La historia de Alexandra: una violación, una decisión desesperada y una condena

“Yo les supliqué que pararan... Me dejaron porque pensaron que estaba muerta”, este es el primer recuerdo que se desprende de la memoria de Alexandra, hoy, una mujer de 30 años que fue víctima de violación sexual en el año 2015. Su nombre es un seudónimo, un resguardo necesario para proteger su identidad.

La memoria de Alexandra aún es clara. En cada palabra se traslada a aquel escenario que marcó su vida para siempre. Incluso, ese mismo titubeo en sus relatos toma forma en su lenguaje corporal. Cada detalle del abuso que sufrió pareciera recrear al instante el terror que sintió. El mismo terror que, en sus palabras, 10 años después aún la persigue.

Su testimonio remonta la escena al año 2015 en el barrio donde vivía en aquel entonces. El sonido de las ruedas de un automóvil que perseguía sus pasos fue el primero de sus sobresaltos. Lo que vendría después sería la pesadilla que la atormentaría en cada una de sus noches.

Dos sujetos descendieron del auto, se abalanzaron sobre ella, la golpearon, la desnudaron en una cancha de tierra y allí, la violaron.

”Pedí ayuda, pero nadie me escuchó”, expresa. Las horas posteriores al hecho fueron un proceso de asimilación.

Panamá aumentó un 16 % los delitos sexuales

El testimonio de Alexandra no se aleja de la situación que vive el país en la actualidad. Solo en el primer semestre de 2026, Panamá registró un aumento del 16 % en delitos de naturaleza sexual. Según datos del Ministerio Público, en los primeros meses de 2026 se registraron 3,216 denuncias por delitos de este tipo, comparado a las 2,771 denuncias de este mismo período en el año 2025.

La provincia de Panamá continúa concentrando la mayor cantidad de denuncias por delitos sexuales, seguida de la provincia de Chiriquí, Panamá Oeste y la comarca Ngöbe Buglé.

”Yo quedé inconsciente por un tiempo, no sé la verdad por cuánto... cuando me desperté ya era de día”, recuerda Alexandra con una lucidez intermitente.

El silencio institucional

Las primeras 24 horas posteriores a una violación sexual son clave para la investigación; en el cuerpo de la víctima se pueden dar hallazgos importantes como el ADN, las pruebas de agresiones físicas y análisis comparativos.

Sin embargo, Janet Robeto Miranda, fiscal superior en la Sección Primera de delitos contra la libertad e integridad sexual, manifestó en declaraciones a La Estrella de Panamá que el mayor porcentaje de los casos que investiga el Ministerio Público están asociados a denuncias muy tardías.

Alexandra salió de una reunión nocturna con amigos, pero nunca pensó que su camino de regreso a casa no sería como de costumbre.

-No hay, no hay manera de que yo vuelva a hacer la misma de antes. Es imposible. Es algo que ya acepté y que tengo que aprender a vivir con esto, como lo he hecho durante todos estos años-

Su madre la acompañó a presentar la denuncia a las instancias correspondientes. A su llegada, el trauma del hecho y el impacto de la respuesta negativa de la justicia aumentarían su desesperación.

Alexandra estaba en una reunión social con amigos horas antes del hecho. Había consumido alcohol y, al momento de realizar las pruebas en medicatura forense y posteriormente en la Fiscalía, la reacción de las autoridades fue directa e inminente: “Me preguntaron muchas veces que si estaba bajo los efectos del alcohol y le dije que sí. Luego me preguntaron muchísimas veces más que si había sido consensuado. Mi respuesta siempre fue la misma: ‘No, no fue consensuado. Fue abuso’”.

Alexandra recuerda que el abordamiento de las instituciones abrió otra herida. “Siempre insinuaron que el acto fue consensuado”.

La violación había sido el primer hecho que marcó su vida. Después llegó el proceso institucional: las preguntas reiteradas sobre si había consumido alcohol, las dudas sobre si el encuentro había sido consensuado y la falta de respuestas sobre la investigación. Para Alexandra, esa respuesta significó enfrentar nuevamente el hecho, esta vez desde la desconfianza y la falta de protección.

Su reclamo es contundente. “Fue víctima por segunda vez”, dice, al referirse a la manera en que fue atendida por las instituciones y a la respuesta que recibió de un sistema del que esperaba protección y justicia.

La psicóloga social especialista en crisis y violencia de género, Ana Lucía Santamaría, explica que el cuestionamiento constante a una persona que denuncia una agresión sexual puede profundizar el impacto psicológico del hecho. La falta de sensibilización durante la atención médica, psicológica o judicial puede hacer que las víctimas duden de su propia experiencia o sientan que son responsables de lo ocurrido.

