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- 10/06/2010 02:00
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PANAMÁ. En medio de voces de rechazo, abucheos, críticas y calificativos de ‘maleantes’ de parte de representantes de distintos sectores sociales, los diputados de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea aprobaron ayer en primer debate el proyecto 177, llamado ‘ley langosta’, que incluye reformas en nueve materias distintas.
En el debate, los grupos ambientalistas, laborales, sindicales y de la sociedad organizada solo tuvieron cinco minutos —por grupo— para plantear sus objeciones al proyecto. Los diputados del PRD intentaron hacer propuestas para eliminar los temas distintos a la aviación comercial que supuestamente busca desarrollar la iniciativa de ley, pero los mociones fueron negadas.
El presidente de la Comisión, Marco González, de Cambio Democrático, fue calificado de ‘servil’ por los opositores.
De esta forma las modificaciones, como las del Código de Trabajo dirigidas a contrarrestar el derecho a huelga y que las empresas puedan contratar personal sustituto en tales casos, fueron aprobadas en conjunto. Además, se pretende crear otro consejo de trabajadores, el cual se denominará Consejo Nacional de Trabajadores de Panamá (Cotrapa), —paralelo al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO)— y se eliminará la obligatoriedad del pago de las cuotas por afiliación sindical.
Los sindicalistas Santiago Ramos, Samuel Rivera, Guillermo Puga, Gabriel Castillo, Aníbal Herrera y Edgar Díaz deploraron estas reformas laborales, argumentando que se violarán todos los convenios internacionales que amparan los derechos de los trabajadores.
Puga vaticinó serios problemas. ‘Se producirán conflictos entre trabajadores y las empresas, es un retroceso’, dijo.
No obstante, la viceministra de la Presidencia, María Fábrega, y la ministra de Trabajo, Alma Cortés, defendieron el proyecto del Ejecutivo, pues aseguran que se están ‘sacando las cosas de contexto’.
En medio de los abucheos, Fábrega sostuvo que no se darán contratos nuevos en casos de huelgas y pidió que ‘no se critique sin bases’.
Según la ministra Cortés, lo que están proponiendo son reformas que garantizan la seguridad de los trabajadores. Esto porque se adicionaron dos modificaciones para que todas las construcciones tengan un oficial de seguridad del Ministerio de Trabajo y un ingeniero residente para evitar accidentes.
AMBIENTE
Unas 36 grupos ambientalistas denunciaron la eliminación del estudio de impacto ambiental en obras del Estado con el pretexto de serán de ‘interés social’.
Fundaciones como MarViva, Ancón, Incidencia Ambiental, Almanaque Azul pedían respetar el ambiente. Al final, solo se incluyó una modificación para excluir proyectos como los de minerías.