Martinelli pide investigar presunto traspaso irregular de condominio vinculado a Carrizo

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, a través de su cuenta de X, hizo una denuncia ciudadana este viernes 7 de noviembre para que se investigue un presunto traspaso “irregular” de un condominio en el que supuestamente está involucrado el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Martinelli pidió la investigación a la Contraloría General de la República, que en la actualidad mantiene secuestradas cuentas y propiedades por 1.3 millones de dólares a Carrizo.

De acuerdo con Martinelli, en este presunto traspaso del condominio esta presuntamente involucrado el exministro consejero en la administración del expresidente Laurentino Cortizo, Tajer Yaafar.

Martinelli en el video que publicó en X indicó que al comienzo de la administración Cortizo el hermano de Yaafar era propietario de un condominio, descrito como un “tipo penthouse”, ubicado en el edificio Marea 2.

Según el expresidente, este inmueble fue cedido “prácticamente gratis” o “a cambio de que no se metieran con Yaafar”.

Este 6 de noviembre se conoció que la Contraloría General de la República, como una medida precautoria, ordenó el secuestro de cuentas y propiedades de Carrizo.

La resolución con el detalle del secuestro fue firmada por el contralor general de la República, Anel Flores.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá, este secuestro es por un supuesto caso de enriquecimiento injustificado.

El secuestro de las cuentas y las propiedades se efectuó mediante la Resolución No. 3286-2025-LEG/PJ con la fecha del 22 de octubre de 2025.

Posteriormente, Carrizo emitió un comunicado en el que reaccionó a publicaciones que, según afirmó, se originan en la Contraloría General de la República y mencionan sus cuentas, vehículos y propiedades.

Carrizo calificó como “lamentable” que información sensible sea filtrada a los medios de comunicación antes de ser comunicada a las partes involucradas.

El también excandidato presidencial advirtió que “este tipo de prácticas atenta contra el debido proceso y la transparencia institucional”.