Jáquima para un caballo...

Accidentada fue la aprobación de la ley de transparencia, aunque más lo ha sido, hasta tortuosa, su puesta en práctica. Nació esa ley del clamor de un grupo de ciudadanos que consideran, en forma legítima, que ya está bueno que quienes gobiernan metan en una urna de confidencialidad todo aquello de importancia pública.

En una sociedad democrática existe el derecho de acceso a la información pública. En nuestra nación está consagrado en la Constitución, y que puede ser impulsado a través de la garantía procesal: la acción de hábeas data.

Objetivo primero de esa ley fue establecer un sistema de escrutinio de la ciudadanía de las materias públicas manejadas por los personeros y otros servidores públicos.

Los gobernantes, sobre todo si llegan al poder por la vía del sufragio, creen que se ha legitimado para no ofrecer explicaciones sobre sus actos ni menos la rendición de cuentas y los pormenores del quehacer de la vida pública. Como si se les hubiesen extendido un cheque en blanco, en sociedades donde la corrupción está a la orden del día, y a veces se estima que es de carácter genético entre los gestores de la administración pública.

Fuimos pioneros en Latinoamérica en materia de ese tipo de ley de acceso a la información pública, sin embargo empezamos a quedarnos rezagados. El Gobierno mireyista, gestor de la legislación, de manera temprana se convirtió en su decapitador, al promulgar un decreto ejecutivo que le cortó alas a la iniciativa. Muchas informaciones de carácter público quedaron encapsuladas en una burbuja.

A quienes gobiernan les fascina el hermetismo y la confidencialidad de sus actos equivale a la adrenalina que anima a un maratonista de alto rendimiento.

Esa ha sido la suerte de esa ley: se le han cortado las alas.

No es todo: la ciudadanía sufre una fatiga perniciosa, y la corrupción galopa como caballo desbocado, sin que haya controles, y se presione a los funcionarios a entregar las informaciones. Son aislados los casos de individuos y personas que establezcan exigencias para la sobrevivencia de la ley de acceso de la información pública.

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) se propone desarrollar un programa en que se resalte la importancia del derecho de acceso a la información pública y se coadyuve para que periodistas, medios de comunicación social y salas de redacción saquen de la agonía una legislación que fue pionera y timbre de orgullo para los nacionales de este país.

PRESIDENTE DE CONAPE