Un niño muerto y decenas de heridos, el saldo tras el nacimiento de la Ley 72

COLÓN. Luego del toque de queda decretado para las cuatro de la tarde, la situación en la provincia era difícil de describir: policías entrando a las casas por la fuerza y sin órdenes judiciales, el Senafront viajando a la provincia y decenas de heridos ingresando al Hospital Amador Guerrero y la Cruz Roja. Mientras, los médicos luchaban infructuosamente por llegar hasta esos centros hospitalarios para atender a los heridos.

Sangriento. Así fue el tercer día de manifestaciones convocadas por los gremios que rechazan la venta de los terrenos de la Zona Libre: los educadores, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, los desempleados y los políticos. La jornada de protesta se transformó en enfrentamientos y saqueos de los comercios de la provincia.

Mientras los estudiantes universitarios cerraban las calles del centro de la provincia, los integrantes del Movimiento Nueva Conquista colocaban contenedores en la carretera hacia los puertos de Coco Solo Norte.

En sectores como Puerto Escondido, Sabanitas, La Feria, La Alborada, Arco Iris y Río Alejandro los manifestantes chocaban contra las unidades antidisturbios de la Policía Nacional. Marchantes decían que se observaban armas de fuego

de ‘infiltrados’.

Luego vendrían los actos vandálicos. Entre los comercios saqueados están una gasolinera propiedad del gerente de la Zona Libre, Leopoldo Benedetti; el almacén Súper Ganga, que la noche anterior había sido objeto de actos vandálicos, y un cajero automático de la Caja de Ahorros ubicado en la calle 10 y Central.

Las personas avanzaban y advertían a los comerciantes que de no cerrar correrían igual suerte. Este mismo grupo caminó hasta el Municipio de Colón y le voceó a los funcionarios que salieran de las instalaciones porque las incendiarían. Por seguridad, los trabajadores fueron evacuados.

Las otras instituciones del Estado en la provincia también cerraron sus puertas a medio día aduciendo que no estaban seguros. El humo de los neumáticos y otros materiales quemados se levantaba por todo el corazón de la provincia.

A las oficinas de la administración de la Zona Libre nadie podría entrar ni salir. Allá, a intramuro, los trabajadores de empresas privadas realizaban sus protestas dentro del área franca. Estos manifestantes decían que sus jefes les habían dado autorización para protestar en horas de la tarde.

Con muchos frentes ardiendo, Audilio Aguilar, obispo de Colón y Guna Yala, redactaba un comunicado que luego hizo llegar a los medios de comunicación.

‘Solicito al pueblo panameño diálogo y reflexión para evitar confrontaciones violentas que perjudiquen a las personas inocentes’, instaba el religioso en su documento. El obispo reclamaba que ‘muchas veces los dirigentes piensan que esto es lo mejor, pero hay un pueblo que tiene muchas necesidades, dificultades y que se merece ser atendido’.

El religioso recordó que los colonenses sufren grandes necesidades, por ello no se puede permitir que se siga sacrificando más a la provincia que tanto le ha dado al país con el argumento de que se van a solucionar los problemas que les aquejan.

Apenas unas horas después, el vaticinio del obispo se cumplió. Los familiares de un niño de nueve años sostenían que el menor estaba en el balcón de su casa en La Feria, corregimiento de Cristóbal, cuando fue impactado por una bala. Relataban que unidades de la Policía disparaban al edificio donde vivía el niño.

El director médico del Hospital Amador Guerrero relató que habían recibido seis heridos de balas y que el niño muerto había sido impactado en el abdomen.

LAS PROHIBICIONES DEL GOBERNADOR

El toque de queda anunciado llevaba las firmas del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; el director de la Policía Nacional, Julio Moltó; y el alcalde del distrito de Colón, Dámaso García.

El gobernador de la provincia, Pedro Ríos, ordenaba abrir expedientes contra Felipe Cabezas, Edgardo Voitier, Chelita Delgado y Manuel Grimaldo, a quienes hacía responsables de los desórdenes y los actos vandálicos de los últimos tres días.

También se ordenaba a la emisora Hot Stereo dejar de transmitir los hechos que se suscitaban en la provincia.

Las fuerzas de seguridad preparaban el envío de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), para que apoyaran la labor de la Policía Nacional y hacer cumplir el toque de queda.

Sin embargo, a las seis de la tarde, las protestas continuaban. Personal de la empresa Unidos por el Canal seguían protestando en Arco Iris, mientras trabajadores de las empresas portuarias de Coco Solo seguían en las avenidas, desoyendo la orden de no estar en las calles.

El saldo a esa hora era de 15 personas heridas, entre manifestantes y unidades de la Policía Nacional, niños y adultos, eran atendidos en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Diez comercios habían reportado saqueos.

PIDEN CUENTAS

En la ciudad de Panamá, gremios, partidos políticos y organizaciones de obreros se unieron a la protesta de los colonenses.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas que pida cuentas al Gobierno de Panamá sobre lo que sucedió en Colón, específicamente el número de detenidos y heridos. Además, que rinda informes por la muerte de un menor de 9 años.

La organización también solicitó medidas cautelares para 10 dirigentes del Frente Amplio de Colón.

De parte de los partidos políticos, Juan Carlos Arosemena dijo que la actuación de la Asamblea Nacional, que aprobó a tambor batiente la ley, era ‘inmoral’ y ‘cobarde’. Mientras, Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro, del Panameñismo y del PRD, respectivamente, pidieron al presidente derogar la ley 72. Los grupos se manifestaron en la capital con vigilias.