Legislativo y Ejecutivo avalan normas para mejorar el sistema educativo

El Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo avalaron sendas normas dirigidas para permitir la medición de los aprendizajes de los estudiantes mediante evaluaciones académicas estandarizadas, y por el otro lado, para legalizar las modalidades flexibles de enseñanza en el país.

Por un lado, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 806, que establece la evaluación estandarizada para la medición del rendimiento académico de los estudiantes de educación básica general y media de los centros educativos.

La norma, que requerirá ahora de la sanción del Órgano Ejecutivo para convertirse en ley de la República, tiene por objeto establecer los principios, obligaciones y procedimientos que permitan la medición de los aprendizajes mediante la aplicación de evaluaciones académicas estandarizadas de los estudiantes de educación básica general y media de los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional.

Además de conocer el aprendizaje de la población estudiantil, la norma también busca evaluar el trabajo que hace el docente desde su planificación en el aula, sus modelos y enfoques metodológicos e instrumentos utilizados para la formación de competencias del estudiante.

Por otro lado, el Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece los lineamientos generales para la implementación de la política pública educativa sobre modalidades flexibles en el sistema educativo, para la prevención y mitigación del abandono escolar y de la exclusión educativa.

La propuesta establece las políticas públicas en materia de modalidades flexibles para prevenir la deserción escolar, la exclusión educativa y promover la reinserción de los estudiantes al sistema educativo.

La ministra Gorday de Villalobos señaló que el objetivo es que esta política pública de las modalidades flexibles a través de la educación presencial, semipresencial a distancia o híbrida queden en firme mediante ley, ya que actualmente están establecidas en un decreto ejecutivo que se promulgó durante la pandemia, lo que permitió mantener el sistema educativo operando para beneficio de miles de estudiantes panameños.