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MP pide audiencia para legalizar imágenes tras irrupción del contralor
- 29/04/2026 19:17
El Ministerio Público solicitó una audiencia de control relacionada con la incautación de imágenes obtenidas durante el incidente ocurrido entre funcionarios de la Contraloría General de la República y personal vinculado a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
La diligencia fue presentada por el procurador y fiscal del caso, Luis Carlos Gómez Rudy, con el objetivo de legalizar el material audiovisual recabado el día en que funcionarios de la Contraloría intervinieron en un acto investigativo que involucraba a auditores de la institución.
De acuerdo con información conocida, las imágenes forman parte de los elementos que el Ministerio Público busca incorporar a la investigación penal abierta tras el incidente.
El caso surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara el inicio de una investigación por la supuesta interrupción de una diligencia oficial relacionada con el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado.
Según la versión oficial divulgada por el Ministerio Público, funcionarios de la Contraloría, encabezados por el contralor general Anel Flores, intervinieron en el procedimiento e impidieron que la diligencia concluyera.
La investigación se desarrolla en medio de tensiones entre ambas instituciones por el manejo de auditorías y documentación vinculada al caso.
El Ministerio Público informó previamente que la investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la interrupción del procedimiento y determinar posibles responsabilidades.
Competencia judicial
El Código Procesal Penal establece que corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia conocer los procesos penales y medidas cautelares contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el contralor general de la República.
El artículo 39 de la normativa señala que el Pleno es competente para atender causas penales contra diputados, ministros, procuradores, magistrados del Tribunal Electoral y el contralor general, incluso por hechos cometidos antes de ocupar el cargo.
Por otra parte, la Sala Penal mantiene competencia sobre procesos contra otros funcionarios con mando y jurisdicción nacional o en varias provincias, incluidos fiscales superiores, directores de entidades autónomas y altos mandos de seguridad pública.
Hasta el momento no se ha informado la fecha en la que se realizará la audiencia solicitada por el Ministerio Público.