¿A qué juega el MP?

PANAMÁ. El presidente no sólo confesó hace poco su impotencia frente al alcance de la criminalidad en Panamá; también retó a los delincuentes y les prometió una guerra sin cuartel.

La muerte del joven Daniel Alberto Carrizo a manos de cinco facinerosos —entre éstos un menor de 16 años— terminó de hastiar al gobernante. No es para menos, su propia madre, doña Gloria Berrocal, fue visitada por los amigos de lo ajeno, cuando se introdujeron en una de las oficinas de su grupo comercial. Por fortuna lo hicieron en horas no laborables.

La lista de crímenes no discrimina entre allegados al gobierno y de los panameños de a pie.

En medio de este escenario el Ministerio Público inicia una investigación de oficio para determinar si existen méritos que podrían nuevamente al director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, a dar explicaciones sobre su supuesta vinculación con una acción de toma de rehenes en el antiguo Hotel Marriott la noche del 19 de diciembre de 1989.

Hasta ahora, es muy poco lo que las autoridades han logrado esclarecer.

Periodistas, editores de diarios y ex directores de la Policía Nacional han acudido al Ministerio Público a rendir declaración jurada por las publicaciones aparecidas a la luz de la filtración de copias del expediente, donde una Junta Disciplinaria de la Policía Nacional recomendaba el 22 de marzo de 1990 “la baja” (destitución) de los tenientes David Ocalagan y Gustavo Pérez De La Ossa.

Esta junta la integraban el teniente coronel Gerardo García y los mayores José María Serrano y Miguel Alemán, todos en goce de jubilación y residentes en Panamá.

Lo curioso es que en este proceso indagatorio del Ministerio Público estos militares no forman parte del expediente que maneja directamente el despacho del procurador Giuseppe Bonissi.

Para el ex general de la Guardia Nacional, Rubén Darío Paredes, los señalamientos aparecidos en los medios no se compadecen con la realidad del momento en la Policía Nacional.

Duda que en medio del clima de “desmembramiento, penetración y baja moral” que imperaba en la institución a inicios de 1990 una Junta Disciplinaria haya recomendado una medida de este tipo.

También reconoció que en cualquier instituto armado del mundo, sea militar o policial, se produzcan situaciones de filtración de documentos sensitivos.

En todo este camino, el presidente Martinelli confía plenamente en la inocencia de su jefe policial, quien hace pocos días lo acompañó en su reciente visita oficial a Israel.

Ayer, en declaraciones a la prensa, el jefe de gobierno reiteró su confianza en Pérez De La Ossa. En la lectura del mandatario: “aquí hay una campaña montada por un par de sinvergüenzas y yo lo apoyo ciega y totalmente”.

Con este panorama descrito en los archivos de la Policía Nacional no reposa documento alguno que dé fe de una acción de “baja deshonrosa” con la conclusión de la carrera militar de Gustavo Pérez.

Lo que sí fue confirmado fue el traslado de personal de Archivos de la Policía hacia la Zona Policial de Colón y el traslado de todos los anaqueles con los archivos a un depósito fuera de las instalaciones de Ancón.

Para el periodista Tomás Cabal, quien estuvo en el Hotel Marriott la noche del 19 de diciembre, resulta cuestionable el traslado del personal y la mudanza prematura de los archivos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó?, se pregunta.

Rolando Mirones es de la opinión que la verdad siempre sale a flote y si no hay nada que ocultar, el director Pérez —por el bien de la institución— debe someterse a una investigación para esclarecer estos hechos y evitar que haya un liderazgo cuestionado.