Iniciativa legislativa evitaría que los bancos terminen su relación con clientes que están siendo investigados

Una iniciativa legislativa busca evitar que las empresas y entidades financieras (bancos, aseguradoras, casas de valores, administradores de fondos de pensiones y jubilaciones y financieras, entre otras) terminen intempestivamente la relación comercial o contractual con un cliente sujeto por publicaciones noticiosas en los medios de comunicación social, internet o redes sociales o por esta siendo investigado en un proceso.

En la práctica, las entidades financieras terminan sus relaciones con los clientes cuando se inicia algún proceso de investigación penal, que los vincule y antes de que exista una decisión en firme que establezca la culpabilidad o inocencia de la persona. Con ello, el cliente queda desprotegido y sin capacidad de conducir sus actividades comerciales y personales, explicó una fuente vinculada al sector.

La propuesta establece que en caso de que la institución bancaria insista en la terminación de la relación comercial o contractual con el cliente deberá otorgar 60 días para que este pueda iniciar una nueva con otro banco. La institución bancaria que incumpla con estos preceptos sería sujeta a $15,000 de multa por cada cliente afectado. La sanción sería impuesta por el ente reguladora competente.

“Para nadie es un secreto que no permitir el acceso a productos financieros configura, de facto, una sanción de carácter privado y ajena al proceso penal, que puede limitar, y de forma grave, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como al trabajo y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros”, explica el diputado en la exposición de motivos del proyecto.

El proyecto “por medio del cual se protege el derecho fundamental de presunción de inocencia en el sistema financiero” es promovido por el diputado Raúl pineda.

Pineda dijo que lo impulsó a proponer el proyecto las quejas de personas a las que se han cerrado cuentas bancarias sin explicación. “Hay abogados y contadores que le han cerrado cuentas por tener clientes detenidos”, reiteró.

Agregó que su interés es abrir un espacio para la discusión del tema y lograr que el ente regulador de la banca puede ofrecerle un respaldo a los clientes que sufren este tipo de situaciones.

El diputado concluyó que está haciendo consultas a diferentes gremios (Colegio Nacional de Abogados, Colegio de Contadores y organizaciones bancarias) para que participen del debate.

El proyecto podría –según el diputado– estar llegando a primer debate la próxima semana en la Comisión de Comercio.