Civilistas contra ley de los ‘pinchazos’

PANAMÁ. Los pinchazos no pueden ser indefinidos, tampoco se tiene la capacidad tecnológica para realizar esta operación de monitoreo, constituyen una violación a la intimidad, estas son algunas de las observaciones de los miembros de la sociedad civil, reunidos ayer, para afinar las medidas a seguir desde hoy, día que se lleva el proyecto a la Comisión de Gobierno, de la Asamblea Nacional.

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, considera que el proyecto de ley tiene que retirarse porque atenta con las libertades de los derechos ciudadanos, y mientras no exista un sistema acusatorio, donde se garanticen las libertades ciudadanas, es muy riesgoso tener leyes de este tipo.

Castillo argumentó que el primer paso que puede hacer el Estado es poner en marcha el nuevo Sistema Acusatorio, y esto precisamente, lo ha pospuesto, por lo tanto, ese proyecto de ley debe ser retirado porque no guarda relación con un sistema democrático.

“Yo veo que es una violación a los derechos ciudadanos, porque quién los garantiza, cuando tenemos un sistema sin adecuados controles. Esta no es iniciativa sólo de la Alianza, hay otras organizaciones que nos están apoyando, pero tenemos que buscar el apoyo de toda la sociedad”, mencionó.

Por su parte, Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, y también presente en la reunión de afinación, advirtió que antes de seguir con los debates de esta ley se deberían derogar los decretos de seguridad, aprobados por el gobierno y que aún no se han hecho.

“Pensamos que el tema de la seguridad se iba a manejar de manera integral, no por parches, y este proyecto de escuchas telefónicas es un parche”, aseguró.

Este proyecto permite que se vulneren los derechos de las personas entonces podemos sentarnos a discutir esa ley de los registros de las llamadas telefónicas, que reconocemos que es necesario, que de alguna manera porque se fue muy liberal en la venta de los chips y de los celulares y que debe reglamentarse pero afortunadamente no tenemos un sistema “garantista” que se permita el abuso.

Los miembros de estas organizaciones consideran que el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, no se siente comprometido con el Pacto de Estado por la Justicia y ha lanzado expresiones de rechazo a los espacios de diálogos entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. También le preocupa la presentación de estos proyectos de ley de forma unilateral, sin haber sido debatidos.

Ayer, la comisión legislativa de Gobierno no discutió el proyecto. Los diputados que componen esta instancia legislativa se ausentaron sin dar explicaciones. La comisión que preside el oficialista Jorge Alberto Rosas no tiene ahora una fecha para iniciar el proceso de consultas de la norma, del que con seguridad, serán parte aquellos sectores que adversan la iniciativa gubernamental.