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- 10/12/2020 00:00
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Objetivo 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, en comunidades vulnerables y aisladas”.
Los planes del Estado se han trastocado con la llegada de la pandemia; por ello la importancia de replantear la manera de cómo se podrán cumplir los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. En particular, el objetivo 7, en el cual se recoge el derecho que tienen los ciudadanos con relación al acceso a la energía eléctrica. De la misma manera planteamos estrategias que contribuyan a la descarbonización de la matriz de la generación de energía eléctrica del país.
Todo indica que el sector público no podrá desembolsar fondos importantes en el corto, mediano y largo plazo, necesarios para el fomento de proyectos cuyo objetivo sea garantizar el acceso a una energía alcanzable, confiable y sostenible, por lo que se hace imprescindible incluir al sector privado en estos proyectos, a través de las asociaciones público privadas (APP Ley No. 93 de 19 de septiembre de 2019), ley destinada a fomentar la inversión privada y la creación de empleos.
Es decir, el Estado deberá enfocarse en la utilización de las APP para contratar proyectos de generación distribuida de energía con fuentes de energía renovables no convencionales que requieran inversiones de capital. El desafío es reducir en lo posible la pobreza energética que ya era evidente, pero que ha quedado al desnudo con la pandemia de la covid19 y sus afectaciones en lo social y económico en todo el país.
La brecha en el acceso a los servicios energéticos de los grupos más vulnerables del país se ha ampliado en los últimos años, lo que se convierte en un objetivo ineludible que requiere tomar acciones inmediatas por parte del Estado y propiciar el acceso universal y equitativo a una energía de calidad.
Una forma que podría resultar factible es la organización y conformación de microrredes eléctricas para las comunidades aisladas, a través de la gestión de proyectos comunitarios en conjunto con las asociaciones público privadas, que promuevan el involucramiento y participación comunitaria. Con esta estrategia se promovería mayor conocimiento por parte de la comunidad de la importancia de las energías renovables.
Estos tipos de proyectos, por ser soluciones efectivas y debidamente probadas en otras latitudes, podrían implementarse en nuestro país de tal manera que surja la figura del prosumidor, con la cual se podrían generar ingresos adicionales para las comunidades participantes, inclusive generarían empleos tanto directos como indirectos al momento de desarrollarse los proyectos. Sin embargo, los asentamientos humanos vulnerables y aislados tienen ausencia de capacidades organizativas y técnicas. Por esto y ante todo, se requiere la participación de los principales actores, tales como el sector privado, la academia, la sociedad civil y el gobierno para que se gestione y se ejecute con antelación un proceso de formación de las comunidades interesadas en el fomento de estas estrategias que involucran la creación de alianzas.
De concretarse estas estrategias, se estarían materializando acciones que mejorarían de una manera importante las condiciones de vida de estos habitantes, proveyendo la posibilidad de conservar sus alimentos, la iluminación de sus viviendas, bombeo de agua para consumo humano y el suministro eléctrico para las instalaciones sanitarias. Con esto se permitiría también las comunicaciones satelitales y el aprovechamiento de los servicios informáticos, conectando a estos asentamientos humanos con la modernidad.