El fallo que sacó a un pueblo a flote

En 1975, cuando el cacique emberá Rufino Cunampio se enteró de que el agua estaba entrando en las viviendas de las comunidades de Alto Bayano pensó que no quedaba más remedio que pactar. Dos años antes, el general Omar Torrijos Herrera había ordenado la construcción de la Hidroeléctrica del Bayano, un proyecto de gran envergadura destinado a disminuir la dependencia de combustibles fósiles. A partir de entonces la vida que Cunampio y los suyos habían conocido en la Comarca Emberá de Bayano comenzó a cambiar. Entre 1972 y 1976, sus tierras ancestrales fueron anegadas a raíz de los trabajos del embalse que la Hidroeléctrica del Bayano requería para su funcionamiento.

El alarmante ascenso de las aguas convenció a los representantes del pueblo emberá del Bayano a firmar el ‘Acuerdo de Majecito’, el cinco de febrero de 1975. Entre los signatarios de este pacto estaban José Isabel Bladón, ex director del Instituto de Recursos Hidraúlicos y Electricidad (IRHE), Ascanio Villalaz, director general del proyecto del Bayano, y Rufino Cunampio. El documento contemplaba el traslado de la comunidad a una ‘zona situada al sur de la Trocha Cuna y al norte de la Carretera Panamericana, llegando al este hasta el Río Piriatí’.

Más de 200 familias serían reubicadas, fundándose así las comunidades de Piriatí e Ipetí Emberá. Un terreno de aproximadamente 10 mil hectáreas separaba a las dos comunidades, desde Río Partí hasta la comunidad de Piriatí, ubicado en el distrito de Chepo, corregimiento de Tortí. Durante este éxodo forzoso fallecieron aproximadamente cuatro infantes, como consecuencia de cuadros de vómitos, diarrea y fiebre, cuenta Rodolfo Cunampio, nieto de Rufino.

Pero las pérdidas materiales (de viviendas y tierras) y las humanas nos fueron las únicas. ‘Nuestros sitios sagrados, nuestros cementerios, los lugares donde hacíamos nuestras ceremonias tradicionales y culturales quedaron bajo el agua’, afirma Cunampio, segundo cacique del Congreso General Emberá de Alto Bayano.

Con el pasar de los años, las comunidades de Piriatí e Ipetí Emberá vieron como el territorio donde fueron reubicados por el gobierno eran invadidas por colonos y campesinos. Las tierras no estaban demarcadas y no existían los títulos de propiedad individual, sino colectiva -en el caso específico de Ipetí-, de lo cual parecían aprovecharse los invasores.

Los Emberá llevaron sus reclamos a los tribunales panameños. Frustrados tras haber agotado ‘todas las instancias locales’, de acuerdo con Cunampio, el 11 de mayo del 2000 una delegación Emberá viajó a Washington para presentar una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente regido por la Organización de Estados Americanos (OEA). Cunampio recuerda el testimonio del cacique Bolívar Jaripio, quien fue testigo de cómo ‘sus hermanas, tías, enloquecieron cuando vieron que el nivel del agua iba subiendo’.

El año pasado el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, adonde los Emberá viajaron para presentar sus testimonios. Una delegación del gobierno panameño hizo lo propio.

RESPONSABILIDAD ESTATAL

La corte dictó sentencia en octubre pasado, pero el fallo no sería anunciado hasta el 16 de diciembre. En el mismo la CIDH declara que el ‘Estado de Panamá es internacionalmente responsable por la violación de derecho a la propiedad colectiva y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial del pueblo Kuna de Madungandí y de las Comunidades Emberá Ipetí y Piriatí, y sus respectivos miembros, a partir del 9 de mayo de 1990, fecha en la cual el Estado reconoció la competencia contenciosa del Tribunal’. El documento establece que desde ese entonces el gobierno panameño ‘tenía la obligación de delimitar, demarcar y titular las tierras asignadas a favor de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano’.

Según el fallo, el estado panameño había violado el artículo número 21 de la convención, al ‘no haber delimitado los territorios de las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí por un período de 23 años, no haber titulado los territorios de la comunidad Piriatí Emberá por un período de 24 años aproximadamente; no haber demarcado los territorios de la comunidad Piriatí Emberá por un período de aproximadamente 24 años; y no haber demarcado ni titulado los territorios de la comunidad Ipetí Emberá por un período de aproximadamente 24 años’.

Para Cunampio el fallo de la CIDH representa un triunfo después de una lucha generacional iniciada hace aproximadamente 38 años, y en la que han participado su abuelo, padre, tíos, etc.

PRECEDENTE E INDEMNIZACIONES

‘No tenemos nada en contra del progreso, solo que no nos pase por encima’, asevera Silvia Carrera, cacica de la Comarca Ngäbe Buglé. Opina que el fallo de la CIDH sienta un precedente legal del que esta administración y las posteriores deben tomar notar para garantizar la integridad territorial de los pueblos indígenas.

