Mulino niega uso de armas en operativo en Bocas pese a reportes de ‘La Estrella de Panamá’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, negó este lunes 7 de julio que durante la operación Omega en la provincia de Bocas del Toro, agentes de la Policía Nacional o de seguridad pública hayan utilizado armas de fuego.

“Las unidades de control de multitudes manejaron la situación en Bocas del Toro con gran profesionalismo. Ninguno portó un arma letal en su cinto”, aseguró el mandatario durante la ceremonia de graduación de nuevos agentes de la Policía Nacional.

Sin embargo, este 21 de junio La Estrella de Panamá publicó una nota titulada Policía avanza en Changuinola con armas de fuego en medio de protestas contra la Ley 462, en la que se documentó con fotos y videos desde el terreno, la presencia de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) armados mientras se desplazaban por Finca 11, en el marco de las protestas. Igualmente reportó unidades fronterizas con fusiles junto las unidades antimotines.

Mulino sostuvo que las fuerzas de seguridad “resistieron, negociaron y abrieron Bocas del Toro”. Aunque reconoció que “cuando un gobierno da la orden de avanzar”, en un contexto de tensión social, “cualquier cosa puede pasar”.

El mandatario indicó “tener experiencia” en ese aspecto. Haciendo una posible referencia a los hechos ocurridos durante las protestas en contra de la ley Chorizo en junio y julio de 2010, en el que hubo violaciones a los derechos humanos con muertos y lisiados de por vida.

“Esta vez, la ciudadanía pedía la intervención policial, y lo hicimos con mesura, tratando de convencer mediante el diálogo que lo mejor era abrir las carreteras y normalizar la provincia de Bocas del Toro, como finalmente se hizo”, declaró.

El gobierno suspendió las garantías constitucionales por diez días y las comunicaciones, en medio del despliegue masivo policial para terminar las protestas con cierre de vías contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.

De acuerdo con cifras oficiales, el operativo Omega dejó más de 370 personas detenidas —entre hombres, mujeres y menores de edad—, de las cuales 186 habían sido entrevistadas por la Defensoría del Pueblo hasta el 3 de julio. En ese grupo la entidad reveló que encontró indicios por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo: detenciones arbitrarias, negación de atención médica, vejaciones, maltratos físico y psicológicos, entre otros.

El Ministerio Público investiga el fallecimiento en los contexto de protestas de un estudiantes en la región de Rambala y de una bebé de un año, que murió asfixiada por gases lacrimógenos según las Aldeas SOS.