La necesidad de un cambio constitucional y el debate del país que se busca

Nuestro análisis parte por identificar a los dirigentes políticos y de la sociedad civil organizada que encabezan la iniciativa de recoger firmas para convocar a una constituyente paralela, pues se trata de representantes de los intereses de las familias económicamente poderosas que han gobernado el país desde el inicio de la República, de sectores empresariales y, peor aún, muchos han formado parte de gobiernos que se han sucedido, postinvasión, por ejemplo, miembros del Partido Popular, de Movin, cuya juventud ha sido fuertemente cuestionada por actos de corrupción, e incluso del Partido Panameñista como el exalcalde José Blandón, organización política con exmiembros del poder en el gobierno anterior que están siendo investigados por el Ministerio Público, por todo tipo de actos de corrupción, lo que pone en duda si realmente se quiere romper con la corrupción enquistada en los tres órganos del Estado.

A nuestro criterio, para que se produzca un cambio constitucional vía constituyente originaria, real, como lo plantea la teoría política, se requiere de una situación de convulsión social en la que sectores desfavorecidos y mayoritarios del país, es decir, el movimiento obrero y popular y el resto de las organizaciones de la sociedad civil consecuentes pongan en jaque al poder constituido y disuelvan los tres órganos del Estado, a fin de darse tiempo para la discusión de la nueva carta magna, cuyas disposiciones deben expresar el clamor de las mayorías y garantizar el derecho a la educación, salud, empleo, seguridad social, agro, el respeto al medio ambiente, entre otros. Por eso considero que la consigna de la constituyente, ya sea originaria o paralela, sin una movilización popular que la respalde, es darle en bandeja de plata a los sectores económicamente poderosos la posibilidad de modificar la Constitución Política para adecuar más el régimen a sus necesidades, eliminando conquistas sociales plasmadas en ella.

Yo creo que la pregunta no debe ir por ese lado, sino por analizar las reglas del juego que dispone el artículo 314 de la Constitución Política, que en el caso de la constituyente paralela establece una serie de limitaciones y condiciones exorbitantes, como son: la recolección de firmas del 20% de las personas inscritas en el Registro Electoral (581,000 ciudadanos), en un término perentorio de 6 meses; proceso que, además, está sujeto a poderes absolutos del Tribunal Electoral, ente facultado para reglamentar y ejecutar todo lo relativo a este mecanismo y, peor aún, en el caso de la constituyente paralela no se pueden alterar los períodos de los funcionarios elegidos o designados, lo que asegura los intereses de la partidocracia; a diferencia de la constituyente originaria, que nazca de la lucha y el clamor popular en donde en efecto es el pueblo el que escoge a sus representantes para la asamblea constituyente: trabajadores, campesinos, indígenas, profesionales, intelectuales, etc.

Considero que un proceso constituyente que no parta de la lucha y el clamor popular, es un arma de doble filo, peor aún si es paralela, pues con las reglas del juego que dispone la carta magna, se estaría dejando en manos precisamente de los grupos cuyos intereses representan los que la impulsan, la posibilidad de modificarla a su favor, eliminando algunas de las conquistas sociales que todavía se plasman en ella e introduciendo las que permitan al régimen el desarrollo de los planes económicos y de las instituciones financieras internacionales, sobre todo en materia de seguridad social, educación universitaria, etc.

La Constitución Política actual requiere cambios, pero cambios a favor de las grandes mayorías y no de los intereses de los poderes económicos, empresariales y de la partidocracia, sino del pueblo en general que sufre por los graves problemas de corrupción en los tres órganos del poder político, lo que trae como consecuencia que los recursos que el Estado debe invertir en salud, educación, empleo y otros, se diluyan o entren a las arcas de empresas nacionales, transnacionales y partidos políticos, o conviertan en nuevos ricos a políticos criollos que ingresan al ruedo electoral no para servir al país, sino para servirse de este sin remordimiento alguno por los perjuicios que causan al desarrollo nacional con sus actuaciones corruptas y, por ende, delictivas.

Partimos de una ausencia de debate sobre el modelo de país que requerimos, lo que ha propiciado la proliferación de movimientos que en su mayoría responden a intereses políticos específicos. Aun cuando algunos de estos movimientos han tratado de venderse como sociedad civil, es un hecho notorio que adelantan agendas de interés económico y clanes familiares que distan mucho de representar a la clase trabajadora o a la golpeada clase media. Prestemos especial atención a la ausencia de modelo de país que acompaña sus intenciones de recolectar firmas; sabemos que desean cambiar la Constitución Política, pero no nos dicen qué proponen.

La mejor, indudablemente, será la que provenga del pueblo. Debemos atender el tenor del artículo 2 de la Constitución Política actual: “El poder público solo emana del pueblo”. Debe convocarse al acto democrático del referéndum, donde sea el pueblo el que manifieste mediante qué vía desea transformar la Constitución Política.

Respaldando siempre la voluntad popular, como indiqué en la respuesta anterior, le comparto mis reservas sobre el modelo de la constituyente paralela, porque reflejará exactamente la misma correlación de fuerzas ya existentes. Recordemos que los partidos políticos son mayoría y ellos son los responsables fundamentales de la situación en que nos encontramos como país. No se trata de reformar por reformar y la recolección de firmas para la constituyente paralela no será un remedio milagroso para un sistema político en crisis, carcomido por partidocracias que sabemos que no limitarán sus poderes. Me decantaría por la constituyente originaria que verdaderamente sea el reflejo de las fuerzas vivas de nuestra sociedad.

Cada país es soberano y debe tener la capacidad de autodeterminarse. Lo que se vivió en Chile presentó similitudes a Panamá: el agotamiento del pacto social y del modelo de Estado surgido tras la dictadura militar de Pinochet. En nuestro país, a mi parecer, también estamos ante el agotamiento de la reglas del juego impuestas por la invasión y por cada uno de los gobiernos transcurridos. Pese a las semejanzas de realidades sociopolíticas en nuestra América, los panameños no debemos importar recetas para resolver nuestra crisis, sino más bien resolverla por nuestros propios medios, atendiendo a nuestra idiosincrasia.

Ante un sistema político colapsado, con un modelo de desarrollo excluyente que le niega derechos a la población de las provincias y comarcas, el desgaste de un gobierno con importantes crisis en sus incipientes casi 2 años, heredero de un presidencialismo excesivo que lo faculta para erigir planillas estatales, decidir sobre los márgenes de endeudamiento del país, con nombramientos de magistrados, procuradores y otras figuras trascendentales para la nación, se hace evidente que como sociedad debemos limitar el poder de la figura presidencial que actúa como un ser 'todopoderoso' sin siquiera brindar explicaciones. El pacto social no se lo exige y al parecer nunca le ha nacido a ninguno de nuestros mandatarios. No caigamos en cantos de sirena que mediatizan un asunto tan relevante como es la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Nos encontramos frente a la posibilidad de configurar las normas esenciales sobre las cuales cimentar nuestra nación y debe emanar del pueblo esta transformación, no de los mismos actores que han fraguado la desigualdad en la que nos encontramos y la débil democracia que con dificultades subsiste. Una constituyente paralela coexiste con limitaciones exageradas, como son la recolección de firmas de un 20% de inscritos en el Registro Electoral en un tiempo perentorio de 6 meses, sumado a los poderes casi totales del Tribunal Electoral que configurará todo el proceso, todo esto sin siquiera poder modificar los periodos de funcionarios elegidos ni designados. Abogo por la decisión libre e informada del pueblo panameño, lejos de vicios políticos partidistas y de lobos con piel de corderos o cobijas de movimientos sociales, que solo responden a poderes económicos.