El abogado Héctor Huertas, que el año pasado viajó a la sede de la CIDH en Costa Rica para presentar los testimonios de la causa emberá, sostiene que la sentencia crea un ‘precedente a nivel latinoamericano, en cuanto a la protección de tierras de los pueblos originarios’. ‘El estado no puede seguir anteponiendo el tema del desarrollo sobre los derechos humanos, de un desarrollo que no deja nada para las comunidades’, sostiene el jurista.

De acuerdo con Huertas el Estado deberá acatar el fallo de la CIDH y indemnizar al pueblo Emberá del Bayano por la ‘inundación de sus tierras, por la falta de protección de los nuevos territorios que fueron asignados después de 1976, y por no haber titulado las tierras en la década de los noventas (período en el que arreciaron las invasiones)’.

En compensación por los daños materiales que sufrieron los Emberá durante su forzoso traslado en la década de los setentas, la CIDH estableció la suma de 250 mil dólares para las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y de un millón de dólares para el pueblo Kuna de Madungandí, que también se vio afectado durante la creación el embalse para la Hidroeléctrica del Bayano.

Las indemnizaciones incluyen, además, los daños inmateriales. Según la sentencia, ‘la enajenación de los territorios ancestrales supuso la pérdida de lugares sagrados, bosques, viviendas, cosechas, animales, plantas medicinales que tenían no solo un valor material, sino que constituían un elemento esencial de la identidad cultural y modo de vida tradicional, por lo cual se trataba – además de pérdidas materiales - también de pérdidas culturales y espirituales imposibles de recuperar’. Cunampio confirma que el traslado trastocó la forma de vida de los Emberá, desde la forma de procurarse sus alimentos hasta la manera como trataban sus afecciones, siempre aprovechando lo que el entorno natural ofrecía.

Pero al cambiar el entorno, su forma y su calidad de vida se vieron afectadas. Es por ello que la CIDH dispone que el Estado pague una indemnización de 250 mil dólares en el caso de las comunidades Emberá, y de un millón de dólares para el pueblo Kuna de Madungandí. En total, la indemnización fijada para las dos comunidades por la pérdida de bienes materiales e inmateriales alcanza los tres millones de dólares, que deberán ser pagados ‘en un plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente sentencia’.

Las indemnizaciones también comprenden los gastos de una batalla legal que se ha prolongado por más de 14 años, y en la que, de acuerdo con Cunampio, los abogados Emberá viajaron al extranjero sin los fondos suficientes para su alimentación, con tal solo lo suficiente para ‘el viaje de ida y vuelta’. En este concepto, la suma fijada por el CIDH alcanza los 60 mil dólares, tanto para los Emberá de Piriatí e Ipetí y los kunas de Madungandí.

INTEGRIDAD TERRITORIAL

Acatando la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que ‘se ordene al Estado la adopción de medidas necesarias para proteger efectivamente el territorio de los dos pueblos indígenas con el objeto de garantizarles su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión’, la CIDH dispuso que ‘El Estado deberá proceder a demarcar las tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y a titular las tierras Ipetí como derecho a la propiedad colectiva’.

Para cumplir a cabalidad con la sentencia en plazo máximo de un año establecida por la misma, el gobierno deberá primero salvar un escollo: el caso Melgar. El 27 de septiembre del 2013, Huertas y el abogado Iguaequindili Nora Martínez suscribieron una denuncia contra Francisco Oduber, en ese entonces administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), por haber adjudicado al señor Carlos Cortez Melgar ‘tierras comprometidas en compensación por el estado panameño’ tras la firma del ‘Acuerdo de Majecito’. ‘La responsabilidad penal del sindicado es directa y objetiva, toda vez que tenía el conocimiento de que las tierras dadas en adjudicación a Carlos Cortez Melgar eran de la comunidad de Piriatí’, establece la denuncia.

El reciente fallo de la CIDH parece validar los reclamos de los abogados Emberá frente al accionar del ex encargado de la ANATI, al establecer que ‘el Estado debe realizar las medidas necesarias para dejar sin efecto el título de propiedad privada otorgado al señor C. C. M., dentro del territorio de la Comunidad Emberá de Piriatí’.

¿Cómo proteger la integridad territorial de un pueblo que no posee títulos de propiedad individual, para quien la tierra siempre ha sido un bien de carácter colectivo? Huertas considera que el único camino es que el Estado proceda a titular las tierras que actualmente ocupan los Emberá de Ipetí y Piriatí y proceder a ‘desalojar a cualquier persona no autorizada’ que se encuentren dentro de los territorios asignados.

Mientras una Comisión de Alto Nivel es conformada en las próximas semanas por el gobierno, en la comarca Emberá de Ipetí y Piriatí, Cunampio y sus coterráneos esperan una nueva visita de la ANATI. Aunque Cunampio se muestra satisfecho con la sentencia, todavía no se atreve a mostrarse optimista. El segundo cacique del Congreso General Emberá del Alto Bayano asegura que se mantendrá vigilante junto a su pueblo, y que adoptarán nuevas medidas para presionar al gobierno si este incumple el plazo otorgado en las instancias foráneas.