Fiscalía pide condenas ejemplares para 14 involucrados en el caso Blue Apple

La Fiscalía Anticorrupción concluyó sus alegatos en el juicio por supuestos actos de corrupción. Solicitó la condena para 14 involucrados, entre ellos dos ministros de la administración de Ricardo Martinelli. Además, recomendó la absolución de Silvia Rojas y de Marcelino, a quienes les falsificaron sus firmas. También pidió al juzgado el comiso de cuentas, dinero y bienes producto del ilícito.

La fiscalía utilizó día y medio para sustentar el esquema que se utilizó para blanquear dinero proveniente del Estado, identificado como “ayuda política”.

Jaime Ford y Federico Suárez son los dos exministros para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó condena por blanqueo de capitales.

Además, se solicitó la condena para César Jaramillo, Manuel Ruiz Gil, Luis Antonio Donadío, Valentín Martínez, Riccardo Francolini, Alcides Bernal, Luis Alberto Arias, Jaime De La Espriella, George Joseph Moreno, Octavio Samaniego y Melina Cano Achurra.

Javier Cuadra, fiscal anticorrupción, sustentó que supuestamente el exministro Ford “usó su condición de ministro para solicitar a empresas que mantenían contratos con el Estado, provechos ilícitos denominados 'ayudas políticas”.

Por su parte, el fiscal Edwin Juárez sustentó por casi tres horas el porqué Federico Suárez debe ser condenado por blanqueo de capitales y por el delito de corrupción de servidores públicos.

Según el fiscal Juárez, se acreditó el delito al señor Federico Suárez en que se transfirió dinero por interpuestas personas.

“Federico Suárez mantenía interés en participar del proyecto El Síndigo, según documentación entregada por Mauricio Cort a la fiscalía”, precisó el fiscal Juárez.

Durante la sustentación del fiscal se explicó que Blue Apple y compañías homólogas fueron utilizadas por contratistas del Estado para presentar facturas ficticias por servicios que no se brindaban.

Además, los funcionarios que ejercen ciertos cargos deben realizar una declaración jurada de sus activos y pasivos ante la Contraloría; y de igual forma cuando terminan su gestión. En el informe de la Contraloría no hay ninguna acotación de las relaciones comerciales del señor Suárez, indicó el fiscal Juárez.

En el alegato, el fiscal Aurelio Vásquez destacó que la causa inició con un informe de inteligencia policial que hacía referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varias personas con el propósito de disfrazar o blanquear dinero (incluidos miembros del gobierno del período 2010-2014), presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción a nivel nacional, para lo cual utilizaron cuentas bancarias o de inversión de dicha sociedad.

Señaló también que durante la investigación iniciada el 30 de octubre de 2017, se estableció que una serie de empresas, en su mayoría vinculadas al desarrollo de proyectos de construcción, recibieron desembolsos por parte del Estado, y estas a su vez, realizaron pagos en concepto de ayuda política a la persona jurídica de Blue Apple Services Inc., entre otras, a través de distintos esquemas y que manejó cuentas en diferentes bancos por más de $40 millones, las cuales eran alimentadas por fondos ilícitos.

Las empresas que alimentaban la cuenta de Blue Apple Services eran las constructoras Rodsa, Meco, Bagatrac, Ingeniería Rec, GS Constructors y Conalvias, que mantenían proyectos con el Estado.

Los dueños de estas empresas fueron citados por Jorge Ruiz, de la Dirección de Contratos del MOP, para que entregaran un porcentaje del contrato entre el 7% y el 8%, y a cambio de eso se agilizaban los trámites para los pagos de los proyectos contratados.

El fiscal finalizó su sustentación expresando que la “fiscalía no pierde ni gana casos, el Ministerio Público los prueba y el día de hoy hemos probado la responsabilidad de estas personas para las cuales hemos solicitado las condenas”.

La frase del fiscal tuvo su respuesta de manera inmediata. El abogado Roberto Moreno, defensa de Alcides Bernal, aseguró que la fiscalía no ha podido probar el caso, por lo que solicitó que su representado sea absuelto.

La fiscalía no formuló cargos por asociación ilícita, la misma fiscalía sabe que no hay conocimiento, aseguró el abogado Romero en la sustentación del porqué su representado no debe ser condenando.

La defensa de Bernal sostuvo que la fiscalía no valoró las pruebas como el dinero, préstamos anteriores. “No verificaron nada, estaban concentrados en otros personajes y Alcides no era importante, pero la ley les exige ser objetivos en sus investigaciones”, señaló el abogado.

Además, que revise el informe del perito que demostró la presencia de préstamos.

Hoy continúan los alegatos finales de los otros 11 defensores técnicos particulares y siete defensores públicos.