Ley sobre la abogacía abre debate a la espera de veto o sanción de Mulino

Este martes, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en tercer debate el proyecto de ley 168, que modifica la Ley 350 de 2022, sobre la regulación del ejercicio de la abogacía en Panamá.

La propuesta, presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino y también abogado, Ernesto Cedeño, plantea entre sus cambios principales que el examen de barra deja de ser obligatorio para obtener el certificado de idoneidad profesional.

La actual normativa otorga al Órgano Judicial las facultades para aplicar estos exámenes, que deben hacer los egresados de la licenciatura en Derecho que aspiran a ser idóneos; un proceso que se propuso inicialmente como un mecanismo de control para garantizar la calidad de la formación de la abogacía, pero que terminó siendo una traba para los estudiantes, sostiene Cedeño.

“Aquí se cometió un error al sostener que con un solo examen previo a la idoneidad se iba a mejorar la calidad de los estudiantes que aspiran a ser abogados. Es un contrasentido hablar de calidad si no se incorpora a la Universidad de Panamá (UP)”, manifestó.

El diputado dijo que el asunto nació del reclamo de los estudiantes de derecho que se han visto sometidos a procesos que no estaban inicialmente regulados dentro de la Ley 350 y que en la práctica se convirtieron en un obstáculo injustificado para obtener la idoneidad.

“Aquí lo que se hizo fue justicia a cientos de estudiantes, a ellos se les cambiaron las reglas sin previo aviso. Tú no puedes cambiar la reglas del juego ni los lineamientos con procesos engorrosos”, sostuvo Cedeño sobre una propuesta que recibió luz verde de los diputados por una abrumadora mayoría: 47 votos a favor, dos abstenciones y sin votos en contra.

La modificación apunta al artículo 2 de la Ley 350 que habla de los requisitos para recibir la idoneidad y el artículo 3, que establece a la Corte Suprema de Justicia como la institución que debe aplicar dicho examen, previo a un curso obligatorio. Ahora se establece como requisito, además de ser panameño y poseer un título de licenciatura en Derecho expedido por una universidad acreditada, las opciones de aprobar un examen, hacer una tesis publicada en una revista indexada o especializada como opción de graduación o hacer servicios voluntarios de tres meses en despachos o juzgados del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Además, el examen ya no lo aplicará el Órgano Judicial, sino la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP, casa de estudios superiores que supervisa al resto de universidades en el territorio nacional.

Si bien el proyecto tiene un apoyo amplio entre las comunidades universitarias y estudiantiles, algunos sectores consideran que la medida es un “retroceso” y que baja los controles sobre la calidad de la formación de los estudiantes que reciben su idoneidad.

“Con el proyecto de ley se pretende traer del mundo académico situaciones como la elaboración de una tesis o la celebración de una practica profesional, que no corresponde con una proceso de obtener una idoneidad”, manifestó Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

A juicio de Araúz, el proceso de examen debe mantenerse, recordando además que existe un fallo de julio de 2024 en el que la Corte Suprema encontró constitucional la prueba. Igualmente cuestionó que el curso que fijo el Órgano Judicial, previo al examen, dificulte el acceso a la idoneidad.

Sin embargo, para Cedeño, la discusión de la calidad de la preparación de los abogados debe darse en los centros de enseñanza responsables de la formación académica previa a la solicitud de la idoneidad. “Lo que se tiene que hacer es exigir a las universidades elevar su rendimiento, revisar el trabajo de los profesores, cuantos días se dan clases, actualizar el pénsum”, dijo.

Cedeño considera que se ha burocratizado la adquisición de la idoneidad, en el que estudiantes tienen que esperar hasta un año para recibirla. Piensa que en la práctica se convirtió en un filtro que más cierra plazas de los nuevos abogados en favor de los juristas que ya están en ejercicio.

Para Manuel Barahona, recién graduado de derecho, la iniciativa es positiva luego de su experiencia en el proceso de conseguir su idoneidad. Según explicó a La Estrella de Panamá, tras terminar su licenciatura en 2023, presentó su solicitud en febrero de 2024 y no fue hasta septiembre de ese año que inició el curso que duró cuatro meses antes de hacer el examen, en marzo de 2025. Luego de superar la prueba, indicó que a la fecha aún no ha recibido su idoneidad.

“Los estudiantes no vemos mal hacer una examen, el tema es que esto tomó otro rumbo con requisitos cada vez más engorrosos y tiempos extendidos. Antes el curso era de un mes, pero luego pasó a cuatro. Ese exceso de requisitos dio la impresión que se estaban alargando el proceso para controlar el mercado de abogacía”, sostuvo Barahona.

Tras la aprobación en tercer debate, está en manos de José Raúl Mulino, presidente de la República y también abogado, vetar o sancionar la propuesta de ley.