Defensoría se pronuncia por minería

PANAMÁ. La existencia de una débil normativa institucional en el país para regular el tema de la minería ha hecho necesario que el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, mantenga su posición sobre la imperiosa necesidad de decretar una moratoria a las prácticas de exploración y explotación minera.

De acuerdo con el ombudsman, la poca capacidad que tienen tanto el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) como la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para realizar las inspecciones en los proyectos a los que se les ha otorga permisos de actividades relacionadas con la minería, quedan expuestas al observar los escasos recursos y el limitado personal calificado destinado para ello.

Así lo expone Vargas en su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá, donde enfatizó que a raíz de las carencias en materia minera se evidencia un descuido grave por parte del Estado, que permite que algunas empresas ocasionen daños irreparables a la ecología, vulnerando así el derecho de todas y todos los ciudadanos a un medio ambiente sano.

“Actualmente las empresas que se dedican a la exploración y explotación minera ignoran las normas legales y ambientales establecidas dentro de sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA), a raíz de la poca capacidad de supervisión que tiene el Estado a través de las dos autoridades competentes”, puntualizó. El defensor aclaró que la institución respeta la posición de los grupos que están a favor de la realización de los proyectos de minería.

Esto se deduce de la reciente visita de moradores de Cañazas, Petaquilla y la Comarca Ngöbe Buglé, quienes solicitaron al defensor no desestimar la moratoria a la minería.