-Necesitamos más sensibilización para no revictimizar, porque en el momento en que tú le dices: ¿estás segura que quieres denunciar?, ¿tienes pruebas?, y empiezan como a cuestionar, esto puede hacer que las víctimas puedan llegar a creer que se lo imaginaron o creer que no pasó, de tanto que se lo han cuestionado. Eso es una dinamita psicológica muy compleja-

Consecuencias, la otra historia

Seis meses después de la agresión, su cuerpo comenzó a mostrar las consecuencias. Los cambios físicos revelaron un embarazo, una realidad que hizo todavía más complejo su proceso de recuperación.

-Yo sentía muy dentro de mí que esa bebé no era de mi pareja en ese momento. Yo no sentía un amor de madre porque sabía que cada vez que mirara a la bebé, me iba a acordar de lo que pasó-

Ante su negación total a continuar con el embarazo, decidió consultar a los médicos la posibilidad de una interrupción. Las respuestas fueron en negación: el tiempo gestacional era demasiado avanzado para intervenir.

El artículo 144 del Código Penal de Panamá establece que una mujer embarazada como consecuencia de un delito sexual puede solicitar la interrupción del aborto únicamente durante los dos primeros meses de gestación, y siempre que se haya determinado jurídicamente que el hecho corresponde a una violación y no a otra conducta típica.

En esta línea, la jefa nacional de la sección de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, Geneva Mireya González, señala que cerca de la mitad de las víctimas de agresión sexual que resultan embarazadas acuden al sistema de salud después de las 8 a 10 semanas de gestación.

Superado este tiempo, la recolección de pruebas físicas de la agresión se dificulta significativamente, imposibilitando la interrupción por la vía legal existente y obligando a la continuidad de la gestación.

El proceso de investigación del caso de Alexandra no duró más de seis meses. Durante ese tiempo, a Alexandra le tocó enfrentar una realidad incierta; lejos de obtener justicia, tuvo que enfrentar un embarazo que la llevaba a revivir entre lágrimas, la escena de aquella cancha, de aquella tierra en su cuerpo y de los golpes de sus agresores.

-No pasó absolutamente nada. Nunca encontraron a las personas responsables. Nunca hubo una consecuencia para ellos. Nunca hubo un apoyo psicológico, ni un seguimiento psicológico para mí-

La psicóloga Santamaría manifiesta que la falta de atención y seguimiento psicológico a las víctimas puede recaer en la aparición de trastornos depresivos mayores. “El sufrimiento de la víctima es tan grande que empiezan a sentir desesperanza muy grande... Aparecen las ideaciones suicidas”.

La especialista explica que las reacciones pueden ir desde ataques de pánico, pesadillas y alteraciones del sueño hasta flashbacks, cambios en la alimentación, aislamiento social y dificultades para cumplir con responsabilidades cotidianas.

Una decisión desesperada y el engaño

Cada día que transcurría, cada movimiento de su bebé le recordaba aquel evento traumático. Sus rutinas diarias se traducían en repensar el hecho, llorar en el baño de su trabajo o dentro de su habitación. Desde el inicio, Alexandra sintió que no podría asumir la crianza del bebé. Buscó asesoría legal para tramitar una adopción. Por recomendación de una compañera de trabajo, contactó a una abogada particular, quien le planteó una solución directa y, a simple vista, sencilla: la profesional y su esposo asumirían ‘responsablemente’ la crianza de la menor.

Sin conocer de trámites legales y en medio de una crisis emocional grave, Alexandra aceptó la propuesta como una salida rápida al trauma que la consumía. Sin embargo, esta decisión solo detonaría una secuela peor.

El día del parto, la abogada le indicó que debía ingresar al hospital utilizando la identidad de esta última para hacer más rápida la salida de la recién nacida y así “el proceso de adopción fuera más ágil”.

El día del alta médica, la situación dio un giro drástico. Solo segundos antes de que la abogada se retirara con la bebé, el departamento de asesoría legal del hospital intervino sorpresivamente. Alexandra permaneció retenida mientras se levantaba el acta y la recién nacida era trasladada al Hospital del Niño, y de inmediato pasó a la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La indescifrable verdad de los daots

Este medio solicitó al Ministerio Público las cifras referentes a los embarazos producto de agresiones sexuales; sin embargo, se nos informó que este dato lo manejaba el MINSA. Por su parte, este último afirmó “que no tabulan los casos, solo atienden a las víctimas”.

