ONG ‘fantasmas’ e ‘instigación’ al vandalismo, los señalamientos sobre los policías ‘encubiertos’

Luego de que la Policía Nacional admitiera que mantenía “agentes encubiertos” dentro de organizaciones de derechos humanos, ambientales y sindicales, la denuncia pública de la Alianza Pueblo Unido por la Vida abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre las labores de inteligencia policial y su alcance.

Los grupos solicitaron al Ministerio Público (MP) que girara órdenes de protección para miembros de sus agrupaciones y sus familiares, al considerar que estos últimos también fueron sometidos a vigilancia “sin control judicial”, aun cuando no estuvieran participando directamente en las organizaciones ni en actividad política.

“Nos preocupa la intención velada de que se puedan tomar acciones contra los dirigentes y sus familias. Se vigiló y recopiló información de hijos, madres, hermanos, personas cuyo único vínculo era que tenían un pariente activista”, sostuvo Jorge Guzmán, miembro de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa).

También cuestionaron la postura asumida por la Policía, que negó la acusación de infiltración y sostuvo que las actuaciones de sus unidades se dieron “bajo el marco de la ley”. Según los denunciantes, estas labores estarían relacionadas con investigaciones y diligencias de allanamiento efectuadas por el MP contra organizaciones populares críticas del gobierno del presidente José Raúl Mulino.

“El comunicado que emitió la Policía es una confesión de parte y, si el procurador [Luis Gómez] no actúa, quedaría en entredicho la labor del Ministerio Público”, señaló Guzmán.

ONG “fantasmas” e “instigación”

Sobre la mesa, los dirigentes colocaron además un documento en el que aparecen los nombres de agentes, sus cargos, cédulas y las presuntas funciones que habrían desempeñado dentro de la estructura de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP).

De acuerdo con el informe, que ya fue presentado ante una relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, parte de esta estructura habría operado bajo “fachadas” de organizaciones que se presentaban públicamente como grupos ambientalistas. Entre las agrupaciones mencionadas figura un supuesto colectivo denominado Centro de Acción Solidaria.

Sostienen que, mediante automóviles rentados y unidades de la Policía, este grupo habría realizado recorridos en Río Indio, una zona en la que la Autoridad del Canal de Panamá proyecta construir un embalse que implicaría el traslado de comunidades campesinas de sus tierras.

Según las organizaciones, los policías “encubiertos” habrían buscado ganarse la confianza de los habitantes de estas comunidades para obtener información que posteriormente sería procesada por la DNIP. En algunos casos, aseguran, esta práctica igualmente habría sido utilizada de distintas formas y también habría impulsado procesos judiciales contra dirigentes sindicales, entre ellos el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), grupo que enfrenta un proceso de disolución impulsado por el Ministerio de Trabajo y cuya junta directiva, en gran parte, se encuentra detenida y bajo causas penales.

Detallan que algunos agentes tuvieron participación como “estudiantes” en concentraciones universitarias, para “mezclarse entre los manifestantes”. “Algunas de las unidades participaban en marchas estudiantiles, haciéndose pasar por universitarios, donde proponían acciones fuera del contexto de las protestas, como la quema de automóviles y vandalismo; prácticas que en nuestra experiencia evitamos para no ofrecer una excusa para medidas represivas en las manifestaciones”, puntualizó Guzmán.

Los dirigentes presentaron además un organigrama en el que se menciona al mayor Carlos Carvajal y al cabo segundo Bryan Rodríguez, quienes, según la denuncia, ocuparían posiciones en la “dirección operativa y mando” de la presunta red.

El documento señala que la estructura se dividiría, a su vez, en subsecciones subordinadas, con unidades específicas para atender a determinados grupos sociales. Entre ellas se habla de una unidad dedicada a asuntos indígenas. En ese apartado aparece el dirigente indígena ngöbe Kekin Sánchez, cuya vigilancia habría ocurrido en Panamá Este y quien participó activamente en las protestas contra el contrato minero. También se menciona a Toribio García, dirigente de la Comarca Ngäbe-Buglé, quien tuvo una participación activa en las movilizaciones posteriores a la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social mediante la Ley 462, en 2025.

Los dirigentes tampoco descartan que algunos episodios de vandalismo o violencia registrados durante las protestas en Bocas del Toro contra la Ley 462 pudieran guardar alguna “relación” con unidades “encubiertas” que, según sus denuncias, habrían participado en actividades de manifestación.

La Ley 21 del 31 de diciembre de 2013, sobre delincuencia organizada, concebida fundamentalmente para investigaciones antipandillas y el crimen organizado, autoriza a las fuerzas de seguridad hacer operaciones encubiertas para obtener información, mismas que tienen darse con una orden de un fiscal y deberán ser sometidas al control del juez de garantías.

“Los sindicatos no son organizaciones criminales y la protesta no es un acto criminal”, señaló Yamir Córdoba, actual secretario general del Suntracs, quien exige que se muestre si las operaciones fueron autorizadas por un tribunal.

Políticos y sociedad civil reaccionan

La Alianza Ciudadana Pro Justicia expresó su “profunda preocupación” e hizo un llamado al Ministerio de Seguridad para que “rinda cuentas” sobre el alcance y la legalidad de la vigilancia “encubierta”.

“El seguimiento físico, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones sindicales, gremiales, ambientalistas, indígenas, estudiantiles y comunitarias constituyen prácticas incompatibles con una sociedad democrática”, señaló el grupo cívico en un comunicado publicado ayer.

Resaltó que la libertad de pensamiento, asociación y expresión están protegidas tanto por la Constitución Política de Panamá como por los tratados internacionales suscritos por el país.

“Recordamos enfáticamente a las autoridades que los estamentos policiales y de inteligencia tienen atribuciones y limitaciones constitucionales estrictas. La intimidad de los activistas sociales, de sus hogares y de sus familias es inviolable. El seguimiento a familiares de dirigentes y el presunto uso de tecnología de espionaje sin autorización judicial sobrepasan todo marco legal”, remarcaron.

La exvicealcaldesa de la Ciudad de Panamá y activista ambiental Raisa Banfield también se pronunció sobre las denuncias. Su reacción estuvo acompañada de una fotografía en la que se muestra junto a uno de los agentes “encubiertos” señalados como parte de la “red”.

“Yo sola frente a MiAmbiente diciéndome que eran jóvenes preocupados por la minería. Cargaban carteles mientras nos espiaban y quién sabe cuánto más”, dijo Banfield en su cuenta de X.

Juan Diego Vásquez, presidente de la Coalición Vamos, también cuestionó al Gobierno a través de sus redes sociales ante los posibles abusos de poder relacionados con el uso de tácticas de espionaje contra opositores.

“Hoy no se trata de quienes fueron objeto de tal abuso, sino que de callarnos frente a ese abuso hoy, estamos avalando nos ocurra mañana. Las diferencias de opinión propias de la democracia no deben llevarnos a tolerar o callar ante abusos de poder en contra de las libertades”, sostuvo.

La Estrella de Panamá consultó a la Policía sobre estas nuevas denuncias, pero la institución comunicó que, por el momento, mantiene la postura expresada en su comunicado.