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- 12/02/2019 01:00
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El expresidente de la República Ricardo Martinelli tendrá que esperar en la cárcel al menos hasta el 12 de marzo, fecha de inicio del juicio oral, después de que un Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) le negara, ayer, la reconsideración de una solicitud de fianza.
Mientras, el Órgano Judicial anunció, en su cuenta de Twitter , que en los próximos días se realizará el reparto para elegir al Tribunal de Juicio que tendrá la misión de decidir si se condena o absuelve a Martinelli por los ‘pinchazos telefónicos'.
El Tribunal que negó la reconsideración de la fianza está conformado por los magistrados Yiles Pittí, Ruth Aizpú y Diego Fernández.
Los magistrados consideraron que la presencia del exmandatario es esencial para la audiencia oral, por lo que decidieron mantener la medida de detención provisional a 28 días de la fecha programada.
LA AUDIENCIA
La audiencia para apelar la decisión del juez Justo Vargas de negar fianza a Martinelli empezó a las 10 de la mañana de ayer.
Tres magistrados de un Tribunal de Apelaciones del SPA tomaron la decisión de negar nuevamente la fianza de excarcelación a Ricardo Martinelli.
La decisión de negar la fianza es definitiva. No existe otra instancia a la que pueda acudir la defensa para apelar la decisión de este tribunal del SPA.
Hasta la fecha, por las escuchas telefónicas han sido condenados a cuatro años de prisión dos exfuncionarios del gobierno de Martinelli, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Los magistrados alegaron ayer que Martinelli debió considerar su condición legal antes de postularse como candidato a dos puestos de elección.
La decisión del Tribunal se produjo a las 4:15 p.m. este lunes, tras un largo receso de tres horas en una audiencia que se inició a las 10:00 a.m. por solicitud de la defensa.
Más temprano, Alfredo Vallarino, defensa de Martinelli, insistía en una fianza de $500 mil o la suma que dispusiera el Tribunal para un cambio de medida cautelar.
La defensa había propuesto que Martinelli firmara cada quince días y que además entregara sus pasaportes. También prometió que se alejaría de las víctimas, querellantes y testigos del proceso. Propusieron colocar un localizar electrónico y que fuera custodiado por doce escoltas del Servicio de Protección Institucional (SPI).
La propuesta había sido negada hace una semana —el 4 de febrero— por el juez Justo Vargas.
Vallarino apeló la decisión del juzgador argumentando la avanzada edad del cliente (66 años), que el 11 de marzo cumplirá 67 y que su estado de salud requiere mejores cuidados.
El abogado insistió en que Martinelli tiene intereses para permanecer en el país, donde tiene residencia y familia. Además, es jubilado, empresario y aspira a ser diputado y alcalde capitalino, dijo. Según el jurista, la presencia de su representado en la contienda puede incidir en los resultados finales.
También presentó un informe del cardiólogo Bey Mario Lombana, que plantea riesgos de muerte para su cliente. Así mismo, desvinculó a su cliente con la desaparición de un software usado en la interceptación de comunicaciones alegando que su nombre no aparece como responsable en un informe que elaboró la Contraloría .
Martinelli dijo que había pedido la extrema unción y que quería que el proceso continuara aún si fallece. Hizo la promesa de comparecer al proceso si era excarcelado.
MINISTERIO PÚBLICO
La fiscalía, que estuvo representada por Delia de Castro —acompañada por Ricaurte González— pidió mantener en detención provisional al expresidente a pocos días de juicio oral.
La fiscal señaló que el exmandatario tiene causa criminal abierta y ha dado muestras de desatención del proceso penal. Según la funcionaria, Martinelli pidió asilo y realizó las gestiones pertinentes para no regresar al país, a pesar de que tenía conocimiento de un proceso que se le seguía en su contra.
La funcionaria del Ministerio Público recordó que el exmandatario fue declarado ‘reo rebelde' porque tuvo conocimiento de que se le estaba requiriendo para atender una causa y no vino.
Martinelli salió del país en enero de 2015. Regresó en junio de 2018, después de haber sido detenido por la justicia norteamericana, que posteriormente lo extraditó a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, para que enfrentara el proceso de las escuchas telefónicas. Desde entonces, está detenido en el Centro Penitenciario El Renacer.
LA SALUD
Sobre el tema de salud, la fiscalía argumentó que los informes médicos a los que hace referencia la defensa no provienen de un médico legal que permita concluir que las condiciones del reo son permanentes.
La funcionaria de instrucción agregó que el expresidente ha sido atendido más de siete decenas de veces por los médicos. Esto, según la fiscalía, demuestra que se le han brindado los cuidados necesarios.
Desde diciembre del año pasado, el caso pasó a la justicia ordinaria luego de que el expresidente renunciara a su curul de diputado en el Parlamento Centroamericano y la Corte Suprema declinó competencia.
La decisión del tribunal de juicio es definitiva, considerando que la solicitud de fianza pasó por primera y segunda instancia, explicó Juan Carlos Araúz, abogado especialista en Derecho Penal.