La nacionalización de la Fuerza y Luz (II)

‘Queremos un IRHE sano y fuerte en todos sus aspectos. En lo moral, en lo filosófico y patriótico, en lo técnico y financiero. Esta institución necesita fortalecerse para cumplir con su propósito de brindar servicios de electricidad y energía a la población del todo el país'.

‘Creemos que la única forma de obtener los ingresos necesarios para cumplir esta misión es entrar a servir los mercados más redituables de la República: los de Panamá y Colón, mercados que son panameños y que, de hecho, son nuestros'.

Así se expresaba el ingeniero Marco J. de Obaldía, director del Intituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) al ser citado ante la Asamblea Nacional de la República en 1968 con el fin de rendir cuentas al país sobre su gestión.

Habían transcurrido siete años desde que el presidente Roberto Chiari creara la institución, encomendándole la misión titánica de llevar energía y comunicaciones a más del 65% de la población del país que todavía no podía disfrutar de estos beneficios asociados al progreso  del siglo XX (Ver primera parte de esta serie).

Con sus palabras, de forma velada, de Obaldía denunciaba el mayor obstáculo a los planes de los directivos del IRHE: la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, una empresa de accionistas estadounidenses que mantenía el monopolio de servicios de electricidad, telefonía y gas en las provincias de Panamá y Colón.

Mientras que las pequeñas compañías privadas de servicios de electricidad y telefonía que servían el interior de la República estaban regidas por el Decreto Ley No. 31 de 1957, la relación entre el Estado y la Compañía de Fuerza y Luz estaba atada a la llamada Concesión Catlin, un contrato ‘a perpetuidad' firmado en el año 1917.

Aunque los gobiernos de Ernestito de la Guardia (1956-1960) y de Roberto Chiari (1960-1964) habían intentado normalizar la situación de la Fuerza y Luz, la Corte Suprema de Justicia había fallado siempre a favor de la compañía, poniendo la Concesión Catlin por encima de la Constitución y las demás leyes de la República.

Pero la suerte de la empresa, propiedad en un 90% de las estadounidenses Boise Cascade y Ebasco, estaba a punto de cambiar.

ENTRA EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

El gobierno revolucionario del general Omar Torrijos solo tenía dos meses en el poder cuando decidió reorganizar la Comisión de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos creada por el gobierno de Ernestito de la Guardia para regular los servicios públicos.

La comisión se instaló en enero de 1969 presidida por el profesor y ex ministro Víctor Cruz Urrutia y empezó a trabajar de forma acelerada.

Ya para mediados de año había emitido las resoluciones No. 17 del 17 de julio de 1969 y 31 del 27 de agosto de 1969, que denunciaban y castigaban algunas de las prácticas contables de la Fuerza y Luz.

La comisión regentada por el profesor Urrutia había encontrado que entre los años 1960 y 1970 la compañía había ingresado más de $5 millones por encima de las ganancias de 8.75% sobre la inversión permitidas por la Concesión Catlin.

Siguiendo las instrucciones de la Comisión, entre 1970 y 1971, la empresa ofreció descuentos y rebates a sus clientes por un valor de $3.6 millones, para compensar el exceso de ganancias retenidas.

Pero la Comisión no se quedó allí. Cuando intentó imponer un cambio a la cláusula de perpetuidad del contrato por una concesión de 35 años, la empresa decidió presentar un reclamo ante el sistema de justicia panameño que históricamente le había favorecido.

La Fuerza y Luz solicitaba una revisión de los métodos utilizados por la Comisión para calcular las ganancias.

Por primera vez, la Corte Suprema falló en su contra.

EMPIEZAN LAS NEGOCIACIONES

Con las presiones del gobierno en aumento y la corte en su contra, la empresa decidió sentarse a negociar.

Partía de la posición de que el gobierno debía relevarla de la obligación de seguir ofreciendo rebates y descuentos a sus clientes y de que se le debía aumentar su límite de ganancias hasta el 10%, ya que, supuestamente, el retorno de 8.75 % era insuficiente para continuar la expansión de sus servicios.

Pero no se lograron adelantos en las negociaciones. Tanto el gobierno como la empresa se negaban a ceder. En marzo de 1971, las conversaciones se estancaron.

En julio de ese año, en una medida que el Estado panameño consideró un intento de extorsión, la empresa anunció que el deterioro de su situación económica la obligaba a cancelar sus planes de expansión y a descontinuar el poco lucrativo servicio de gas (sin dejar un sustituto a sus usuarios).

En febrero de 1972, anunció que suspendía los pagos a Texaco y Esso Standard, sus mayores suplidores de combustible, dejando deudas por $2 millones.

Las medidas de presión de la empresa empezaron a causar daño a la economía del país. Los pedidos de nuevas instalaciones eléctricas para edificios y residencias recién construidos no se satisfacían; las solicitudes de nuevas líneas telefónicas aumentaban su histórica morosidad. Las compañías de petróleo se quejaban ante el gobierno.

Pero la Fuerza y Luz planteaba su caso ante la opinión pública, presentándose como víctima de la persecución del gobierno militar. En una serie de anuncios publicados en los diarios del país advertía que las acciones del gobierno estaban erosionando su posición económica. No solo sus ganancias habían ido disminuyendo progresivamente ($3.7 millones en 1969; $2.7 millones en 1970 y $1.75 millones en 1971). De seguir la tendencia, la empresa preveía que para 1972 solo podría reportar $700,000 a sus accionistas y que en el año 1973 tendría pérdidas.

