Hay 302 casas condenadas habitadas en Panamá y Colón

La tragedia del inmueble La Terraza, incendiado el domingo en San Felipe, y que dejó damnificadas a 52 familias (compuestas por 197 personas), aviva las alertas sobre los peligros de vivir entre las ruinas.

La situación no es para menos. En ese mismo corregimiento de la ciudad de Panamá se contabilizan 37 casas condenadas; es decir, no aptas para ser habitadas.

En total, existen en la ciudad capital 157 viejos caserones, todos ocupados, según un informe del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

En el desglose, hay 10 corregimientos de los 23 con esas trampas de muerte: 43 en El Chorrillo, 34 en Santa Ana, 12 en Río Abajo, 8 en Pueblo Nuevo, 6 en Parque Lefevre, 5 en Calidonia. En Juan Díaz, Betania y San Francisco hay 4 en cada uno.

La institución explicó a La Estrella de Panamá que algunos caserones abandonados en la provincia de Panamá no han pasado por un proceso de condena. Eso significa que no se tienen cifras o expedientes sobre esas estructuras.

En tanto, la provincia de Colón registra 145 caserones ruinosos, de acuerdo con los datos oficiales.

Al igual que en el distrito de Panamá, la entidad no tiene reportada la cantidad de familias que habitan en estos edificios.

‘El Miviot está en un proceso de actualización de estadística’, informó un portavoz.

PERFIL SOCIOECONÓMICO

Según el Miviot, muchas de las familias que ocupan estos edificios viven en condiciones de vulnerabilidad social, por lo cual no pueden acceder a hipotecas o préstamos para viviendas. Hay otras que se dedican al empleo informal y muchos de sus miembros no trabajan.

‘En algunas ocasiones nos encontramos con familias con posibilidades de aplicar a programas como el bono de los $5 mil’, el Fondo Solidario de Vivienda, que se entrega como abono inicial para tener una casa propia —con interés preferencial— pagando una letra que apenas sobrepasa $100 mensuales, explicó.

Para acceder a este beneficio, al momento del financiamiento, la casa debe tener un valor entre $65 mil y $120 mil.

Ante el peligro inminente y demostrado, ¿por qué las familias siguen habitando esos caserones? El Miviot resuelve que esa situación se debe a muchos factores, unos económicos y otros sociales.

Algunas familias, según han comprobado, se han acostumbrado a vivir en una zona céntrica que no quieren abandonar, a pesar de los riesgos que corren en los inmuebles.

Es un tema de accesibilidad y de pertenencia a una área concreta de la ciudad, señalaron.

En aquellos casos donde las familias, debido al deterioro del inmueble, acceden a salir de los caserones, la entidad les entrega subsidios sociales de $150 al mes para alojarse, hasta tanto se les puede dotar de una solución permanente.

Además, el Miviot comunicó que evalúa proyectos habitacionales a futuro para este segmento de la población, como el Proyecto Curundú, en el corregimiento del mismo nombre; el Irving Saladino y Nueva Providencia, en la provincia de Colón.

Son viviendas de interés social para familias con cuadros sociales vulnerables.

LLAMADO

El coronel Pablo Tuñón, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, confirmó que el peligro está latente.

Un edificio de madera de dos pisos se puede incendiar por completo en instantes y es más peligroso si la madera está totalmente podrida, aseguró.

Nadie le ha informado ‘con certeza’ los años de construcción del caserón La Terraza de San Felipe, cuyas condiciones se están evaluando para determinar si se debe derribar, indicó.

Y recordó que en el incendio de caserones de madera en Santa Ana, el año pasado, cuando trataban de apagar el fuego, en cuestión de segundos, las llamas pasaron a la torre vecina .

Son las autoridades las que deben impulsar que los propietarios de inmuebles mejoren las viviendas o desalojen a los inquilinos, precisó.

‘Todos los días tememos lo que puede pasar con estos viejos caserones, claro que representan un gran riesgo para la vida de las personas que viven allí y los lugares aledaños’, dijo.

Los ‘camisas rojas’ se sienten de manos atadas. ‘Muy poco podemos hacer’ cuando se ha declarado un edificio inhabitable, aseveró el coronel. ‘Salvaguardamos vidas y propiedades. Hacemos inspecciones y recomendaciones, pero hasta allí’, concluyó.