Hacia una justicia transparente

No es fácil escribir sobre la administración de justicia. Su mundo interior es sumamente complejo y persistentemente es golpeado por corrientes encontradas. La misión judicial de desatar controversias puede dejar saldos muy conflictivos. Siempre una parte, la perdedora, inunda de reproches el escenario nacional y muchas veces los juicios críticos cometen el error de generalizar, de modo que pagan justos por pecadores.

Seguramente esta característica no es de exclusivo sello nacional. A un magistrado español lo escuché quejarse de la mala imagen que proyecta la justicia y resignadamente decía que la justicia, lamentablemente, no es fotogénica. Y desde luego es mucho menos fotogénica cuando algunos magistrados y jueces a la hora del escrutinio de sus fallos desprecian olímpicamente los comentarios que pueden afectar o contrariar sus puntos de vista.

La apreciación del papel de la justicia se toma más compleja cuando propios y foráneos califican a la justicia panameña como corrupta. La generalización, repito, hace que el bosque esconda lo singular, porque conozco tantos jueces y magistrados correctos que deben sentirse muy heridos cuando el fusilamiento resulta global.

La envestida crítica es más apabullante porque se tiene la costumbre de no explicar fallos y conductas, so pretexto de que los jueces solo hablan a través de sus sentencias. Es una vieja teoría absolutamente caducada, no por vieja sino por soberbia, porque todo funcionario debe salir al frente de su actuación y porque siempre tiene validez el aforismo que indica que “quien calla otorga”.

De allí que las denuncias generalmente son abstractas, impersonales y por ello se cubren con la manta del silencio y cuando son personales y directas se recurre a la confiscación de la respuesta, porque el juez, reitero, solo habla a través de sus fallos y no se le permite palabras aclaratorias adicionales.

Lo que falta, en consecuencia, es un nuevo timón en el Órgano Judicial que coloque en la bitácora el rumbo que lleve a la explicación e investigación permanente. Ese nuevo timón como que ha llegado a la Presidencia de la Corte Suprema y cada una de las palabras del magistrado Harley Mitchell están dirigidas a ponerse en sintonía con un viejo clamor de la sociedad decente.

No se trata de lograr que el presidente de la Corte se convierta en investigador de la conducta de jueces y magistrados porque esa no es taxativamente su función constitucional; de lo que se trata es lograr que el presidente de la Corte Suprema por su actuación se revista de tal autoridad moral que cuando emita una opinión ante una denuncia concreta de corrupción, el funcionario afectado dimita en el acto, abrumado por el índice incorruptible que lo censura.

El magistrado presidente encontrará en los archivos de la Corte Suprema muchas denuncias acumuladas. Utilizará el plumero, pero los asociados deben comprender que la única denuncia idónea es la que se apareja con nombre y apellido determinado.

Recientemente un organismo internacional fulminó a la justicia panameña, denunciando en abstracto actos de corrupción que deben ser concretados. La gestión presidencial del magistrado Mitchell debe encarar esas denuncias, no pidiendo pruebas, sino exigiendo autorías. El recurso de pedir pruebas al canto es un escapismo que constituye el paso inicial de la impunidad. Pero enfrentar la denuncia solicitando la personalización del ilícito es el procedimiento de lo justo.

Uno de los grandes escollos que tuvo la Comisión Presidencial Anticorrupción fue la poca concreción de las denuncias a la hora de especificar los hechos. Lo que se denuncia públicamente con fuerza termina a la hora de la verdad en vaguedades, porque no exista posiblemente el delito, sino porque en el ejercicio de la denuncia pública los hechos se perciben más de oídas que los que resultan del conocimiento directo de la anomalía.

A su vez, debo decir que los nuevos magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía han despertado general expectativa. En lo personal tengo razones para esperar de ellos, mis ex alumnos, resultados muy positivos. Pero deben comprender que llegan a la Corte Suprema en momentos de crisis de credibilidad. La opinión pública y los medios de comunicación observarán sus actuaciones con la atención y hasta con la malicia con que los pueblos del interior, de antaño, seguían los pasos del cura y del maestro. Eran los líderes en el campo del espíritu. Ellos no podían dar ninguna clase de traspié. Esa debe ser la función de todos los magistrados y jueces en esta época de quebrantamiento social.

En estos nuevos rumbos el abogado tiene una misión coadyuvante superlativa porque si la corrupción tiene como presupuesto el soborno, con un cuerpo de abogados decente no existiría el soborno ni, por tanto, la prevaricación.

Si bien es cierto, como he dicho, que la justicia del mundo, entre otros motivos por la naturaleza de su misión, es poco fotogénica, hagamos el esfuerzo para hacerla transparente, independiente y libre de toda clase de antifaces, incluyendo, por supuesto, los que portaban los conquistadores del mar.

La versión original de este artículo fue publicada el 5 de enero de 2008.