LAS GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA

En mayo, la Comisión decidió entrar en la batalla de relaciones públicas. En los diarios La Estrella de Panamá y El Matutino , correspondientes a los días 25, 27, 29 y 30 del mes de mayo fue desmontando todos los reclamos de la compañía.

Para empezar, sostenía la comisión, la supuesta disminución de las ganancias era un simple juego contable. Los excedentes de ganancias acumuladas en años anteriores obligaban a la empresa a nivelar su posición a partir del año 1971.

‘Los directores de la empresa arguyen que la ganancia que garantiza la ley panameña es insuficiente para su expansión… .y quiere que se le aumente a 10%', decía la comisión. ‘Lo que no dice la empresa es que el porcentaje anual de ganancia que obtiene en Panamá es superior al promedio anual de empresas similares en los Estados Unidos y que estas compañías siempre han podido, y pueden, hacer frente a las necesidades de sus respectivas áreas de concesión'.

La comisión citaba las estadísticas de la Federal Power Commission de EE.UU: en 1970, solo 18 empresas de las 187 empresas eléctricas más grandes de ese país habían ganado más del 8.75 % sobre su capital neto invertido.

‘La estrechez del régimen económico que imponen las leyes panameñas alegada por Fuerza y Luz es totalmente inexistente y no puede ser la causa de las dificultades financieras de esta compañía, si es que en realidad tales dificultades existen'.

‘Cuando la Fuerza y Luz hace una donación a la Cruz Roja, la suma donada se carga a Gastos de Explotación y no salen de la ganancia autorizada de la empresa. Cuando ésta patrocina un programa televisado, la erogación correspondiente también se considera gasto y no se rebaja de la ganancia autorizada. Si un fulano cualquiera se roba la corriente, el valor íntegro de la corriente robada es un gasto que la compañía recobra antes de que se le compute el monto de su ganancia. Son, pues, los clientes de la empresa quienes donan, quienes patrocinan y a quienes se les roba'.

Otro cargo que hacia la comisión era que la Fuerza y Luz, como otras compañías de Norteamérica —antes de que fuera prohibida allá por las comisiones regulatorias—, transfería ganancias adicionales a su casa matriz a través de oscuras transacciones contables que inflaban el valor de supuestos servicios brindados desde el extranjero.

De acuerdo con la Comisión, en el año 1971 la Fuerza y Luz había pagado a sus compañías tenedoras una partida de más de medio millón de dólares por supuestos servicios de Asesoría y Dirección Técnica.

Ese pago de más de medio millón en un año, decía la comisión, era más de lo que la empresa pagaba en ‘los sueldos de sus más altos ejecutivos y técnicos y de todo el personal de oficina que casi que llena completamente el flamante Edificio Avesa'.

La comisión estimaba que al menos $350 mil de las transferencias en concepto de ‘asesoría y dirección técnica' eran ganancias encubiertas y se negaba a reconocerlos hasta tanto no fueran justificados con claridad.

Otro punto que destacaba la comisión en los medios de comunicación del país era que desde 1969 la Boise Cascade obtenía de la Fuerza y Luz utilidades muy superiores a las que había logrado en Norteamérica en los últimos tres años. Según un registro de la Revista Fortune, en 1969 la empresa había obtenido de Panamá el 22% de sus ingresos mientras que de sus operaciones en Estados Unidos solo había obtenido 9.8%. En 1970, la proporción era del 15% y 4.9%, respectivamente, mientras que en 1971 era de 8.86% y 0%.

‘Se deduce entonces, que cuando los personeros de Fuerza y Luz afirman que la compañía necesita mayores ingresos para atraer nuevos capitales lo que están diciendo es que quieren mayores ganancias en Panamá, cosa injustificada, aunque explicable en vista de los reveses que han sufrido sus negocios no regulados en Norteamérica'.

‘La Fuerza y Luz solo piensa en sus intereses y ventajas económicas y se olvida del bienestar social que debe ante todo satisfacer como empresa de utilidad pública que es'.

EL GOBIERNO TOMA UNA DECISIÓN

Finalmente, en un comunicado emitido el 1 de junio de 1972, el gobierno anunciaba: ‘Ante los hechos enunciados, se dan las circunstancias previstas del Artículo 49 de la Constitución Nacional, es decir, un interés social urgente que exige medidas rápidas para conjurar el peligro que un paro eléctrico y la paralización de las inversiones representan. El gobierno considera que la medida más adecuada y prudente ante la situación angustiosa para el país provocada por la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, es la ocupación de todos los bienes e instalaciones, activos y pasivos'.

La ocupación se verificó ese mismo día.

Un mes después las partes no habían podido alcanzar ningún acuerdo, por lo que el Gobierno emitió el decreto de Gabinete 105 del 29 de junio de 1972 que autorizaba la adquisición de todos los bienes e instalaciones pertenecientes a la Companía Panameña de Fuerza y Luz.

En septiembre de 1972, finalmente se llegaba a un acuerdo de compra. La empresa recibiría una compensación de $22 millones en efectivo.

El gobierno del general Torrijos fortalecía su control sobre la economía nacional y los destinos del país.

Nota del autor: Este artículo ha sido basado mayormente en la información suministrada por la Revista Lotería, número 200 de junio de 1972, y por lo tanto, debe mirarse mayormente como la posición del gobierno panameño sobre los hechos.