Ley 462: crecen voces por comisión de la verdad ante abusos del Estado en protestas

grupos indígenas, docentes y familiares de la víctimas presentaron ante la Asamblea Nacional una propuesta en la que piden investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Se trata de una solicitud que hace la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con docentes el Movimiento Indígena Campesino de la comarca Ngöbe Buglé y el Oriente chiricano, en la que llaman a los diputados a constituir de manera urgente una comisión de la verdad que investigue, documente y analice lo ocurrido en las protestas, que suman ya más de 70 días consecutivos, y en donde pudieron tener lugar vulneraciones a los derechos humanos tras la intervención de la fuerza pública.

El objetivo de la comisión sería elaborar un informe público que permita dimensionar las condiciones, circunstancias y magnitud de los abusos cometidos; además, con ello se puedan encausar procesos de justicia, reparación a las víctimas y no repetición.

Los diputados Lenin Ulate, Walkiria Chandler y Alexandra Brenes de Vamos, junto con Nixon Andrade y Flor Brenes del Partido Revolucionario Democrático, recibieron a los líderes, quienes recordaron que ayer se cumplieron 15 años de la represión de 2010 en Changuinola por la Ley Chorizo, que dejó muertos y lisiados de por vida. Entonces, el hoy presidente José Raúl Mulino era ministro de Seguridad.

La iniciativa llega un día después de que otro grupo de líderes indígenas también pidiera a los diputados investigar posibles abusos de la policía fronteriza en la comunidad de Arimae, en Darién.

La Coordinadora también presentó un informe preliminar con al menos 1.061 reportes de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y registros de fallecidos, con casos en Bocas del Toro, Veraguas, Panamá y Colón.

El reporte también describe una política del Estado de “criminalización de la protesta”, “revictimización” a los afectados y la construcción de un “aparato discursivo para negar” los abusos.

El Reglamento Interno de la Asamblea en su artículo 67 faculta para crear comisiones de investigación para intereses de orden público. En este caso, se requiere la firma de al menos un diputado de cada bancada para conformar la comisión, lo que mantiene parada la propuesta ante la falta del apoyo de diputados del gobernante partido Realizando Metas (RM).

Fuentes legislativas indicaron a este diario que este lunes ya se había alcanzado el número de apoyos de diputados de todos los partidos e independientes, incluida la de una diputada de RM, pero tras presiones de la bancada oficialista, finalmente no participó, lo que dejó por el momento bloqueada la propuesta.

El 3 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó un informe preliminar sobre el estado de urgencia decretado por el gobierno en Bocas del Toro, donde habla de indicios graves de violaciones a los derechos humanos durante el estado de urgencia que suspendió las garantías constitucionales y bloqueó la comunicación a toda la provincia, unas 159.000 personas.