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Actualizado
- 19/04/2024 01:00
Creado
- 18/04/2024 18:16
El 35% de las denuncias de violaciones y otros delitos sexuales es en perjuicio de adolescentes. En los primeros 60 días del año se produjeron 331 denuncias. Es decir, 39 casos más que el año pasado en el mismo periodo
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) rechazó la propuesta que reforma el Código Penal, y reduce las penas de abuso sexual a personas menores de edad, porque representa un retroceso en la normativa de derechos humanos, normalizando las uniones o matrimonios con menores de edad.
Con el argumento que en códigos penales anteriores se establecía que la “mujer” de 16 años responde a su cuerpo y que un muchacho de 18 que se enamoraba y cohabitaba con ella, no era “aprisionado” porque se unían, la iniciativa impulsa reducir tres años la pena mínima de abuso sexual y la máxima en seis. “Es una clara violación del derecho a las víctimas, a que se empleen penas justas de acuerdo con los delitos cometidos en su contra”, señala la Senniaf.
Actualmente el artículo 174, del Código Penal, establece que “quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de 7 a 12 años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder carnalmente en iguales condiciones”.
Con la propuesta quedaría así: “Quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con persona mayor de 14 años y menor de 16, aunque haya consentimiento, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Si la persona tiene 16 a 18 años de edad y no dio consentimiento, se aplicará la misma pena”.
El matrimonio infantil representa una flagrante transgresión de los derechos humanos, vulnerando el derecho a la salud, educación, igualdad, no transgresión, y una vida libre de violencia y explotación. El anteproyecto es contrario a los avances obtenidos en la Ley 30 del 5 de mayo de 2015, que prohíbe el matrimonio a las personas menores de 18 años, agrega la institución.
Por último, hizo un llamado a los diputados a no admitir el proyecto “nefasto”. La Asamblea Nacional de Panamá (AN), por su parte, explicó que no tiene intención de considerarlo.
En un comunicado público, el Órgano Legislativo estimó conveniente aclarar que el proyecto se encuentra en una etapa preliminar. Es decir, que está pendiente de cumplir con otras etapas procesales de prohijamiento y debates de la comisión y el pleno. A solo seis días para que concluya la gestión de la actual AN. “no es la intención del primer órgano del Estado considerarlo”, dice la Asamblea Nacional de Diputados.
La iniciativa fue presentada ante la Dirección para la Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea y sometida a un examen técnico-jurídico de viabilidad. Al cumplir con los requisitos formales y legales, el 1 de abril de 2024, el anteproyecto de ley 192 fue remitido a la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
Estamos convencidos de que es un proyecto de ley que debe ser rechazado de primer plano. Los miembros de la Asamblea Nacional, especialmente los que pertenecemos a la comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales, no estamos de acuerdo con el texto de este proyecto. La ciudadanía puede estar tranquila que por el momento no está en agenda”, dijo Corina Cano, diputada de la Asamblea.
Según el proponente (Erick Barrios), el Código Penal provocó –desde sus orígenes- un abrupto rompimiento de las tradiciones culturales y un radical desconocimiento de los principios internacionales, porque desde antes de Cristóbal Colón y hasta nuestros días, los indígenas se unían a los 14. años y los padres se alegraban.
“Hemos dado al traste con estas tradiciones de millones de indígenas, extranjeros y panameños que siempre han visto esto normal...”, señala en la exposición de motivos. Pero –según la Senniaf– el anteproyecto es contrario a los avances obtenidos en la Ley 30 del 5 de mayo de 2015, en la que se prohíbe a las personas menores de 18 años contraer matrimonio.
El 35% de las denuncias de violaciones y otros delitos sexuales es en perjuicio de adolescentes. Según las estadísticas del Ministerio Público (MP), el número de denuncias interpuestas por abuso sexual a una persona mayor de 14 años y menor de 18 aumentó un 12%.
En los primeros 60 días del año se produjeron 331 denuncias. Es decir, 39 casos más que el año pasado en el mismo periodo.
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