Iglesia pide retorno a clases y denuncia ‘violencia selectiva’ en Bocas del Toro

La “prolongada” huelga educativa genera preocupación entre líderes de la Iglesia católica panameña. Este sector hizo un llamado a los docentes a levantar la huelga y retornar a las aulas, con la condición de que se garantice la estabilidad laboral de los docentes y un actuar con justicia, “sin represalias ni descalificaciones”.

Líderes de la Iglesia católica de todo el país se reunieron para hablar sobre diferentes temas de peso para la ciudadanía en los últimos meses. Entre estos, las políticas alrededor del Canal de Panamá, el uso desmedido de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad, el estado actual de la economía del país, así como el tema de Río Indio, entre otros, salieron a relucir.

A este encuentro también asistió el obispo prelado de Bocas del Toro, Aníbal Saldaña Santamaría, quien alertó sobre la grave situación social, económica y de seguridad que atraviesa la provincia tras las protestas que se extendieron durante más de dos meses.

El religioso denunció que los hechos violentos ocurridos en el distrito de Changuinola no fueron espontáneos, sino parte de una estrategia organizada que ha tenido como resultado el aumento del desempleo y el debilitamiento del tejido social.

El obispo sostuvo que los actos vandálicos no fueron aleatorios, sino que estuvieron dirigidos principalmente a quienes se manifestaron en contra de los cierres y buscaron diálogo con el Gobierno.

“Parece un vandalismo selectivo. Las acciones violentas en Changuinola afectaron, principalmente, a las personas que se opusieron a los cierres y se reunieron con el gobierno”, denunció Saldaña.

Asimismo, hizo hincapié en el riesgo de que la empresa bananera no regrese a operar en la región si no se generan condiciones de estabilidad. Llamó al Gobierno a replantear su relación con Chiquita Panamá, evaluando nuevas condiciones para garantizar su permanencia y la reactivación del empleo.

“El Gobierno tiene que negociar un nuevo convenio con la empresa para ver si regresa y bajo qué condiciones. No va a ser fácil reactivar la economía... no solo se afectó al banano, sino también al plátano, el cacao y el turismo”, advirtió el obispo.

Saldaña también pidió a las autoridades investigar a fondo el origen de la violencia, incluyendo el rol de algunos agentes de seguridad en los operativos realizados durante el estado de urgencia.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal constató que en varias ocasiones se ha hecho uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos estamentos de seguridad contra la población civil, afectando principalmente a grupos originarios y demás sectores vulnerables. Estos han sido objeto de abuso y criminalización.

“Es importante investigar qué detonó los actos vandálicos, así como el posible abuso policial durante el estado de urgencia”, sostuvo el obispo de Bocas del Toro.

Irregularidades en el proceso de levantamiento de información por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en relación al proyecto de un embalse de usos múltiples en Río Indio, fue denunciado por el obispo de la diócesis de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía Barahona.

“Este tema del embalse se está convirtiendo en un problema grande, muy grande. Ha habido vacíos comunicativos, pero también —desde nuestra visión— manipulación de la información”, afirmó el sacerdote, al hablar del desarrollo de embalses impulsado por la ACP.

Ochogavía sostuvo que la Autoridad del Canal ha presentado avances del censo como una supuesta muestra de aceptación por parte de la población hacia el proyecto, algo que, asegura, no corresponde a la realidad en las comunidades afectadas.

“Se ha dicho que el 85 % del censo está completo y que eso significa que hay un 85 % de aceptación del embalse, pero eso es falso. Muchos campesinos se han negado a recibir la encuesta en sus casas. Los trabajadores del censo están entrando acompañados de policías, lo cual es una forma de militarizar la zona, y eso es muy delicado”, expresó.

Según el sacerdote, el uso del censo como si se tratara de una consulta ciudadana es “un grave error”. A su juicio, la finalidad del levantamiento de datos debiera ser únicamente identificar bienes o activos que necesitarían ser indemnizados en caso de concretarse el embalse, y no determinar la voluntad de la población sobre un proyecto de impacto ambiental y social tan profundo.

“Hay que pedirle cuentas a la ACP. Tiene que explicar cuál ha sido el método y la justificación del censo, porque lo que nosotros manejamos es que los campesinos se mantienen firmemente en el ‘no’ al embalse. Ese es el consenso”, indicó.

El sacerdote estimó que cerca del 90 % de la población que vive en el área del río Indio se opone al proyecto. También cuestionó la falta de información clara, previa y actualizada para las comunidades.

Desde que la ACP anunció su intención de construir un embalse de uso múltiple en el río Indio, diversas organizaciones comunitarias, ambientalistas y representantes de la Iglesia católica han advertido sobre las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales de dicha obra.

El líder de la diócesis de Colón y Guna Yala concluyó su mensaje reiterando que el pueblo de Río Indio no ha sido escuchado: “La gente se siente intimidada y burlada. No estamos en contra del desarrollo, pero este no puede hacerse atropellando la dignidad y los derechos de las comunidades”.

La conferencia, presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa, también se pronunció sobre el contexto internacional y el Canal de Panamá, manifestando que observan con preocupación las posturas adoptadas por el Gobierno estadounidense, las cuales “ponen entredicho el respeto a la soberanía panameña”.

Se manifestó que estas acciones contradicen los tratados internacionales vigentes y lesionan la dignidad del pueblo panameño, por lo que se exhortó al Gobierno del istmo a apegarse a la defensa del interés nacional y el bien común de todo el país a través de los principios constitucionales de Panamá.