“Chiquita y Mitradel se ponen de acuerdo en perjuicio de los bocatoreños”, denuncia diputado Robinson

La suspensión de las operaciones de la transnacional bananera Chiquita Panamá en Bocas del Toro, tras las protestas contra a Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), ha puesto en jaque a más de 7 mil empleados que fueron despedidos tras declarar una huelga por vulneraciones la Ley 45 que degradaba la seguridad social a los trabajadores bananeros.

El Gobierno confirmó que adelanta conversaciones con la empresa para reanudar operaciones en el país luego de una supuesta “salida” de la empresa del país. Sobre los posibles acuerdos y el retraso para el reinicio de funciones, el diputado Benicio Robinson hijo, reclamó al Ministerio de Trabajo e incluso habló de un posible “acuerdo” con la empresa para afectar a los trabajadores.

“No sé a qué está jugando Chiquita Panamá, que hace pocos días habló de que iba a reactivar solamente el 20% de las actividades de la compañía. Nosotros queremos saber si el resto no la va a activar, para que el Estado pueda entonces recurrir a algunos otros mercados que quieran estas tierras y poder producirlas”, señaló el parlamentario bocatoreño este martes en el pleno de la Asamblea Nacional.

Robinson denunció que se tiene “amenazada” a la provincia con la situación y volvió a emplazar a Mitradel sobre la su relación con la transnacional, destacando que la concesión con la empresa es una de las “más baratas” de la región y con opción de uso de puertos panameños.

“No es justo que traten a los bocatoreños como nos están tratando en este momento. Chiquita Panamá y Mitradel se están poniendo de acuerdo en perjuicio de los bocatoreños”, denunció.

El ministro de Comercio, Julio Moltó, informó que están en conversaciones en las que se verán las “condiciones” de la empresa para retomar operaciones.

Los trabajadores bananeros fueron a huelga el pasado 28 de abril argumentando que la Ley 462 vulneraba derechos graves de derechos en materia de seguridad social consagrados en la Ley 45. El gobierno, que inicialmente dijo que no la norma no afectaba la ley de los bananeros, finalmente accedió a modificarla. Eso permitió que se diera la apertura de vías por parte de lo bananeros tras llegar a un acuerdo con la Asamblea Nacional, pero no evitó que se mantuvieran los cierres y protestas en los puntos donde los trabajadores no tenían presencia. Así las cosas, hasta el 14 de junio, la provincia continuaba con puntos de cierre, sobre todo de docentes y comunidades indígenas.

Finalmente, el gobierno autorizó la operación “Omega”, que desplegó a más de 2 mil efectivos, además de suspender las garantías constitucionales bajo un estado de urgencia y bloquear las comunicaciones en la provincia para acabar con las protestas con cierre de vías, lo que dejó más de 370 detenidos, cientos de heridos y al menos 3 fallecidos que están en investigación. La Defensoría del Pueblo habla de que hubo indicios graves de violaciones a los derechos humanos durante esa intervención.