hago’.

‘Voy a hacer el trabajo bien’, dijo.