Investigaciones más robustas para reducir la impunidad

La percepción de que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) es demasiado ‘garantista' y permite escapar a los delincuentes genera desconfianza de la ciudadanía en la justicia, por la sensación de impunidad. Pero, según abogados consultados por La Estrella de Panamá , lo que requiere el sistema son fiscales capaces de instruir investigaciones contundentes que permitan a los jueces convertirse en aliados contra la criminalidad.

En la encuesta aplicada a Operadores y Usuarios del SPA, del IX Informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, se plasma una recomendación de los fiscales a los jueces para ser menos ‘garantistas'.

Rosendo Rivera, abogado especialista en Derecho Penal, coincide en que el SPA es un sistema ‘extremadamente garantista'. Sin embargo, señaló que el sistema busca restringir el abuso de los fiscales durante el desarrollo de la investigación. ‘Hay que recordar que no todos los hechos constituyen un delito', expresó Rivera.

En el Sistema Inquisitivo Mixto, los fiscales tenían la potestad de dictar medidas de detención preventiva a las personas investigadas y continuar un proceso. Esa autoridad les fue quitada con la implementación del nuevo sistema de justicia.

Y es que antes de la implementación del nuevo sistema procesal penal, las personas permanecían hasta cuatro y cinco años detenidas a la espera de un juicio, tras lo que, en muchas ocasiones, quedaban absueltas.

Rivera advirtió de que es ‘muy peligroso' que un juez tome decisiones considerando lo que pretende un fiscal. ‘Volveríamos a lo mismo, a un sistema inquisidor donde se hacía lo que decía el fiscal', agregó el jurista.

El juez debe fungir como una balanza para que los fiscales no abusen del poder de persecución del delito. Según el letrado, las garantías procesales y constitucionales deben ser resguardas siempre.

Por ultimo, para evitar la impunidad, el penalista recomienda realizar investigaciones robustas que permitan sustentar las medidas cautelares ante los jueces de garantías. ‘Si se conduce la investigación correctamente se encontrará en los jueces un aliado contra la criminalidad', enfatizó.

El nuevo sistema está diseñado para que la fiscalía desempeñe un rol más activo que le permita obtener mejores resultados a sus peticiones, explicó Juan Carlos Araúz, abogado especialista en Derecho Penal y expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

Araúz aseguró que se obtendrán mejores resultados en las investigaciones judiciales en la medida en que se cuente con un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) capacitado para atender todas las carpetillas eficazmente. El fortalecimiento del Imelcf es también una de las solicitudes que hace un grupo de 30 fiscales y que fueron recogidas en la encuesta de los Operadores y Usuarios del SPA de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

El Imelcf, la columna vertebral de la investigación criminal, debe tener la capacidad de producir elementos requeridos para presentar ante un juez investigaciones contundentes, puntualizó Araúz.

La sociedad exige mayor severidad a los jueces y fiscales. Pero los jueces requieren más que intuición para permitir la continuidad de una investigación judicial. ‘(Los fiscales) deben tener los elementos para convencer al juez. Se requiere fortalecer el Imelcf', insistió.

Araúz considera que carecer de elementos contundentes puede estar ligado de alguna manera a la falta de presupuesto.

El Ministerio de Economía y Finanzas designó un presupuesto para el Ministerio Público de $134.3 millones para la vigencia fiscal del año en curso, pero la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, solicitó $193 millones para el buen funcionamiento del SPA, contratación de personal e infraestructura.

Otra queja recurrente del MP es la falta de personal especializado para agilizar trámites, la solicitud de mejores infraestructuras y mayor seguridad en las oficinas judiciales.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

La encuesta fue aplicada a 70 personas, entre ellas fiscales, jueces, abogados, defensores públicos y de las víctimas, policías y funcionarios de Medicina Legal. Los resultados de la muestra indican que los procesos del SPA se desarrollan con transparencia en un 94%.

Un 83% de los entrevistados percibe el sistema como imparcial y garante de los derechos de las víctimas y de los victimarios. En conclusión, el SPA es calificado entre bueno y excelente en un 85%.

La implementación del sistema de justicia ha sido uno de los cambios más trascendentales adoptados por el país con miras a mejorar el sistema de justicia. La reforma surgió como una necesidad de brindar a la ciudadanía un proceso más confiable, expedito y ‘garantista' de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. La base jurídica del sistema está sustentada en la Ley 63 de 28 de agosto de 2008.

El SPA entró en vigencia en 2011 en forma escalonada por provincias. El proceso se completó el 2 de septiembre de 2016, cuanto entró en vigencia en todo el territorio. Desde entonces, se han realizado 136,345 audiencias. Un 59% de los casos han concluido en condenas y el otro 39% han quedado libres de culpa. La duración de un proceso se redujo de 296 a 46 días con el SPA, según la encuesta.