En el caso puntual de las menores de edad, el Senniaf expresó que durante el año 2025 el Programa de Atención a Adolescentes Embarazadas y Madres Adolescentes de la entidad atendió 416 casos. Mientras que, en lo que va del 2026, han atendido un total de 237 adolescentes. No obstante, la entidad aseguró que estas cifras “corresponden a los casos que son remitidos a la Senniaf y no necesariamente representan la totalidad de los casos que ocurren en el país”.

Incluso, la entidad no precisó si estas cifras únicamente son el resultado de violación sexual, ya que son provenientes de distintas vías: referencias realizadas por el Ministerio Público, por los centros hospitalarios, otras instituciones o personas que detectan una posible situación de vulneración de derechos en menores de edad.

Las investigaciones por la decisión de Alexandra continuaron. Pasó ocho años bajo la sombra.

“Pensé que ya, si no me habían llamado más, ni me habían dicho más nada, ya todo se había acabado. Comencé una nueva relación y me volví a sentir tranquila y en paz”, declara. Sin embargo, ese sentimiento fue fugaz.

En el 2023, planeando un viaje familiar se topó nuevamente con una realidad que creía haber dejado atrás. Descubrió que la investigación por la decisión de entregar a la bebé que había dado a luz seguía abierta y tuvo que volver a buscar asesoría legal para enfrentar el caso.

El proceso volvió a consumirla. Desde allí llegaron gastos que no podía asumir. Se endeudó, pidió préstamos y su madre también tuvo que endeudarse para ayudarla.

Los días pasaban y la incertidumbre aumentaba. En uno de ellos, llegó la condena.

Alexandra descubrió que por medio de una audiencia no presencial, realizada en el año 2019, fue sentenciada a cinco años de prisión por el delito de trata de personas.

Posteriormente, en el año 2024, volvió a enfrentar una nueva audiencia con la esperanza de encontrar una salida. Los días multa fueron la solución. El juez le fijó un monto que debía pagar en 11 meses.

Pero el tiempo pasó y el dinero no alcanzó. Perdió su trabajo. Cayó en depresión. La ansiedad se hizo cada vez más presente. Desde entonces, vive con un miedo que se volvió cotidiano.

El periodo para pagar la totalidad de la multa venció a finales de 2025. La ansiedad la consumía. Su inestabilidad emocional y la desesperación la llevaron a abrir una parte de su pasado que, hasta entonces, había mantenido en silencio. Por primera vez, Alexandra habló con su nueva pareja sobre aquello que durante años la había perseguido.

El proceso posterior ha sido un desafío. Terapias, sesiones y un espíritu de lucha para sostener a su familia han formado parte de ese camino.

En los primeros meses de 2026, Alexandra volvió a consultar sobre el proceso y espera culminar con el pago de los días multa. No lo hace con la esperanza de borrar lo sucedido, sino con el deseo de encontrar paz.

El post de la condena

Alexandra sufrió varios ataques de ansiedad mientras contaba su historia a este diario. En medio de uno de ellos, hizo una pausa profunda, sus manos se mantenían temblorosas y su mirada perdida. Luego exclamó en tono angustiante: “Esto me va a perseguir el resto de mi vida”.

-Ser ignorante no me exime de la responsabilidad de cometer un error. Está bien, cometí un error, pero no lo hice con ninguna malicia, ni con ganas de hacerle mal a nadie. Yo no traficé a un niño. Yo no la vendí-

La psicóloga Santamaría explica que, cuando se habla de trauma, el objetivo no necesariamente es olvidar lo sucedido, sino integrarlo como parte de la historia de vida sin que ese recuerdo impida funcionar, estudiar, trabajar o alcanzar las propias metas.

Alexandra vive intentando olvidar. Deseando que su historia hubiera sido escuchada a tiempo. Vive bajo la penumbra de un sistema que la juzgó, la desprotegió y la condenó.

Desde la voz de la especialista en violencia de género, Ana Lucía Santamaría, la necesidad de escuchar a las víctimas es vital. “El número de denuncias falsas es ínfimo, es menos del 0 %. Entonces, realmente es importante creerle a las personas”, puntualizó.

Los casos de violación sexual en Panamá continúan en aumento. Desde la sección primaria de delitos contra la libertad e integridad sexual del Ministerio Público, las penas por delitos sexuales tienen ‘buenos resultados’, según manifestó la fiscal Janet Robeto Miranda. En lo que va de este año, solo en esta sección se han logrado cinco condenas por encima de los 50 años.

Hoy, diez años después, Alexandra ya no espera una condena por la violación que sufrió. Su esperanza de justicia murió. En su lugar, espera poder vivir en libertad, reconstruir definitivamente su vida, disfrutar de su familia y desear que nadie pase por lo que ella ha tenido que enfrentar. “Ojalá que esto no me persiga el resto de mi vida”.