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Permiso obligatorio y protección ante desalojos: así es la nueva ley para los buhoneros
- 05/07/2026 12:07
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Agrega La Estrella en Google ↗️Los buhoneros en Panamá contarán por primera vez con un marco legal específico que regula su actividad, establece mecanismos para su formalización y les reconoce una serie de derechos y obligaciones.
Se trata de la Ley 540 del 2 de julio de 2026, que crea las bases para la transición progresiva del comercio informal hacia la formalidad, al tiempo que busca ordenar el uso de los espacios públicos.
La norma, sancionada por el presidente José Raúl Mulino, establece que el objetivo es garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna de quienes ejercen la buhonería, procurando un equilibrio entre el desarrollo de esta actividad económica y el ordenamiento de las ciudades.
Uno de los principales cambios que introduce la legislación es la creación del Registro Nacional de Buhoneros, que será administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en coordinación con los municipios.
Cada alcaldía mantendrá un registro local, mientras que el MICI consolidará la información a nivel nacional para diseñar políticas públicas, recopilar estadísticas y facilitar el acceso de los trabajadores a programas de formalización.
Además del registro, la ley crea el permiso de acreditación de buhonero autorizado, un documento oficial que habilitará a los comerciantes para ejercer su actividad y acceder a los beneficios contemplados en la normativa.
Para obtenerlo será necesario ser ciudadano panameño, presentar copia de la cédula, estar inscrito en el Registro Nacional de Buhoneros, declarar la actividad económica que desarrollará e indicar el lugar donde trabajará. Quienes se dediquen a la venta de alimentos también deberán contar con los carnés de salud vigentes.
Aunque la ley fija estos requisitos mínimos, también permite que los municipios establezcan condiciones adicionales, siempre que no contradigan el contenido de la legislación nacional.
La nueva normativa también define por primera vez una clasificación oficial de los trabajadores informales, diferenciándolos según la forma en que desarrollan su actividad.
Se reconocen cuatro categorías: los buhoneros de puesto fijo, que trabajan permanentemente en un lugar autorizado; los de puesto semifijo, que pueden desplazarse durante la jornada con estructuras móviles; los ambulantes, que venden mientras recorren calles y avenidas; y los de temporada, que ejercen la actividad durante festividades, eventos o temporadas comerciales específicas.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la protección que otorga a los buhoneros autorizados frente a posibles desalojos.
La normativa establece que quienes cuenten con el permiso correspondiente no podrán ser retirados del espacio donde laboran sin que previamente las autoridades les presenten una propuesta formal de reubicación.
La excepción aplica únicamente cuando existan razones de interés público, como proyectos de infraestructura, problemas de seguridad ciudadana, salubridad o reordenamiento vial.
En esos casos, las autoridades deberán notificar la medida con al menos seis meses de anticipación y ofrecer un nuevo espacio que cuente con servicios básicos.
Si la reubicación definitiva requiere más tiempo, los municipios deberán habilitar mercados temporales, ferias o corredores comerciales para evitar que los trabajadores pierdan su fuente de ingresos. Asimismo, podrán otorgarse apoyos logísticos o económicos temporales mientras se concreta el traslado.
La ley también ordena al Gobierno desarrollar programas dirigidos a facilitar la formalización de los buhoneros.
Para ello, el MICI, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) y otras instituciones deberán implementar programas de capacitación, asistencia técnica, educación financiera y acceso a microcréditos.
El propósito es brindar herramientas para que quienes hoy desarrollan actividades en la economía informal puedan evolucionar hacia emprendimientos formalmente establecidos.
Junto con los beneficios, la legislación establece responsabilidades para los comerciantes.
Entre ellas figuran respetar las normas sanitarias, cumplir con las disposiciones de protección al consumidor, mantener limpio el espacio donde trabajan, operar únicamente en los lugares y horarios autorizados y conservar vigente el permiso de acreditación.
La ley concede un plazo de 120 días calendario para que las personas que actualmente ejercen la buhonería sin autorización tramiten su permiso ante la alcaldía correspondiente.
Además, dispone que si el solicitante cumple con todos los requisitos legales, la autoridad municipal no podrá negar el permiso de forma discrecional. En caso de una negativa, el interesado podrá presentar recursos administrativos para impugnar la decisión.
Finalmente, la norma declara el 15 de abril como el Día del Buhonero en Panamá, ordena al Órgano Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses y establece que entrará en vigor tres meses después de su promulgación.
Con ello, el país inicia un proceso de reorganización del comercio informal que busca combinar la protección del derecho al trabajo con el ordenamiento de los espacios públicos.