Gozaine invita a la denuncia por violar la Ley 34

Tras los efectos que ha tenido en los consumidores la Ley 34 que prohíbe el cobro de la propina obligatoria en los restaurantes, centros de diversión y demás sitios que brinden bienes y servicios, el diputado Samir Gozaine hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar la violación de esta norma.

Gozaine dijo que los consumidores deben tener conciencia de que la violación a la norma puede ser denunciada ante la Autoridad del Consumidor y Libre Competencia ( Acodeco), como ente encargado de hacer cumplir la ley.

El diputado aclaró que la propina es de carácter voluntario y que no puede ser incluida en la factura que se presente al cliente al momento que se le entrega este documento final con la cuenta por el bien o servicio recibido.

Mediante la Ley 34, se añaden varias modificaciones a la Ley 25 del año 2007 sobre la protección al consumidor.

Gozaine, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 4-1, distrito de David, insiste en que la norma aprobada es clara en que la propina es voluntaria y aunque puede ser sugerida, no debe estar incluida en la factura final.

Actualmente, el diputado Gozaine es presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional y expresó estar dispuesto a colaborar para que se cumpla con lo establecido en la Ley 34.

Según el diputado, los reportes que se han recibido hasta ahora revelan que se ha dado cumplimiento en la mayoría de los establecimientos en cuanto al cobro de la propina.

En el caso de que se incluya en la factura, debe estar bien diferenciada la propina del cobro de tasas o cualquier impuesto que cobren los locales.

La ley dispone la prohibición que tendrá el proveedor de los bienes o servicios de cualquier práctica que induzca a la confusión, error o engaño sobre el precio de los bienes o servicios que se ofrecen a los consumidores.

La Ley 34 de agosto del 2016 establece otras disposiciones, como la obligatoriedad de los comercios a recibir de parte de los consumidores los billetes de $50 y $100 que son de curso obligatorio en el territorio fiscal panameño.

La obligación se incluyó ante las constantes quejas de parte de los consumidores que son obligados a firmar documentos y procesos engorrosos al pagar con billetes de estas denominaciones.